Si la clase política brasileña ya se encontraba enfangada en numerosos casos de corrupción ligados al caso Petrobras, las 320 solicitudes de nuevas investigaciones formuladas por la Fiscalía sobre la base de las declaraciones de Odebrecht sobre este caso pueden provocar un terremoto político.

El procurador general, Rodrigo Janot, quien espera una respuesta del Supremo para iniciar esas indagaciones, alertó en un documento interno que la corrupción alcanzó niveles «jamás imaginados» y que la magnitud del escándalo muestra a una «democracia bajo ataque».

Los testimonios que 77 exdirectivos del grupo Odebrecht han ofrecido como parte de un acuerdo de cooperación judicial siguen bajo secreto procesal, pero informaciones obtenidas por la prensa local insisten en que afectan a más de un centenar de políticos que han transitado por los círculos del poder durante los últimos veinte años.

Los expresidentes Luiz Inázio Lula da Silva y Dilma Rousseff (PT) están entre los posibles implicados, pero con ellos aparecen al menos cinco ministros del actual Gobierno y el propio presidente, Michel Temer, podría verse salpicado.

Asimismo, esas informaciones citan entre los sospechosos a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira, ambos de la base oficialista.

Con ellos, decenas de diputados y senadores tanto oficialistas como de oposición y una decena de gobernadores, podrían ser objeto investigaciones si el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso en el Supremo, acepta la petición de la Fiscalía. Fachin decidirá además si autoriza divulgar los testimonios y los nombres de los implicados, lo que revelaría la verdadera dimensión de la trama.

Desde el Gobierno, los ministros de Ciudades, Bruno Araújo, y Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, dos de los sospechosos, negaron haber participado en hechos ilícitos, al igual que hicieron durante la jornada decenas de parlamentarios.

El senador Romero Jucá, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y es uno de los más salpicados, se pronunció en el mismo sentido y apuntó, en su propia condición de sospechoso, que «indigno es ser condenado, pero no lo es ser investigado», pues así «se puede probar la inocencia».

Lula, que el martes declaró como acusado en una de las cinco causas que enfrenta, no comentó el asunto, pero sí lo hizo Rousseff, quien afirmó que probará su inocencia, aunque ignora de qué se le acusa.

Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos citados en las declaraciones de los exdirectivos de la constructora Odebrecht se refieren a asuntos de financiación ilegal de campañas electorales, que pudiera haber implicado dinero generado por la corrupción. La Corte Suprema ya ha admitido que el dinero sucio hasta pudo haber financiado campañas con cierta carátula legal, disfrazado de donaciones que en realidad eran producto de acuerdos con políticos que amparaban las corruptelas con Petrobras y obra pública.

Proyecto de amnistía

En este contexto, algunos parlamentarios plantearon que una reforma política que tramita actualmente incluya una amnistía para delitos de tipo electoral, lo que ha generado una fuerte ola de indignación popular. El Gobierno lo justificó ayer asegurando que «no busca borrar el pasado» sino «atender mejor los designios de la democracia y las expectativas del pueblo».

Douglas Fischer, el fiscal que coordinó el grupo de trabajo de la Procuraduría General en la operación Lava Jato, en la que se enmarcan las delaciones de Odebrecht, aseguró que «la idea de algunos de crear una amnistía para algunos crímenes, como el pago para la financiación de campañas en caja B viola la Carta Constitucional brasileña, el legislador no puede hacer esto». Y si se aprueba, «la Corte brasileña va a enfrentarlo y declararlo inconstitucional». Fischer pidió a la sociedad brasileña estar vigilante.

 

Protestas contra la reforma de las jubilaciones.

Convocadas por sindicatos y movimientos sociales, cientos de miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades de Brasil contra la reforma del régimen de jubilaciones propuesta por el Gobierno que, entre otros cambios, eleva la edad mínima de jubilación a los 65 años. El transporte y centros educativos quedaron paralizados en las grandes ciudades. .Miguel SCHINCARIOL | AFP