Michel Couaillier fue presidente del Tribunal de Justicia de Baiona entre 1986 y 1993. Conoció, por lo tanto, de primera mano los años en que los GAL sembran la muerte en la comunidad de refugiados vascos y también el tiempo en que la organización Iparretarrak multiplicaba sus acciones armadas en el marco de la demanda de autonomía para Ipar Euskal herria.

Tras participar, días atrás, en unas jornadas en la capital labortana, destinadas a discernir si en el Estado francés existe «una justicia para ricos y otra para pobres», este juez retirado era entrevistado por Mediabask. Vinculado actualmente al área de asistencia jurídica del Partido Socialista (PS), Couaillier defiende en la entrevista publicada ayer en ese medio digital la adaptación de la política penitenciaria a la nueva situación política surgida de la decisión de ETA de «sellar la paz y deponer las armas».

El exjuez parte de una reflexión autocrítica respecto a la actuación del Estado francés, entonces guiada por el partido al que pertenece, el PS, en el periodo en que grupos paramilitares españoles sembraban la muerte en el norte de Euskal Herria.«Lo primero que quiero manifestar es que el terrorismo de Estado fue tan insoportable como el otro terrorismo, aunque causara menos muertos», expresa el exmagistrado antes de abordar el nuevo tiempo que vive Euskal Herria.

Lucha por la independencia

«Las personas que han luchado, de buena fe, por la independencia del País Vasco, aunque con unos métodos que no pueden tolerar ni el Estado de Derecho ni las víctimas, han sellado la paz, han depuesto las armas», constata Couaillier, para mostrar después su apoyo a un cambio de política penitenciaria.

«Yo sería favorable a que, durante un periodo determinado, se establezcan disposiciones particulares para que los terroristas o los considerados como tales puedan beneficiarse de medidas de derecho común, es decir, para que puedan estar relativamente cerca de sus familias», desgrana el exmagistrado.

Pasado ese tiempo, que este juez retirado tipifica como «periodo de seguridad» y cuya duración no concreta, «estos presos podrían beneficiarse de otras medidas tales como las reducciones de condena o la libertad condicional».

Para Couaillier, un cambio de política penitenciaria «no sólo beneficiaría a los presos, cara a su retorno futuro a la sociedad» sino que, en su opinión, «también sería positivo desde el punto de vista del orden público», ya que, según estima, «en la lógica de una sociedad normalizada no es sano ni para los estados en que actúa ese movimiento nacionalista, que polariza con ello el debate, ni para la democracia en general, perseverar en cuestiones como la de los presos que son objeto de fricción».