Unicef ha denunciado que la violencia que asola la región de Kasai en la República Democrática del Congo ha provocado hasta el momento 1,4 millones de personas desplazadas, de las cuales aproximadamente 850.000 son menores. La organización internacional califica lo situación como una gran crisis humanitaria. Del aumento de la violencia también se ha hecho eco el Consejo de Seguridad de la ONU que urgió al Gobierno a evitar el uso excesivo de la fuerza al tiempo que alertaba de las numerosas violaciones de derechos humanos que se están registrando y que pueden constituir crímenes de guerra. Le instaba, asimismo, a mantener las elecciones presidenciales a finales de este año tal y como acordó en 2016 con parte de la oposición.

La situación de violencia que vive la RD Congo no es una maldición, sino que es consecuencia de que el subsuelo del país atesora unas enormes reservas minerales –primer extractor mundial de cobalto, minas de cobre y diamantes, y reservas de oro y coltán– que son codiciadas por grandes multinacionales así como por los países limítrofes. Tanto unos como otros no dudan en entrometerse en la política interna para apropiarse de las riquezas ajenas. La injerencias lleva muchas veces al apoyo y financiación de grupos rebeldes que alimentan la violencia. El flujo de riquezas y la intromisión han socavado el marco legal corrompiendo toda la estructura estatal. En este contexto, la violencia en la región de Kasai se ha convertido en este momento en la excusa perfecta para retrasar una vez más la celebración de elecciones presidenciales, toda vez que el actual presidente, Joseph Kabila, ha cumplido su mandato y no puede volver a presentarse.

No es una maldición sino las injerencias externas para apropiarse de las riquezas naturales las que provocan la guerra y el desgobierno que han convertido a la RD Congo en uno de los países con menores cotas de desarrollo humano. Un erial donde cualquier chispa puede provocar una catástrofe de gran envergadura.