Ainara LERTXUNDI
MADRID
Elkarrizketa
PILAR RUEDA
ASESORA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) DE COLOMBIA

«Mucha gente ve el Acuerdo incompleto, pero si no se cuida, quedará peor»

Pilar Rueda, antropóloga, defensora de los derechos humanos y experta en temas de género, infancia y violencia sexual, fue asesora de la mesa de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, y actualmente lo es de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del Acuerdo. Habla del momento actual sin pelos en la lengua.

El miércoles, el Senado colombiano dio luz verde a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras siete sesiones plenarias suspendidas por absentismo de los senadores. La aprobación de la norma no estuvo exenta de cambios sustanciales. El uribismo, los conservadores y Cambio Radical unieron sus votos para imponer una serie de condicionamientos que ponen en riesgo el espíritu y la letra de lo acordado en Cuba. Ahora, la aprobación de la ley estatutaria está en manos de la Cámara de Representantes del Congreso, cuyas sesiones finalizan el día 30.

Con un estilo directo, sin cortapisas y rehuyendo lo políticamente correcto, Rueda advierte en entrevista con GARA de las graves consecuencias que tendría para la construcción de la paz bloquear la JEP o vaciarla de contenido, dándole un rumbo totalmente diferente a lo pactado en la mesa.

Se muestra igualmente crítica con la actitud de sectores de la sociedad civil «en uno de los momentos más difíciles del proceso». «Puede que el texto acordado en La Habana sea incompleto, pero si no se cuida y protege, va a quedar peor», avisa Rueda, testigo y protagonista de las arduas discusiones que se dieron durante cuatro años.

Acaba de estar en Madrid junto a Camila Cienfuegos, excombatiente de las FARC y dirigente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; Charo Mina, Coordinadora Nacional de Promoción y Difusión del Proceso de Comunidades Negras; y Aída Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Intervinieron en el seminario «El territorio como espacio de paz en Colombia», organizado por Alianza por la Solidaridad.

¿Qué podría suponer la no aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) antes del 30 de noviembre en la Cámara de Representantes?

La JEP no solo está frágil a nivel político y legal, también lo está a nivel institucional. Supongamos que el Congreso aprueba la JEP antes del 30 de noviembre; Santos puede posesionar a los magistrados, pero ya entramos en la Ley de Garantías porque en marzo tenemos elecciones al Congreso y, por tanto, no se puede hacer ninguna ejecución presupuestaria. Y en mayo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, en caso de ser necesario, habría una segunda vuelta en junio. Por tanto, tenemos seis meses sin presupuesto nacional, así que la JEP va a depender de las aportacionesque hagan los países donantes y eso también la hace muy frágil. Si la JEP no entra en funcionamiento y le muestra al país que sirve, el escenario puede ser terrible.

La JEP además está muy amarrada a la reforma política, que ya ha avanzado, pero en su articulado ha habido cambios muy fuertes y a mi modo de ver muy negativos. Una reforma política que no esté acompañada de una promesa de la JEP de cómo va a funcionar, tampoco va a ser legítima. Hay una responsabilidad muy grande del Congreso colombiano y el país debe reflexionar sobre hasta qué punto este Congreso lo está representando, porque es donde se han dado los peores obstáculos para poder implementar el Acuerdo.

¿Cómo se ha llegado a esta situación cuando el Acuerdo de La Habana se ha presentado como un referente mundial?

Los partidos políticos tradicionales, con excepciones muy puntuales, no están de acuerdo con lo pactado por muchas razones. Una de ellas es porque lo acordado significa una ampliación democrática. Me impresionan, por ejemplo, las críticas a Mauricio Archila, un reconocido historiador de los movimientos obreros, por postularse como comisionado a la Comisión de la Verdad. Pese a que no fue seleccionado, el senador y expresidente Alvaro Uribe salió con un tuit acusándole de ser un «historiador del terrorismo», cuando ni siquiera es cercano a la izquierda más radical ni asesora a sindicatos; es un profesor de la Universidad Nacional que ha hecho la historia de la clase obrera en Colombia. Una se pregunta cómo es posible que haya este nivel de machartyzación con personas que lo único que han hecho es tener una mirada diferente y crítica sobre el país.

Refleja además la rabia y la bronca que existe en un sector de las élites y de los partidos tradicionales ante la posibilidad de que otras personas puedan hablar con legitimidad de lo que ha pasado. El país debe empezar a construir una verdad en la que quede claro quiénes han ganado y perdido con la guerra. Existe también una mirada muy parcial en la que se asume que la JEP es contra la guerrilla, y eso no es cierto, es para todos los actores del conflicto armado. Yo incluso creo que aunque dicen que no es para paramilitares, estos acabarán entrando en la JEP. Muchos de ellos han dicho que quieren ir a contar la verdad en el marco de la JEP. Eso permite mirar la complejidad del conflicto y demostrar que no fueron solo unos los responsables. Y a eso no está dispuesta la élite porque se le están cayendo muchos mitos.

La ampliación de la democracia permite nuevas opciones y eso no gusta. Y por ello han usado miles de mentiras como que se va a instalar un sistema castro-chavista, etcétera.

¿Cómo valora la implicación de la sociedad civil en la defensa de los acuerdos de La Habana?

Cada sector ha aportado desde su propia agenda e intereses. En Colombia pasa mucho eso; se logra una ley y listo, sin luego hacer algo para mantenerla o cuidarla. Yo siento que nadie se lee el texto del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Incluso quienes tienen la obligación de implementarlo terminan con unas teorías ante las cuales una les dice que se lean el Acuerdo. Al feminismo le parecerá gravísimo que en el Acuerdo no se incluyera la paridad, pero hay otras cosas que merece la pena resaltar. A los pueblos afrodescendientes les puede parecer que en todas partes debería aparecer el enfoque étnico, pero el capítulo sexto está exclusivamente dedicado a las comunidades afro e indígenas. Los sindicalistas no tuvieron mucha participación en La Habana pero, sin embargo, se abordó el tema del empleo en el punto uno. Me impresiona que los estudiantes se movieran tanto cuando el «no» ganó en el plebiscito y ahora no lo hagan.

El próximo día 24 se cumplirá el primer aniversario de la firma del Acuerdo –renegociado tras la victoria del ‘no’ en el plebiscito–. Un grupo de mujeres le hemos propuesto al movimiento feminista juntar esta efeméride con la del 25 –día internacional de la violencia machista– porque el Acuerdo tiene mucho que ver con la no violencia contra las mujeres. Pero nos han dicho que no, que mantienen su agenda tradicional para el 25, cuando lo que estamos viviendo es un momento histórico. ¿Por qué no ceder un poquito? La movilización del día 25 –enmarcada en la campaña mundial «Ni una menos»– es muy importante, pero no me parece pertinente coyunturalmente porque Colombia está en un momento muy crítico frente al proceso de paz; una no puede seguir pegada a una campaña nacida en Argentina o, al menos, la debería de adecuar al contexto actual en Colombia.

Debemos celebrar como cuando se trata del primer cumpleaños de los hijos, así estos todavía no anden, no tengan dientes, no hablen… ¡El Acuerdo vale la pena! ¡Venga a celebrar y luego váyase, pero celebremos! Eso de momento no ha sido posible.

Hay un nivel de insatisfacción tan grande que somos incapaces de ver lo bueno que tiene el Acuerdo. Mucha gente piensa que el acuerdo de La Habana es incompleto y, seguramente sea así, pero si esto no se cuida y protege, va a queda peor y será más incompleto el desarrollo.

Usted defiende un enfoque de género y de derechos...

Cuando el enfoque de género se aborda exclusivamente en términos biologistas o culturales, sin entender que hay unas relaciones de poder y una responsabilidad muy fuerte por parte del Estado en cuanto a garantizar la igualdad, pierde sentido políticamente hablando y se vuelve solo un instrumento de clasificación. En el Acuerdo de La Habana el enfoque de género tiene una perspectiva de derechos muy fuerte y establece la responsabilidad del Estado. La Jurisdicción Especial para la Paz dice que se va a crear una unidad de investigación y acusación, y que dentro de esa unidad habrá un equipo especializado en violencia sexual. Hay quienes han propuesto al Congreso que ese grupo especializado tenga un enfoque de género. Fue tan difícil darle el nombre de violencia sexual que volver a generalizarlo como un equipo especializado en violencia de género es nada. ¿No son conscientes de lo importante que fue ponerle ese título a algo que todo el mundo quiere ignorar? Eso, a mi modo de ver, es retroceder. Cada quien va con su sueño bajo el brazo, pero todos esos sueños se vuelven una pesadilla cuando se trata de implementar y reglamentar el Acuerdo. ¿Por qué no desarrollar lo que hay al máximo y tratar de ir sacando ventaja para cada sector?

¿Esperaba que la implementación del Acuerdo fuera así?

Nos falta mucha generosidad a todo el mundo. No me esperaba semejante actitud por parte del Congreso y que fuera tan débil la respuesta de la sociedad civil. En general, lo que más me impresiona es el profundo desconocimiento que hay sobre el contenido del Acuerdo. El Congreso puede olvidarlo e interpretarlo como quiera, pero yo creo que deberíamos verlo como una pequeña Constitución que se debe defender. Yo siempre le digo a la gente que cada mes se lea un capítulo del Acuerdo. El Estado y quienes de alguna manera estamos involucrados en la implementación tenemos la obligación de respetarlo. Y se nos olvida que el proceso con el ELN depende 100% de cómo termine esta implementación. O tenemos un «superproceso» que mejore el Acuerdo de La Habana o tenemos otra guerra más fuerte.

Muchos sostienen que ya estamos en paz, pero no es así. Habrá guerra si no nos ponemos a defender el Acuerdo, que abre una posibilidad, genera unas condiciones diferentes, sitúa el debate en otros parámetros y nos permite empezar a transitar un camino donde no haya estigmatización y que a quienes tienen posiciones de izquierda no se les llame ‘terroristas o guerrillero’ y, por tanto, se les pueda pegar un tiro.