Aritz INTXUSTA
IRUÑEA

El Parlamento navarro pide que la Fiscalía actúe por los honores a José Sanjurjo

El entierro secreto en calidad de «héroe» del golpista José Sanjurjo en Melilla con presencia de altos mandos del Ejército ha causado repulsa en el Parlamento navarro y en el Ayuntamiento de Iruñea. UPN y PP se desmarcan en la petición de responsabilidades.

La noticia de que los restos del golpista José Sanjurjo, que estaban enterrados en la cripta del Monumento de Los Caídos de Iruñea, fueron trasladados hasta Melilla para enterrarse de nuevo con honores militares recibió ayer el rechazo tanto del Parlamento navarro como del consistorio iruindarra. Ambas instituciones aprobaron sendas declaraciones que coincidían en señalar los hechos como «una humillación a las víctimas» y en pedir que se asuman responsabilidades por lo sucedido, y ponían los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La polémica suscitada por la revelación de que los restos de Sanjurjo se habían inhumado de nuevo en el Pabellón de los Héroes Regulares obligó a tomar postura al Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), quien negó la mayor. A través de un comunicado, sostenía que, pese a la presencia del actual comandante general del Ejército en Melilla durante la ceremonia, el golpista no había recibido «honores». Esta información es completamente falsa, ya que han aparecido nuevas fotografías de militares en posición firmes mientras se depositaban los restos en el nicho. Estas imágenes han sido difundidas por los periódicos “ABC” y GARA, así como por el portal de internet “El Confidencial”.

UPN se ha desmarcado del rechazo a la ceremonia tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento. El líder del partido se ha agarrado a que existen «informaciones contradictorias» sobre lo sucedido, por lo que propone esperar a que los responsables de Defensa den explicaciones.

Curiosamente, el PP no ha movido ficha al respecto y quien encabeza la petición de explicaciones es EH Bildu. La diputada Marian Beitialarrangoitia ha solicitado la comparecencia de la ministra María Dolores de Cospedal en la Comisión de Defensa y, paralelamente, ha elevado al Gobierno una batería de preguntas escritas sobre el asunto. Mientras, en Nafarroa, Adolfo Araiz considera un escándalo la presencia en los actos de altos mandos del Ejército y del propio presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que también es senador por el PP. Entiende que se trató de un acto de «apología y exaltación del genocidio franquista».

Lo cierto es que la ceremonia que tuvo lugar en Melilla, tiene un difícil encaje dentro de la Ley de Memoria Histórica. De hecho, la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Iruñea pone de relieve la contradicción que supone para el espíritu de dicha ley que se hayan destinado fondos públicos para inhumar de nuevo los restos del golpista, mientras miles de personas ejecutadas siguen todavía en las cunetas. Y, con respecto a este extremo, pocas dudas hay de que parte de los gastos han sido asumidos por Defensa. El veterano periodista Ignacio Cembrero publicaba para “El Confidencial” que los restos de Sanjurjo habían llegado hasta Melilla en un helicóptero del Ejército de Tierra.

Vaciar la cripta, «una vileza»

A día de hoy, existe aún un vacío en el traslado de los restos. En noviembre pasado, un equipo de forenses dirigido por Paco Etxeberria retiró los restos de la cripta de Los Caídos de Iruñea (después de que el Ayuntamiento retirara el permiso por cuestiones de salubridad). No obstante, no se entregaron a los familiares del general. En su lugar, estuvieron presentes representantes del Arzobispado y de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, el grupo que celebraba misas en honor a Mola y Sanjurjo.

Una publicación tradicionalista carlista recoge que los restos de varias de las personas enterradas en aquel lugar fueron recogidos por una misma persona, a la que no identifica. Es precisamente en esa cabecera, llamada “Siempre p’alante”, en la que se tiene la primera noticia del homenaje. Esta misma publicación considera «una vileza», que el Ayuntamiento obligara a retirar los restos.