El Tribunal Constitucional de Sudáfrica ordenó ayer al Parlamento que redacte reglas que regulen la posible destitución del presidente del país, Jacob Zuma, al considerar que no consiguió que este rindiera cuentas por las supuesta ampliación de su residencia privada con dinero público.

El Tribunal indicó que el Parlamento no fue capaz de determinar si el presidente había violado el artículo 89 de la Constitución con sus actos y, por lo tanto, no consiguió establecer unas reglas que regulasen la destitución del presidente. La petición fue hecha en setiembre por varios partidos de la oposición, al entender que la presidenta del Parlamento, Baleka Mbete, a raíz de una sentencia que acusaba a Zuma de no haber respetado la Constitución, debió haber creado una comisión para iniciar el proceso de destitución. Sin embargo, la Justicia consideró que no es cierto que no se haya tomado ninguna medida debido a que se han planteado varias mociones de censura y sesiones de control, todas ellas superadas por Zuma. Los jueces tomaron esta decisión por voto mayoritario pero no por unanimidad.

El presidente del Tribunal, Mogoeng Mogoeng, mostró su desacuerdo al estimar que esta sentencia viola la separación de poderes.