UPN preparó la denuncia al detalle, pero al final le acabó saliendo el tiro por la culata. El partido, herido tras perder el poder en Nafarroa, realizó un seguimiento de todas las intervenciones que iba haciendo sobre ellos Pablo Iglesias para buscar un titular a nivel estatal que complicara el acuerdo del cambio. Cuando creyeron tener suficiente material, interpusieron la denuncia contra Iglesias por atentar contra su honor y ahora el juez ha sentenciado que Barcina y los miembros de su gobierno tienen que aceptar como crítica legítima que les llamen corruptos y sinvergüenzas.

Lo cierto es que Iglesias no se había cortado un pelo en esas intervenciones que anotó UPN. «Los navarros y navarras padecieron durante muchos años una de las mayores expresiones de la corrupción y el uso de las instituciones para enriquecerse. Creo que el Gobierno de la señora Barcina, sostenida por el partido socialista, hizo mucho daño a los ciudadanos navarros», manifestó el líder de Podemos en su visita a Iruñea en abril del año pasado.

Iglesias llegó a censurar también los intentos de Barcina de compensar el escándalo de las dietas opacas de CAN refugiándose en el dolor de las víctimas de ETA. En concreto, una de las frases que recogía UPN en su denuncia es la siguiente: «Que corruptos y sinvergüenzas en Navarra se atrevan a utilizar la memoria de las víctimas para decir yo tengo que ser alcalde... Mire, usted es un sinvergüenza». Iglesias realizó esta afirmación en el programa de Ana Rosa Quintana.

Tampoco gustó a Barcina y su Gobierno que el secretario genera de Podemos se felicitara por la nueva mayoría que consiguió quitarles del poder. Y menos cuando incluía en el mismo saco al PSN, como cuando en Cadena Ser dijo: «Tengo envidia de los navarros que han logrado librarse de muchos años de corrupción, porque lo que ocurrió en Navarra fue vergonzoso con los gobiernos de UPN sostenidos por el Partido Socialista».

El juez considera que no se ha faltado al honor y a la intimidad de ninguno de ellos, y no es el único. Pese a que Barcina quiso dar empaque a su querella añadiéndole la firma personal de todos sus consejeros, la Fiscalía tampoco vio caso. De hecho, según se recoge en la sentencia, el fiscal «interesó en el acto de audiencia previa la desestimación de la demanda, por considerar inexistente una intromisión ilegítima al derecho fundamental al honor, al encontrarse amparadas las manifestaciones vertidas en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión en el contexto y la crítica política».

Otras querellas perdidas

No es la primera vez que Barcina y su entorno interponen denuncias para evitar que se les acuse de corruptos. Meses antes, la expresidenta había interpuesto una querella contra el portavoz de Kontuz, Patxi Zamora, por denunciar su enriquecimiento personal mientras hundían a Caja Navarra. Lo hizo después de que el Supremo contradijera la tesis de la juez navarra Mari Paz Benito y archivara la cusa de las dietas dentro de la Caja Navarra. También Jesús Pejenaute, el exconsejero que dimitió cuando Kontuz le pilló manejando fajos de billetes de 500 euros, optó por denunciar a esta asociación.

Por el momento, UPN no ha anunciado ningún recurso contra la decisión del juez. Barcina tampoco recurrió cuando se archivó su denuncia contra Kontuz. Pejenaute tampoco peleó la suya. Eso sí, todas estas denuncias se anunciaron a bombo y platillo en ruedas de prensa del Gobierno y sus medios afines se encargaron de darles la mayor difusión posible.

Hoy se levantará el candado a 44.000 folios sobre la CAN

El Gobierno de Nafarroa tiene previsto anuciar hoy de qué modo dará acceso a los parlamentarios a 44.000 folios de información confidencial sobre Caja Navarra. En esta documentación aparecen actas a las que ni siquiera se ha podido acceder por vía judicial en la Audiencia Nacional. Los partidos solicitaron esta información para poder arrancar la comisión de investigación. En un primer momento, la Fundación CAN (todavía con mayoría de cargos nombrados por UPN) se resistió alegando que entre ellos hay información protegida por el secreto bancario. No obstante, el Gobierno logró acceder a ellos a través de la consejería de Hacienda, que ejerce una labor de protectorado sobre la fundación. Una vez en poder del Gobierno, este está obligado a entregar la información al Parlamento. Así lo señala un dictamen elaborado por los servicios juriducos de la Cámara que UPN ha decidido recurrir, en un incomprensible y desesperado intento de que la información no llegue.A.I.