La asociación ATTAC de Nafarroa ha hecho público un manifiesto en el que insta al Gobierno a impulsar la creación de una «Banca Pública navarra». Considera que es necesaria una entidad financiera pública y se apoya en el artículo 128 de la Constitución española, que reconoce la iniciativa gubernativa para la prestación de servicios esenciales, «especialmente en caso de monopolio». Y lo hace tras observar la situación económica de estos últimos años, «en la que se incluye un rescate con dinero público al sector privado con un coste irrecuperable para la ciudadanía de más de 40.000 millones de euros».

ATTAC achaca falta de garantías y eficiencia económica a los organismos privados y resalta su incapacidad para garantizar la seguridad de los ahorros que se les confían. «Se han constatado multitud de casos de mala gobernanza y, especialmente, de malas prácticas, con abusos masivos sobre los derechos de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios».

En este contexto, recuerda que la Fundación Caja Navarra, «bajo el Patronato de la Comunidad Foral», es propietaria de alrededor de 200 millones de euros en acciones de Caixabank. Por ello, propone que la aportación de capital para la creación de la caja pública pueda obtenerse de la recuperación de esas participaciones, «así como de aportaciones anuales con cargo a los presupuestos de Navarra».

Garantía de solvencia

«En la Comunidad Foral cinco entidades financieras privadas aglutinan el 89% del negocio del sector y tan solo una de ellas tiene su centro de decisión y está radicada a efectos fiscales en Navarra», se informa en dicho documento. A juicio de ATTAC, las entidades privadas, al priorizar la mayor rentabilidad para sus accionistas, «rechazan la prestación de servicios esenciales a una parte significativa de la población».

Expone ciertas características que debería cumplir una entidad pública, entre las que destacan la de tener vocación de servicio público y sin ánimo de lucro, y «que se guíe por normas de gestión democráticas, transparentes y éticas».

Recoge también que, además de asegurar el acceso a una cuenta corriente, a medios de pago y a operaciones esenciales para la vida diaria a toda la ciudadanía, el sector público debe aportar una mayor garantía de solvencia a los depósitos de los ahorradores e inversores «que la ofrecida por el privado en los últimos años».

Asimismo, pide que reinvierta los eventuales beneficios en acciones sociales o en su capitalización y aseguramiento de su solvencia, y que sea el banco de referencia para la gestión operativa de todas las administraciones de Nafarroa; entre otras, para las recaudaciones, pagos de salarios a los servidores públicos o la financiación del sector público.

Respecto a la política salarial, plantea que se establezcan tanto remuneraciones que avalen la dignidad de sus empleados como una política de contratación basada en los principios de capacidad, mérito e igualdad. A su vez, propone que disponga de un consejo de administración compuesto por nueve miembros designados por el Gobierno navarro a propuesta del Parlamento «entre personas de reconocido prestigio y/o los que tengan experiencia profesional ligada al ámbito financiero».

Hacer prevalecer la rentabilidad social de sus actividades por encima de la eventual rentabilidad económica es otra reclamación. E incide en que la banca pública favorezca la financiación de las administraciones, sin olvidarse de los acuerdos de colaboración con otros entes públicos para proveer servicios en otras comunidades o países.