La reciente condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por infligir «trato inhumano» a Igor Portu y Mattin Sarasola cuando fueron detenidos por la Guardia Civil en 2008 había dado pie a una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu. «¿A qué conclusiones ha llegado el Gobierno tras las sentencias del TEDH por no investigar torturas?», planteó al Ejecutivo Rajoy.

La respuesta, cuya firma no se concreta más allá de la fórmula genérica de «Gobierno de España», es doblemente reveladora de la prepotencia con que Madrid aborda este asunto. Respecto a las sentencias europeas, el Ejecutivo se jacta de que «tan solo se han registrado nueve casos en los cuales el TEDH ha declarado simplemente que, pese a que no se ha probado ningún indicio de tortura o de malos tratos en investigaciones judiciales a las que se incorporaban detallados informes de los médicos forenses, habría sido recomendable que la investigación judicial fuera más extensa, incluyendo, por ejemplo, el interrogatorio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado intervinientes». Hace con ello una reinterpretación de los fallos europeos favorable a sus intereses, al tiempo que obvia que en este último caso Portu-Sarasola no ha sido condenado simplemente por no investigar, sino por maltratar a los detenidos.

Respecto a esta sentencia en concreto, el Gobierno añade otro argumento falaz y humillante para las víctimas. Indica que el Tribunal de Estrasburgo «solo ha apreciado la insuficiencia de la prueba sobre las causas de unas lesiones que curaron en breve periodo de tiempo sin dejar secuela y que no consta que tuvieran la gravedad ni las finalidades que habría dado lugar a que se calificaran como tortura». Lo realmente cierto es que, en el caso de Igor Portu, el neumotórax provocado por los golpes de la Guardia Civil lo llevó a la UCI del Hospital Donostia y durante el juicio forenses afirmaron que le pudo haber provocado la muerte.

En la respuesta a Jon Iñarritu, el Gobierno del PP incluye además lo que parece un intento de justificación: «Durante todos estos años la banda terrorista ETA ha asesinado a cerca de 900 personas».

Sortu pide reacción general

En relación con la tortura, ayer concluía el plazo para que el Reino de España enviara información a la Justicia francesa sobre la denuncia de tormentos de Iratxe Sorzabal, decisiva para dilucidar las tres euroórdenes en su contra. Sortu destacó ayer que en tribunales galos se está dando credibilidad a este testimonio, a lo que apunta esa demanda de aclaraciones, y reclama que se actúe «con valentía», como pidió la propia presa.

Para el partido de la izquierda abertzale, «es hora de reaccionar ante la tortura». Emplaza a ello a los gobiernos francés y español y también a las instituciones de CAV y Nafarroa.