Marcos Chinchilla tiene 44 años y es «villero» de cuna. Nació en Villa 20, una de las barriadas del sur de Buenos Aires, y es uno de los principales activistas por la dignificación de las condiciones de vida de sus vecinos. «Antes me avergonzaba de mi origen», reconoce, sentado en una de las arterias comerciales del arrabal. Se celebran carnavales en la capital argentina, así que la chavalada se entretiene con lo que ya es tradición: lanzarse espuma y agua como receta contra los 40 grados de sensación térmica. La lista de problemas en las villas es alargada: las infraestructuras son deficientes, la desigualdad respecto a otros núcleos urbanos es abismal y la estigmatización, un lastre para sus vecinos. Ellos, sin embargo, siguen peleando por la reurbanización, que implica la consolidación de sus viviendas y la dignificación de su espacio. Todo ello, con la dificultad añadida de que la llegada al Gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015 ha supuesto un drástico recorte de los planes sociales implementados durante una década de «kirchnerismo». Es decir, que el abismo entre acaudalados y clases populares se incrementa, al tiempo que el Estado abandona los programas de apoyo.

Ubicada en la Comuna 8, la más grande de Buenos Aires, donde residen 250.000 personas, la villa 20 lleva en pie desde hace siete décadas, cuando trabajadores que llegaban del campo pero no podían costearse una vivienda se instalaron en el enclave. Actualmente tiene unos 25.000 vecinos, con mucha presencia de migrantes paraguayos y bolivianos. Su historia es convulsa y tiene que ver con las diversas crisis políticas y económicas. Aquí viene quien no tiene modo de pagarse otra vivienda. Y ni así es fácil. por ejemplo, entre 1976 y 1983, durante la dictadura, los militares pusieron en marcha un plan para arrasar las barriadas. A los extranjeros los deportaban a sus países y a los argentinos los expulsaban a sus lugares de origen. En el caso de Villa 20, el 90% de sus habitantes tuvo que abandonar su vivienda. Sin embargo, en cuanto los uniformados se retiraron, los vecinos regresaron. No se pueden poner puertas al campo.

La precariedad de las construcciones, levantadas sin un plan y de modo irregular, condiciona la vida de sus vecinos. Las casas, edificadas por sus habitantes sin permiso, proyectan la imagen de temporalidad, de que no terminan de estar acabadas. Las calles están deficientemente asfaltadas y cientos de cables serpentean de un edificio a otro. No parece que la instalación sea muy segura. Las cañerías, los desagües o las tomas de agua o electricidad son infraestructuras inestables, lo que provoca accidentes y problemas de salubridad. Un ejemplo: las lluvias de hace dos semanas provocaron terribles inundaciones. «El agua llegaba hasta las rodillas», explica Chinchilla mientras muestra imágenes de las calles anegadas.

Existe toda una mitología alrededor de las villas y la estigmatización está a la orden del día. Como recuerda Pablo Vitale, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, es habitual el uso de terminología despectiva para referirse a sus habitantes. Les llaman «negros» o «vagos», acusándoles de vivir de las ayudas sociales o de la delincuencia. Hay vecinos que mienten a la hora de indicar su dirección porque saben que, si especificasen que vienen de una villa, les sería imposible encontrar empleo. Prejuicios de clase y caricaturizaciones que se repiten también en otros núcleos urbanos como los barrios de Caracas, o las favelas de Río. No obstante, la realidad de Buenos Aires está lejos de lo que ocurre en Venezuela o Brasil.

Los últimos años de la villa están marcados por las ocupaciones de tierra. Hace seis años, cientos de personas tomaron el Parque Indoamericano, ubicado frente a uno de los accesos a Villa 20. Seis meses después, la policía entró a fuego y, durante el desalojo, tres personas murieron. La represión no disuadió a los vecinos, que en 2014 trataron de levantar un poblado en otro parque. En este caso fueron 700 familias. Bautizaron el espacio como «barrio Papa Francisco», confiando en que la nomenclatura religiosa podría salvarles de la acción policial. No hubo suerte y fueron expulsados. Ahora, la principal pelea es la reurbanización, que implica, de alguna manera, el reconocimiento del espacio. El último paso del proceso sería la entrega de escritura de propiedad. Aunque todavía falta mucho para eso.

Por el momento están previstas obras de acondicionamiento y realojo de cientos de vecinos, que deberían comenzar dentro de dos meses. Tras años de abandono por parte de las instituciones, el «si no lo veo no lo creo» se impone como precaución. Según indica Chinchilla, que forma parte de la Mesa por la Reurbanización, un grupo que coordina a asociaciones, partidos y activistas para mejorar las condiciones de vida de la villa. Sabe que cuentan con un elemento que, si lo utilizan adecuadamente, juega a su favor. En 2018 está prevista la celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que implica la construcción de infraestructuras en la zona. Esto les da una oportunidad de presionar. Aunque una cosa son las promesas institucionales y otra lo que de verdad se hace. Además, también existe el miedo de que las nuevas edificaciones revaloricen la zona y el Consistorio termine obligando a los habitantes de la villa a marchar para poder hacer negocios con los terrenos. Todo se puede esperar en una Argentina convulsa donde la llegada al poder de la derecha ha incrementado las tensiones sociales.

 

UNA SERIE DE VIVIENDAS COMO MURALLA PARA INVISIBILIZAR BARRIOS POPULARES

El abandono institucional es una constante para los vecinos de las villas, que en ocasiones son tratados como una molestia para la ciudad. Según explica Marcos Chinchilla, mientras que las empresas que se instalan en las cercanías del barrio reciben todo tipo de ayudas por parte de Ayuntamiento o Gobierno, los «villeros» quedan excluidos. Un ejemplo es el «polo farmacéutico» ubicado junto a la entrada al arrabal. Se trata de un complejo industrial que se instaló en un terreno cedido. Las instituciones, además, acondicionaron los alrededores para que la compañía pudiese recibir agua. La cañería, sin embargo, no llegó al otro lado de la carretera, donde se ubican las primeras casas de la barriada. «Dicen que se dejó una toma abierta, pero ni siquiera sabemos si es cierto», explica Chinchilla. Al tratarse de edificaciones ilegales, las tomas de agua se realizan de modo irregular, lo que provoca graves problemas de escasez, ya que no siempre hay disponible.

En «Fin de Siglo», La Polla cantaba «van a ponernos una enorme valla porque las chabolas ensucian la visión». Pues en Villa 20 no se toman la frase como una metáfora. Según indica el activista, en 2015 el Ayuntamiento utilizó una treta por la que una aparente ayuda terminaba convertida en una trampa para los vecinos. Sacó a concurso cuatro edificios con 250 viviendas. Dos de ellos fueron adjudicados incluso. En principio, a los habitantes les parecía una buena manera de integrarse en el entorno. Hasta que se dieron cuenta de que el modo en el que iban a ser edificadas las convertía en una especie de barrera que encajonaba aún más la barriada. Es decir, que el Consistorio pretendía rodear el barrio de pisos altos como modo para invisibilizarlo. Las protestas provocaron que el proyecto se echase atrás.

«Los próximos dos años serán clave», afirma Chinchilla, que señala, con ofensa, todo el desembolso económico que se ha realizado con motivo de los juegos de la juventud. Desde un puente puede verse, a un lado, el desordenado «sky line» de Villa 20. Al otro, la cúpula de una pista de tenis que acoge los partidos de la selección argentina. Dos mundos físicamente no tan separados pero que apenas se tocan.

Como receta para evitar la marginación, grupos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia han suscrito un decálogo que exige participación vecinal, integración de las villas en el resto de la ciudad y la garantía de que no habrá desalojos o reubicaciones forzosas. Habrá que ver si las instituciones escuchan a los habitantes o si es el mercado el que impone sus reglas.A.P.