Los sindicatos ELA, LAB y Steilas convocaron ayer una jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria el 22 de marzo para reclamar al Gobierno de Lakua que renuncie a los recortes e incremente «la insuficiente inversión pública» en este ámbito.

Estas tres centrales criticaron «los recortes impuestos por los gobiernos» de Lakua y Nafarroa, así como «la insuficiente inversión y las salvajes reformas educativas impuestas» que, en su opinión, han colocado al sector en «una dirección totalmente opuesta» a la que recoge la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. «Los sindicatos consideramos imprescindible dar la vuelta a esta situación y reforzar el desarrollo de nuestro sistema educativo», manifestaron.

Con este fin, las tres centrales citadas reclaman que se aumenten las plantillas de la educación pública en 2.000 personas en la CAV y en 900 en Nafarroa; que se disminuya la temporalidad hasta el 6% para conseguir más de 1.800 puestos estables en Nafarroa y más de 6.000 en la CAV; que se reduzca en un 10% el número de alumnos por clase; que se recupere el poder adquisitivo del personal; que las sustituciones se realicen desde el primer día; que las bajas se paguen «en su integridad»; y que se recuperen las medidas que «facilitan y acompañan» a la jubilación.

De momento, la huelga está dirigida a los trabajadores de los centros públicos no universitarios de la CAV, aunque los sindicatos no descartan la posibilidad de extender la convocatoria a Nafarroa.

Un cambio en el sistema

Por otro lado, las tres centrales consideraron que es preciso «sacar la Lomce» del sistema educativo vasco, además de «llevar a cabo una reflexión colectiva en torno a esta cuestión, garantizando la participación de todos los agentes».

Otros puntos que pidieron los sindicatos son «abandonar la mercantilización de la educación» y «superar las políticas y modelos que no garantizan un conocimiento suficiente del euskara».

Insistieron en lo «totalmente inaceptable» de la situación actual en la educación, al tiempo que subrayaron la necesidad de «activar una fase de movilización» en el sector para exigir a los gobiernos que «renuncien a las políticas mantenidas hasta ahora y desarrollen una política educativa que tenga como ejes los puntos propuestos».