2018/04/16

AMAIA IZKO
ABOGADA DE LOS JÓVENES DE ALTSASU

Amaia Izko, una de las letradas de la defensa de los jóvenes de Altsasu, considera que en el juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional española no se dan las mínimas garantías exigibles.

«Este juicio es más que desproporcionado, es un auténtico disparate»
Martxelo DÍAZ|IRUÑEA
0416_eg_amaiaizko

Hoy comienza en la Audiencia Nacional española el juicio contra los jóvenes de Altsasu, marcado por una serie de irregularidades que analizamos con Amaia Izko, una de las abogadas de la defensa.

En este caso se ha empleado la palabra desproporcionado para calificar la petición fiscal.

Desproporcionado, sin ninguna duda. Pero la primera palabra que utilicé creo que fue despropósito, desde el punto de vista jurídico, pero también social. Es un disparate y este despropósito lleva a que las penas que se piden no tengan que ver con la realidad de los hechos y sean de una desproporción insuperable.

Hay otro elemento que denunciaron en su momento y es que no se han admitido pruebas de las defensas. Es algo insólito y supone una conculcación de derechos brutal.

Los precedentes que se pueden contar están en la Audiencia Nacional y se refieren al rechazo de algunas pruebas. Pero nunca nos había ocurrido que nos dejaran, como en este caso, sin prácticamente ninguna prueba. A alguna de las defensas le han rechazado todas las pruebas que ha presentado, todas: testificales, documentales, periciales, soportes videográficos... Todo se ha rechazado con la genérica alusión de que no son necesarios o no son pertinentes porque no se refieren a los hechos concretos del día 15 de octubre. La cuestión es que no se están juzgando estos hechos en sí mismos, sino dentro de un contexto en el que se basan las acusaciones para calificarlos de delito de terrorismo. Sin embargo, en relación a ese contexto no se nos ha permitido presentar ninguna prueba. Incluso se nos han rechazado testigos presenciales o documentación gráfica de cómo es el bar. Porque se habla de que en ese lugar han ocurrido determinadas cosas que físicamente, a priori, parecen imposibles. Se nos han rechazado los planos del bar o una grabación de minutos después de que ocurran los hechos y que ilustran mucho sobre cuál es el ambiente que allí se vive. Ya en instrucción ante la juez Carmen Lamela tratamos de presentar pruebas que avalaran la versión de los investigados, que señalaban que no habían participado en los hechos. Se nos rechazó diciendo que la instructora tenía muy claro qué había pasado y aportáramos las pruebas en el juicio oral. Ahora, se nos rechazan en el juicio oral. La conclusión es que se va a celebrar un juicio en el que no hay garantías reales y que se priva a estas personas del derecho a la defensa y del derecho a un juicio justo.

¿Los únicos testimonios que se van a escuchar en la vista son los que sustentan las tesis de la Fiscalía y de las acusaciones?

Mayoritariamente. Por ejemplo, en cuanto al contexto real, social, histórico y político en el que se han llevado a cabo las dinámicas de Alde Hemendik, que es en lo que se sustenta el planteamiento de terrorismo, solo se va a escuchar la voz de la Guardia Civil, agentes que como peritos irán allá a contar que han hecho un informe en el que han concluido que, efectivamente, Alde Hemendik nace, crece y se desarrolla siempre por orden y al amparo de ETA, y, por lo tanto, Ospa Mugimendua participa de esa naturaleza y estas personas, al estar relacionadas con Ospa, están también relacionadas con ETA.

Esto supone someter a los acusados a una situación de indefensión enorme.

De partida, la Audiencia Nacional ofrece muchas menos garantías que un tribunal natural porque está excepcionalmente creado para juzgar unos determinados hechos. Además, hemos podido comprobar que es muy permeable a decisiones o criterios políticos. Pero que te pidan 50 años y que no te permitan aportar pruebas en tu defensa te coloca ante un procedimiento en el que no se están dando garantías.

Uno de los motivos por el que este juicio se celebra en la Audiencia Nacional es la denuncia de Covite.

Efectivamente. Lo que convierte estos hechos en terrorismo es una denuncia de Covite. Es muy grave. La opinión que plasma Covite en una denuncia es admitida a pies juntillas por la Audiencia Nacional, que pide a la Guardia Civil un informe que avale esa tesis y termina considerándose terrorismo y juzgándose en la Audiencia Nacional. Y todo ello frente a un primer informe de la Policía Foral, a un primer informe de la Guardia Civil y al criterio del Juzgado de Iruñea y la propia Fiscalía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional en ningún momento reclama esta causa. El Juzgado Central de Instrucción tampoco. A pesar de que la causa había tenido una proyección pública y mediática importante. Ningún juzgado y, en principio, ninguna policía actúa en la dirección de que esto pueda sospecharse que sea terrorismo. De repente, una denuncia de Covite cambia completamente las tornas.

También es determinante que la Guardia Civil haya realizado la instrucción, arrebatándosela a la Policía Foral.

Desde el principio se ve una animosidad de dar a este procedimiento una dimensión que no tiene. Se ha cogido este suceso y se ha convertido en algo que no es. Pero ni con esa intención, que es clara porque la Guardia Civil pide a la Policía Foral que sean ellos quienes instruyan, apuntan a terrorismo. Apuntan a delito de odio. Es discutible y lo discutiremos en el juicio porque algunas acusaciones mantienen que esto es delito de odio. Hacia allí lo encaminan basándose en la relación con Ospa y Alde Hemendik. No es un elemento que aparece a posteriori, sino que ya se relaciona en ese primer informe de la Guardia Civil.

La situación se complica cuando una de las jueces que forman la sala es Concepción Espejel, condecorada por la Guardia Civil y con unos estrechos vínculos con el instituto armado.

Se nos ha rechazado la recusación sin ninguna argumentación. Le dimos muchas vueltas a esta situación. La composición de la sala no se ha determinado claramente hasta el momento en el que planteamos la recusación. Cuando este procedimiento llega a la Sección Primera, la composición de la Sala es completamente diferente. Concepción Espejel todavía no es presidenta de la Sala de lo Penal y, por lo tanto, tampoco forma parte de la Sección Primera. Hay un magistrado ponente que fallece durante la tramitación de la causa. Cuando nos notifican definitivamente cuál es la composición de la Sala es cuando decidimos, tras un análisis profundo, que los vínculos de Espejel con la Guardia Civil pueden influir en la forma de enjuiciar estos hechos, ya que se relacionan con lo que las acusaciones llaman un «clima de hostigamiento, de acoso y humillación a la Guardia Civil y a sus familiares». Nos encontramos con que preside la Sala una persona que es familiar de un guardia civil y que, además, ha sido condecorada por el propio cuerpo por ayudar a fomentar su buen nombre. Creemos que esta persona puede tener un interés en esta causa y que esta relación contamina la forma en la que pueda ver la causa.

La sorpresa fue que ni siquiera se entra a analizar. Se agarran a un formalismo diciendo que esos elementos ya los hemos conocido anteriormente y que nuestro planteamiento es extemporáneo. La indefensión se ahonda.

Además, el caso viene marcado por una criminalización mediática de alta intensidad.

Ahora hay un interés de Estado de que estos hechos sean considerados delito de terrorismo. Ese es el camino que ha decidido tomar el Estado para parar el proceso en Catalunya. Tiene un interés mayor incluso en que este tipo de hechos puedan ser considerados delito de terrorismo. Sabemos que ese interés puede condicionar notablemente el procedimiento. Insisto, estamos en un juicio en el que cualquiera puede ver que el tribunal que nos va a juzgar es especialmente permeable a estas decisiones políticas y a estas cuestiones de Estado.

 

Una manifestación «histórica y emotiva» que ha copado titulares dentro y fuera de Euskal Herria

La manifestación de este sábado fue «histórica y emotiva. La mayor que ha vivido Nafarroa en décadas». Así lo sostienen los padres y las madres de los jóvenes de Altsasu, que ayer pusieron rumbo a Madrid, donde hoy arrancará el juicio. Van con las pilas cargadas por la «energía y el cariño que recibimos. Fue algo increíble, no se puede contar». Lo cierto es que la manifestación, en la que participaron decenas de miles de personas, ha tenido un amplio eco en los medios vascos y en los de ámbito estatal. Incluso The Guardian ha publicado este fin de semana un reportaje sobre el caso.GARA

SIN PRUEBAS

«A alguna defensa le han rechazado todas las pruebas que ha presentado. Es un juicio sin garantías»