Fue una pataleta en toda regla; en palabras del abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, un texto «insuperable» que se estudiará en las facultades de derecho. Aprovechando que debía resolver el recurso presentado por el expresidente de la ANC Jordi Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena de denegarle el permiso para asistir al pleno de investidura, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hizo pública ayer una interlocutoria sin precedentes en la que, además de respaldar la decisión de Llarena, aprovechó para cargar contra los jueces alemanes que decidieron retirar el cargo de rebelión contra Puigdemont.

«Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania (...) no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica», protesta la Sala, que considera que la comparación que los jueces de Schleswig-Holstein realizan con lo ocurrido en los 80 en las protestas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt «parece contradecir los parámetros propios de lo razonable». Subrayan, además, que era imposible que 6.000 policías frenasen a dos millones de votantes y sin reparos añaden: «Si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre».

Tras la pataleta, el auto recuerda que Puigdemont podría ser acusado, en vez de rebelión, de sedición, algo que encajaría con la ausencia de violencia que alegan los jueces germanos. Sin embargo, la extradición se basa en el principio de la doble incriminación, y en Alemania, la sedición no existe como delito penal desde 1970.