Los servicios jurídicos de ELA estudian emprender acciones judiciales contra la Diputación de Bizkaia «por uso indebido de fondos públicos» después de que ésta anunciara que reclamará a las empresas privadas que gestionan las residencias y centros de día la devolución de los importes abonados en exceso por las jornadas de huelga. Según estima el sindicato, la actuación del Gobierno foral, «al pagar por un servicio que las empresas no ofrecen, ha supuesto que las empresas ganasen más dinero, más de 5 millones de euros».

Las trabajadoras creen que el anuncio de reclamar «los cobros indebidos» muestra «de forma nítida la negligencia» con la que el Ejecutivo de Unai Rementeria «actúa en este conflicto», y añadieron que «la decisión de mantener el abono a las empresas concesionarias por parte de la Diputación se ha tomado para minorar la incidencia de la huelga». Señalaron que, de constatarse, «constituiría un ataque ilegítimo al ejercicio de tal derecho fundamental, amén de un enriquecimiento injusto de las empresas mediante un indebido uso de fondos públicos, cuestión de enorme gravedad y que también está siendo analizada por nuestros servicios jurídicos, por si pudiera constituir algún tipo de ilícito penal».

Tampoco comparten los tiempos que se han manejado porque, tal y como recordaron, «este anuncio se plantea tras más de un año de conflicto y cuando se han desarrollado más de 150 días de huelga. En febrero –recordaron–, ante la denuncias sindicales, de usuarios y familiares sobre esos pagos indebidos, dijeron que lo iban a estudiar y no han hecho nada».

Recurrir los servicios mínimos

Un día después de que el Gobierno foral anunciara que recurrirá los servicios mínimos de las residencias establecidos por el Gobierno de Lakua, las trabajadoras reprocharon el «cinismo» de esa iniciativa, porque los responsables forales «han reiterado hasta la saciedad» que no son parte del conflicto y que se trata de un conflicto entre empresas y trabajadoras.

De paso, puntualizaron que Lakua ha ampliado en dos ocasiones los servicios mínimos «dejando de facto a muchas trabajadoras sin derecho a huelga». De hecho, el segundo decreto que los aumentaba en determinadas actividades fue recurrido por ELA ante el TSJPV, que dio la razón al sindicato.

En cualquier caso, la lucha de las trabajadoras de las residencias de Bizkaia continuará hasta lograr las 1.592 horas de jornada laboral para dignificar las «insufribles jornadas» y que redunde en la mejora de la calidad de la atención al residente. También exigen un salario mínimo de 1.200 euros. Por todo ello, ayer anunciaron otra fase de huelgas que se prolongará al menos cuatro semanas a partir del día 26.

EH Bildu de Araba pide que públicas y concertadas se equiparen

EH Bildu presentó una moción en JJGG de Araba en la que exige a la Diputación un plan para regularizar la situación de las residencias de ancianos en el territorio, de manera que las privadas concertadas cumplan con los mismos requisitos que las públicas.

Se pretende acabar con la «discriminación» que los usuarios de centros privados con plazas concertadas sufren con respecto a las personas «que tienen la fortuna de ser agraciadas con una plaza pública». GARA