2017/04/02

Raúl Zibechi
Periodista
Derrota estratégica de la minería en América Latina

El oficialismo parece no comprender la profundidad de los cambios en curso, habilitados en gran medida por un proceso de paz que al poner fin a la guerra abre un nuevo período político que no estará pautado por la polarización con la guerrilla que generó la guerra

El domingo 25 de marzo la población de una pequeña ciudad colombiana, Cajamarca, asestó un potente golpe a la llamada «locomotora minera», con la cual las élites del país pretenden lubricar el posconflicto. En esa ciudad de Tolima, de poco más de 20 mil habitantes, 6.165 personas se pronunciaron en contra de la mina de oro La Colosa, de la Anglo Gold Ashanti. El «Sí» a la mina obtuvo apenas 76 votos.

Como sucedió en otros países de la región, cada vez que la población es consultada sobre la minería multinacional a cielo abierto, el resultado es un «No» rotundo, lo que viene deslegitimando el modelo minero. El resultado de Cajamarca permitirá que otras poblaciones afectadas por la minería sigan el mismo camino. Sobre todo en los pueblos que, como Cajamarca, forman parte de la «despensa agrícola» nacional, donde la agricultura familiar es la principal ocupación de sus habitantes.

En Cajamarca fueron los campesinos de sus 16 veredas los que inclinaron la balanza contra las autoridades municipales, el párroco y la propia empresa que se empeñó a fondo en convencer a los vecinos de que su emprendimiento mejoraría su vida. Para la comunidad de Cajamarca fueron ocho años de trabajo en defensa del agua, los bosques y los páramos, que los consideran las «fábricas de agua» que hacen posible la agricultura.

Los dirigentes del movimiento anti-mina consideran que el triunfo del domingo 26 va a transformar las políticas públicas del país. Hay por lo menos otros doce municipios esperando su oportunidad para lanzar una consulta similar. Como señala el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), la región «sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala», con el 28% de la inversión mundial.

La contracara de esa voluminosa inversión es que América Latina concentra una «cantidad desproporcionada» de conflictos por las actividades mineras. En el caso de Cajamarca, la mina de oro La Colosa es la mayor de América Latina y tal vez la más grande del mundo, ya que alberga 24 millones de onzas de oro. Anglo Gold es la tercera minera del mundo, sólo detrás de Barrick Gold y Newmont, y como todas las grandes mineras arrastra un pasado de abusos contra las poblaciones y de agresiones al medio ambiente.

El caso colombiano tiene algunas particularidades, ya que seis décadas de guerra modificaron la sociedad en un sentido regresivo. En las dos últimas décadas los campesinos perdieron más de seis millones de hectáreas (el 15 por ciento de la superficie agropecuaria) a manos de narcotraficantes y paramilitares que se han convertido en grandes terratenientes. Una parte de ellos se dedican a la minería, ya sea a través de explotaciones irregulares o brindando protección a las multinacionales enfrentando las demandas de las comunidades.

La llamada «locomotora minera» es la principal propuesta del gobierno para el período de paz que acaba de abrirse, aunque el tema no figura en los acuerdos de La Habana. Durante la X Feria Internacional Minera en setiembre de 2014 en Medellín, el viceministro de Minas y expresidente de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz Guerrero declaró que «el sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto se llama minería». Según el Banco Mundial, entre 2009 y 2012 los ingresos públicos generados por la minería en Colombia pasaron de 12 al 25 por ciento.

Por esa razón, las autoridades están acelerando las concesiones mineras. En un solo año, entre setiembre de 2014 y el mismo mes de 2015, la Agencia Nacional Minera otorgó 302 nuevos títulos mineros y el gobierno de Juan Manuel Santos intensificó los procesos de flexibilización de la legislación ambiental para profundizar el modelo extractivo. Ante la caída de los precios de los minerales en los mercados internacionales, se tiende a dar facilidades para la exploración y explotación, para compensar con cantidad la ganancia que han dejado de percibir por los bajos precios.

El sociólogo Alfredo Molano comparte la oposición campesina y ambientalista y sostiene que «hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social; y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno». En los territorios, la megaminería dispara la prostitución, la deserción escolar, la emigración y los conflictos intracomunitarios.

La pregunta que se hacen muchos en Colombia es qué hará el gobierno para frenar la previsible «bola de nieve» que ha puesto a circular el triunfo del «No» en Cajamarca. Por ahora el oficialismo parece no comprender la profundidad de los cambios en curso, habilitados en gran medida por un proceso de paz que al poner fin a la guerra abre un nuevo período político que no estará pautado por la polarización con la guerrilla que generó la guerra.

«La respuesta por parte del ministro de Minas y Energía, Germán Arce, más que desesperanzadora dejó entrever la precariedad democrática que tiene Colombia» (“Desdeabajo”, 28 de marzo de 2017). En efecto, el ministro sostuvo que «la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley», argumentando que la multinacional cuenta legalmente con el título minero. Pero no cuenta con la licencia ambiental, ante lo cual el gobierno considera más fácil adelantar el procedimiento para otorgar la licencia que frenar a la multinacional minera y cumplir la voluntad de la población.

Este es el brete en el que se meten los gobiernos extractivistas, desde los más conservadores, como el de Santos, hasta los más progresistas. La conciencia anti-extractiva (contra la minería pero también contra las megaobras de infraestructura) viene creciendo. Justo un mes antes, el 26 de febrero, el pequeño pueblo Cabrera, en Cundinamarca, votó masivamente en contra de un proyecto hidroeléctrico sobre el río Sumapaz, en el páramo más grande del planeta. El resultado fue muy similar al de Cajamarca y los argumentos idénticos, centrados en la defensa del agua.

La próxima batalla puede ser la del fracking. En 2012 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) subastó cinco bloques petroleros de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, que son los que necesitarían fracking para ser explotados. La oposición partió no solo de los ambientalistas sino de sectores cercanos al gobierno. Peor en 2015. Se entregaron más bloques para ser explotados mediante la técnica de la fractura hidráulica.

Como señala la página “lasillavacia.com”, el Ministerio de Ambiente «está presionado para dar una respuesta de fondo al fracking en el país, mientras los reparos por esa técnica de explotación crecen entre organizaciones sociales, en algunos pueblos del país, y además se está acercando a Bogotá» (“lasillavacia.com”, 30 de marzo de 2017). Sin embargo, las autoridades están dilatando las decisiones porque temen la reacción de los sectores populares. «Con el impulso de Cajamarca, el viento sopla a su favor», destaca la web.

Es probable que estemos ante una inflexión de largo aliento que pondrá al modelo extractivo contra la pared.