Soledad GALIANA
Dublín

IRLANDA VOTA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES

Irlanda vota hoy en referéndum un cambio constitucional que además de recoger un derecho al aborto equiparable al contemplado en la mayoría de los países europeos marcaría también el fin de la interferencia religiosa sobre la sociedad irlandesa.

Este ha sido un duro camino para las mujeres irlandesas, que se ilustra tanto con números como con nombres. Una media de nueve mujeres viajan cada día a Inglaterra para poder abortar por razones socioeconómicas, médicas o como resultado de agresiones sexuales. Sheila y Savita son dos de las víctimas de un artículo de la Constitución que permite al médico intervenir para proteger la vida de la mujer sobre la del feto. C y X las letras del alfabeto tras las que se ocultan dos menores que tuvieron que acudir a los tribunales para poder abortar tras ser violaas. A, B y C son las tres mujeres a las que la legislación irlandesa obligaba a continuar con su embarazo a pesar de que se sabía que el feto no sobreviviría tras el parto, y cuyos derechos fueron vulnerados por el Gobierno irlandés de acuerdo con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la Y es la letra que identificaba a la refugiada víctima de una violación, a la que se hospitalizó y se le practicó una cesárea a pesar de sus repetidas peticiones de aborto y amenazas de suicido.

En la actualidad, la interrupción del embarazo en Irlanda es ilegal a menos que ocurra como resultado de una intervención médica realizada para salvar la vida de la mujer.

El aborto había sido prohibido en Irlanda por la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, un estatuto que tiene su origen en el pasado colonial irlandés bajo la administración de Reino Unido y se mantuvo vigente tras la independencia en 1922. La Octava Enmienda se agregó en 1983 a la Constitución tras un referéndum después de la preocupaciones por que las leyes que prohíben el aborto estuvieran amenazadas por acciones legales de manera similar a las leyes que prohíben la importación de anticonceptivos. En 1992, el Tribunal Supremo sostuvo en el «caso X» que a una niña de 13 años que había quedado embarazada como resultado de una violación se le podía permitir abortar en el Estado. Hubo consultas infructuosas en 1992 y en 2002 que habrían revertido esta decisión y eliminado el riesgo de suicidio como motivo para un aborto.

El derecho a la vida de los no nacidos está protegido por el Artículo 40.3.3 de la Constitución (comúnmente llamado la Octava Enmienda) y la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013 establece como un delito el aborto, sólo permitido cuando tres especialistas atestigüen que el embarazo constituye un riesgo para la vida de la mujer, incluido el riesgo de suicidio. Dado lo estricta que es la ley irlandesa, esto significa que cuando una mujer ha sufrido una violación, un incesto, un diagnóstico fatal del feto o un riesgo grave para su salud, no tiene derecho al aborto, que en tales casos es una ofensa criminal, punible con una pena de prisión de hasta 14 años.

Curiosamente, la Constitución también protege la «exportación del problema«, o sea, el derecho a viajar fuera del Estado para practicarse un aborto y para recibir información sobre ese servicio.

Trágicas historias

Frente a esto, muchas mujeres buscan alternativas para abortar, lo que incluye viajar generalmente a Reino Unido o tomar píldoras abortivas que se adquieren en páginas web sin la debida supervisión médica.

Ante una ley tan estricta, Irlanda tiene una larga historia de tragedias de mujeres embarazadas. Dos ejemplos: a Sheila Hodgers se le negó el tratamiento del cáncer y Savita Halapanavar murió por una infección masiva mientras sufría un lento y agónico aborto natural.La muerte de Halapanavar fue un revulsivo que ha capitalizado el sufrimiento de las mujeres irlandesas. Ha sido ahora, en los meses y semanas anteriores a este referéndum, mientras un comité parlamentario consultaba a distintas organizaciones en busca de una recomendación sobre el cambio constitucional, cuando se han comenzado a oír las voces de estas mujeres. En medios de comunicación y redes sociales, como en la página de Facebook «In Her Shoes», se expone una sociedad que ha victimizado a las mujeres por partida doble, a través de la criminalización y la vergüenza.

La historia de The Handmaid Tale no es ficción en Irlanda. Es una realidad, y quizás es por ello que la iconografía de esta novela y serie de televisión ha sido la elegida por las activistas para denunciar la opresión que la ley actual representa.

Esta legislación no es más que otra expresión de las políticas discriminatorias y salvajes que se han utilizado contra las mujeres. Es heredera de la criminalización de las madres solteras, a las que se condenaba a la esclavitud en las llamadas Lavanderías Magdalenas con la complicidad del Estado y las órdenes religiosas. En las lavanderías las mujeres se veían condenadas sin juicio a una cadena perpetua de esclavitud y a la separación de sus hijos, que eran vendidos. En otros casos, como en el de un convento de Tuam, se han descubierto los restos de 800 bebes en una fosa séptica.

Y a esta consulta se ha unido el escándalo que los test ginecológicos para la prevención del cáncer de útero, cuyos resultados erróneos no fueron comunicados a casi 300 mujeres, 17 de las cuales murieron por un diagnóstico tardío y que ha condenado a muchas otras a cáncer terminal para tapar la ineficiencia de las instituciones sanitarias.

Aunque se esperara que el resultado de este referéndum sea un claro apoyo a la reforma constitucional, las encuestas de opinión muestran que la votación estará muy igualada. La batalla se ha dado en los medios, en la calle, en los grupos que han llamado a la puerta de los votantes para convencerles de que apoyen una u otra opción.

Aquellos que se oponen al cambio constitucional han contado con el apoyo financiero de organizaciones cristianas extremistas norteamericanas. Tanto es así que Google decidió prohibir la publicidad sobre el referéndum de organizaciones no irlandesas. Se han oído muchos acentos estadounidenses abogando por mantener la prohibición.

La jerarquía católica también ha aportado su granito de arena al debate, asegurando a través de las manifestaciones del obispo de Ossory, Dermot Farrelly, que el aborto «puede ser peor que una violación».

Entre aquellos que apoyan el cambio constitucional se cuentan todos los líderes de los partidos políticos, aunque en algunos casos, con en el de los conservadores Fine Gael y el liberal Fianna Fail sus bases y cargos electos se han dividido. Sinn Féin y el resto de los partidos de izquierda se han manifestado claramente por el cambio constitucional, y se han integrado en la coalición Together for Yes (Juntos por el Sí), que consiguió la mayoría de la financiación para la campaña a través de donaciones de particulares.

Incluso la prensa irlandesa claramente ha tomado partido en sus editorales y tratamiento del referéndum. El diario “The Irish Times” publicó un editorial el miércoles titulado «La opinión de Irish Times sobre el aborto: acabemos con el secreto y la vergüenza». La publicación digital “The Journal” se ha dedicado desde el principio de la campaña a analizar los argumentos esgrimidos por aquellos que se oponen al cambio constitucional para exponer su falsedad.

Hoy es el turno de los votantes, y como ocurrió en el caso del referéndum en el que los irlandeses apoyaron mayoritariamente la igualdad matrimonial del colectivo LGBTQ+, muchos de quienes que se vieron obligados a emigrar han vuelto. Las historias vuelven a contarse en Twitter, donde estos electores documentan su viaje y anuncian su intención de voto, como Aisling Hayes, que ha viajado desde Singapur para votar y quien escribió que «vale la pena cada céntimo para contribuir a crear una Irlanda mejor, más justa e igual. #hometovote # repealthe8th». A ello se añaden ofertas de vuelos pagados y taxis gratuitos… Todo ello para garantizar que las mujeres lleguen a ser ciudadanas de pleno derecho en Irlanda.

 

Irlanda promete una de las legislaciones más progresistas si se gana el referéndum

Si los irlandeses votan a favor de la eliminación de la octava enmienda de la Constitución irlandesa, el Gobierno irlandés podrá presentar una propuesta legislativa para liberalizar el acceso al aborto en la república irlandesa.

Esta propuesta se basa en la recomendación de una asamblea de ciudadanos que hace poco más de un año ac0nsejó que se permitiera el aborto sin restricciones hasta la semana 12 del embarazo, que se permitan las interrupciones del embarazo por «razones socioeconómicas» hasta la semana 22 y en casos de anomalías fetales en las que es probable un desenlace de muerte poco antes o después del nacimiento, en cualquier momento. Irlanda pasaría así a ser uno de los países con la legislación más progresista en el mundo.

Esta recomendación fue refrendada el pasado mes de diciembre, además, por una comisión parlamentaria que recibió los consejos de expertos y organizaciones a favor y en contra de la reforma constitucional.

Políticos que participaron en la citada comisión modificaron su postura y pasaron a un posicionamiento a favor de la liberalización del aborto tras escuchar los testimonios de mujeres y familias afectadas. S.G.