El Tribunal Supremo británico examina desde ayer la apelación del Gobierno de Theresa May contra una decisión que obligaba a someter la salida de la Unión Europea al Parlamento, algo que podría ralentizar el proceso.

Muy cerca del Parlamento, los once jueces más importantes del país –por primera vez reunidos todos en una causa– empezaron cuatro días de audiencias y su decisión se conocerá a principios de 2017.

El Alto Tribunal de Inglaterra y Gales dictaminó el mes pasado que May no tenía la autoridad para invocar el artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa, la puerta de salida de la UE.

Tal decisión enfureció a los partidarios del Brexit, que ganaron el referéndum del 23 de junio por un 52% de votos, frente al 48%, pero la ley que validó el plebiscito no lo hacía legalmente vinculante, sino que dejaba la última decisión en manos del Gobierno o del Parlamento, justo lo que se está discutiendo.

Animos «encendidos»

La primera audiencia se abrió con una declaración del presidente de la más alta instancia judicial del país, Lord David Neuberger, llamando a la moderación en respuesta a las amenazas recibidas por los demandantes, avisando de que existen «poderes legales» para ocuparse de ellas.

Neuberger manifestó que los jueces «son conscientes de los sentimientos encendidos» que rodean al Brexit, pero que «esas cuestiones políticas más amplias no son el tema de esta apelación». «Esta apelación se refiere a aspectos legales y, como jueces, nuestro deber es considerar estos temas imparcialmente, y resolver el caso de acuerdo a la ley», estimó.