2016/11/02

La vía penal se refuerza tras la vista por la quiebra de Karrantzako Minda

Arduo trabajo al que se enfrenta la magistrada Olga Ahedo, encargada de sentenciar si la quiebra de la planta de purines de Karrantza fue fortuita o no. Los seis intensos días de vista han reforzado la posición de las acusaciones, que ya miran a la causa penal en el Juzgado de Balmaseda, mientras las defensas insisten en el papel del Gobierno López.

Agustín GOIKOETXEA|Bilbo
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Pasarán unas cuantas semanas, sin duda, hasta que la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo dicte sentencia en un procedimiento que ha tenido una dilatada instrucción. Se ha tratado de acreditar el papel que han jugado en el fiasco de Karrantzako Minda los representantes de la cooperativa de ganaderos Guvac Ángel María Ruiz Quintano, Vicente Albisua y Manuel Fisure; el exalcalde José Luis Portillo y el exedil también del PNV José Ignacio Muro; el exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura Martín Ascacibar; la exgerente Concepción García y el ingeniero Felipe Mendibil, así como la firma Ade Biotec e Ipar Kutxa.

Administrador concursal, Abogacía del Estado, Fiscalía y el letrado del Consistorio de Karrantza defienden que el «cerebro» de esta operación fue Ascacibar, a quien atribuyen que se amparó en su posición privilegiada en el Gobierno autonómico para lograr millones de euros de ayudas en un proyecto empresarial que tenía pies de barro. Las defensas destacan el apoyo que dieron desde Lakua a la planta y que Ascacibar «no iba por libre». El fracaso lo achacan al Gabinete de Patxi López, que retiró su apoyo financiero en 2009.

En sus conclusiones, el administrador concursal incidió en que el Ejecutivo entrante cerró el grifo de las subvenciones por su «mala gestión», lo que obligó a reintegrar las ayudas y posteriomente a la insolvencia.

En 2009, apuntó, con un débil proyecto, los gestores de Karrantzako Minda (KM) continuaron los trabajos en el paraje de Las Torcachas en «una huida hacia delante». Ade Biotec y la constructora Excavaciones Viuda de Sainz, vinculada a ella, cobraron por algo, advirtió, que sabían que no se iba a culminar.

Ade Biotec y Ascacibar, añadió la abogada del Estado, fueron «los grandes beneficiados de los fondos públicos». Para Macarena Olona –que ha adquirido gran protagonismo en el tramo final de la vista por llegar a ir a localizar a un testigo, Mikel Aingeru Ibarrondo, que eludía la citación–, el «punto de inflexión» fue en 2006, cuando Ascacibar y Ade Biotec vieron negocio construyendo una planta de producción de fertilizantes junto a la de tratamiento de purines.

Olona defendió que las «modificaciones sustanciales» del proyecto buscaron no devolver las ayudas «de forma deliberada y consciente; es decir, con evidente dolo». La «gestión dolosa», a juicio de la fiscal, comenzó con la compra de los terrenos de Matienzo, que no eran adecuados para emplazar una infraestructura de estas características, así como en la «desviación» del proyecto, el «incumplimiento de los compromisos de viabilidad» y la «interposición atípica de sociedades».

Ahora, Balmaseda

Muchas han sido las miradas puestas en la sala donde hasta este lunes se desarrolló la vista oral. Allí solo las defensas han hablado del transfondo político del caso. Nadie niega la filiación política de algunos de los implicados, más bien se defiende que por acción o omisión permitieran que los fondos públicos en vez de construir una planta para dar respuesta a un problema medioambiental fueran a manos de quienes propusieron esta solución, valiéndose de su posición privilegiada.

A la espera de la sentencia en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo, se esperan movimientos en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Balmaseda que investiga el fraude. La semana pasada, en la vista, se citó al funcionario Valentín Terés Terés, que rubricó los informes que avalaron las ayudas del programa Ikerketa 2006 y 2008 por 3,5 millones de euros. En el primero de los casos se presentó en enero un formulario en blanco, con el nombre de la promotora mal escrito, cuando faltaban meses para su convocatoria oficial. Tras escuchar recientemente su testimonio, la jueza de Balmaseda ha notificado a Terés Terés que pasa a ser investigado en la causa penal que instruye.

PASO A PASO


La implicación de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, junto al Consistorio de Karrantza, en la causa penal puede activar el procedimiento en Balmaseda, ahora que ha quedado visto para sentencia el caso de la quiebra de Karrantzako Minda.