Vecinos de la Txantrea mostraron el pasado sábado su apoyo a Cheikh, un ciudadano de origen senegalés sobre quien pesa una orden de expulsión que puede ser ejecutada en cualquier momento. La decisión final sobre dicha orden está en manos de los tribunales, que analizarán el caso el primer semestre de 2017.

«Pedimos a los tribunales que adopten las medias necesarias para que nuestro vecinos no sea expulsado antes del juicio, ya que estamos convencidos de que la razón está de su parte y de que un juicio con él devuelto a su país no le permitiría defenderse como es debido», señalaron en una rueda de prensa.

Cheikh llegó a Iruñerria tras pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros, «forma políticamente correcta de denominar a lo que en realidad son cárceles racistas en las que miles de migrantes se hacinan a la espera de que en 60 días les devuelvan a sus países de origen».

Cheikh entiende y habla castellano, e incluso un poco de euskara. Se ha apuntado a cursos de inserción sociolaboral y participado en actividades para integrarse en la Txantrea, «donde es un persona popular y querida». Pero «todo este arraigo social –añadieron– no ha impedido que la Delegación del Gobierno emita una orden de expulsión en su contra, que es ejecutiva».

Espacios de derechos

&dcThree;&dcThree;&dcThree;&dcThree;&dcThree;Por su parte, SOS Racismo Nafarroa informó de que encontrarse en situación irregular en el Estado español no supone un delito, sino una falta administrativa que conlleva una multa, «similar a no tener en regla el seguro del coche».

«A pesar de esto, en la mayoría de los casos se aplica la expulsión con prohibición de entrada, que es una medida excepcional, claro ejemplo del racismo institucional que se da en este Estado», señaló, al tiempo que apostó por crear «espacios de derechos y visibilidad, libres de discriminación».