Desobediencia grave y prevaricación administrativa. Son los presuntos delitos por los que el juez instructor José Francisco Valls decidió ayer enviar a juicio de forma definitiva al expresident, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera de Educació, Irene Rigau, a quienes acusa de impulsar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, en el cual 2.344.828 catalanes aprovecharon la oportunidad de expresar su opinión sobre la independencia de su país.

De este modo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) da por buenas las acusaciones de la Fiscalía, que en su escrito pidió juzgar a los tres exmiembros del Govern por los delitos de desobediencia y prevaricación, dejando de lado el delito de malversación de fondos públicos, que la Fiscalía defendió en un inicio pero que al final solo fue mantenida por la acusación popular, ejercida por el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y Manos Limpias. De este modo, Mas, Ortega y Rigau evitan la pena de prisión, ya que los dos delitos que se les imputan no están castigados con cárcel. Concretamente, la Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para el expresident (en calidad de autor del delito) y nueve años para las otras dos acusadas (el calidad de colaboradoras necesarias)

El magistrado Valls acusa directamente a Mas de articular «una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» decretada por el TC. «El acusado, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía», señaló el juez, quien añadió que «los acusados eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisión del TC».

Las reacciones en contra del juicio, fueron la norma en Catalunya, donde por lo demás, el proceso soberanista sigue su curso: el Parlament creó ayer la ponencia de la Ley de protección social, una de las leyes para la desconexión. El president, Carles Puigdemont, que el lunes estará en la prestigiosa Sciences Po de París, aseguró que «un Estado donde se juzgan demócratas por haber impulsado la democracia es un Estado que no podrá ser nunca el nuestro». En Euskal Herria, el lehendakari Urkullu defendió que «apostar por la vía judicial para abordar problemas políticos es un error», mientras que el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, apuntó que «dar la palabra al pueblo no es ningún delito».

A los juzgados por abrir el Ayuntamiento el 12O

«Señoría, vivimos en el siglo XXI, transportes, restaurantes y el Ibex 35 han trabajado el 12 de octubre, incluidas las defensas de los aquí representados». Con estas palabras intervino ayer la abogada del Ayuntamiento de Badalona, en la surrealista escena que vivida en los juzgados de Barcelona, donde todo el Gobierno municipal tuvo que comparecer ante el juez por haber roto la orden judicial que les prohibía abrir el Ayuntamiento el pasado 12 de octubre y haber trabajado como en un día laborable.

El Gobierno municipal, encabezado por una confluencia cercana a la CUP decidió desobedecer la prohibición impulsada por la Delegación del Gobierno español, igual que hicieron varios municipios catalanes.

La decisión motivó la denuncia inmediata del PP, mientras que el PSC, que da apoyo al Gobierno municipal, anunció ayer mismo que explorará una alternativa junto a Ciutadans y PP. «No podemos prestar nuestro apoyo a un gobierno que dice que no quiere cumplir las leyes, dijo el secretario general, Miquel Iceta. B.Z.