2018/06/15

ANNE MARIE MICHAUD Y EMILIE MARTIN
REPRESENTANTES DEL COLECTIVO BAGOAZ

Anne Marie Michaud, presidenta del Comité de Derechos Humanos (CDDHPB), y Emilie Martin, portavoz del colectivo Bagoaz que reúne a una veintena de organismos en la reivindicación de los derechos de los presos vascos «como una cuestión esencial en el proceso de resolución», abordan para GARA una situación tan urgente como poco conocida: la de los vascos condenados a cadena perpetua.

«No hay tiempo que perder, el riesgo es que algunos presos no salgan nunca»
Maite UBIRIA BEAUMONT|BAIONA
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Los hermanos Unai y Ion Kepa Parot, Jakes Esnal y Frederik Haranburu Xistor tienen casi tres décadas de prisión a sus espaldas. Los cuatro superan además los 60 años de edad. Sin embargo, hay una diferencia clave para su futuro. Ion Kepa, Jakes y Frederik, pese a haber sido condenados, como Unai, por hechos cometidos en el Estado español, cumplen una condena sin fecha de salida.

¿Cuál es la situación concreta de los cuatro presos sobre cuya situación alerta Bagoaz?

Emilie MARTIN: Los cuatro fueron detenidos en el año 1990. Unai Parot fue arrestado en España y denunció torturas. Al poco tiempo arrestaron en Iparralde a Jakes Esnal, Ion Kepa Parot y Frederik Haranburu Xistor. A los tres detenidos aquí les condenaron a perpetuidad. En el caso de haber sido juzgados en España, donde ocurrieron los hechos, estarían ya libres o a punto de salir.

El periodo de seguridad, a partir del cual es posible acceder a la libertad condicional, ha sido superado con creces. ¿Cómo están esas demandas?

E.M: Ion Kepa Parot ha presentado cinco demandas y las cinco le han sido rechazadas. Los otros tres han hecho una demanda, también rechazada. La situación del todo insólita es que, hablando de la última demanda de Parot, el juez acepta la liberación y alude al nuevo contexto abierto, pero el parquet (Ministerio Público) se posiciona en contra.

¿Cabe deducir que en este caso se articula un doble bloqueo, judicial y también político?

Anne Marie MICHAUD: Estamos ante una dificultad mayor y ante una cuestión que puede parecer incluso irresoluble. Todo nos lleva a pensar que hay un bloqueo del parquet, pero sabemos que además hay decisiones políticas, y parece que se entrelazan ambas. En mi opinión, a completar esa alianza contribuye un ambiente en el que se impone una suerte de pensamiento rígido, que defiende una concepción cerrada de la ley, que no contempla juicios en clave más humana. Estamos en todo caso en un escenario sin certezas o garantías legales, en un terreno imprevisible y que plantea dudas sobre la igualdad ante la justicia. ¿Cómo se entiende que un juez aporte argumentos de peso, acordes al nuevo tiempo, y que un fiscal se sitúe en el polo opuesto, argumentando desde el pasado? ¿Cuáles son las razones para afirmar que dejar en libertad a personas de más de 60 años de edad es un riesgo de orden público?

A la vista de los rechazos sucesivos a las demandas, ¿qué cabe esperar de la vía judicial?

E.M: La decepción de la última decisión adoptada con Ion Kepa ha sido enorme, no cabe negarlo. Y vista la debilidad de la argumentación del fiscal y la extemporaneidad de la decisión, es todavía más incomprensible. Y es que hablamos de un dossier de gran calidad en el que el preso aceptaba una condicional con restricciones muy duras.

Bagoaz advierte de que cada vez es más difícil sostener la demanda de libertad. ¿Podrían explicar esas dificultades?

E.M: Cada vez que se hace una demanda hay que sostener la misma presentando, por ejemplo, una oferta de trabajo adaptada a esa persona. Cuando se tiene 60 años, o 68 en el caso de Jakes, es muy complicado cumplir ese requisito. También el lugar de residencia de la familia en que se alojará la persona excarcelada debe cumplir ciertas condiciones, ligadas a medidas como el control telemático, vía pulsera. Por otra parte, no basta con registrar la demanda, el preso debe pasar una vista en el CNE. No basta, por tanto, con rellenar un papel; el preso debe implicarse en un proceso largo y complejo, que le obliga a aportar pruebas, garantías, cambiar de prisión para ir a esa vista judicial... y luego esperar a que llegue una puesta en libertad que, como vemos, no termina de llegar. Y que, insisto, de darse finalmente, no sería una libertad total, ni mucho menos.

A.M: Con la carga sicológica que todo ello implica. Someterse, después de tantos años de prisión a ese proceso debe ser muy duro. Todas somos sensibles al dolor, y desde luego comparto que, siempre en la perspectiva del proceso de paz, hay que tener presente el sentimiento de todas las víctimas. Dicho esto, creo que en algún momento habrá que hacerse la pregunta de si, en lo que nos afecta, Francia y su sociedad no se dirigen hacia un modelo de justicia arcaica, de Ley del Talión. Creo que la justicia debe ser igual para todos, y que para ello hay que dejar la emoción en el lugar que le corresponde.

En vista de la situación que exponen, se antoja difícil ver un horizonte en los tribunales.

E.M.: Los propios presos han decidido que la esfera judicial es un campo de lucha, y en respeto a esa decisión, entiendo que se presentarán nuevas demandas. Sin embargo, y teniendo en cuenta los sucesivos rechazos a las peticiones de condicional, se ha optado por poner sobre la mesa una demanda nueva, por así decirlo, que es más una solución política. Se ha puesto en marcha la vía de la solicitud de gracia presidencial, que se concreta en la petición de la conmutación de la cadena perpetua por la pena de 30 años que por esos hechos y de acuerdo al código penal de la época habrían cumplido de haber sido juzgados allí.

A.M: Que quede claro que no se trata de una amnistía sino de una facultad del presidente.

El presidente no tiene plazo concreto para pronunciarse sobre la conmutación, y el tiempo corre.

E.M: Es el mensaje de la delegacion vasca que habla con el Ministerio de Justicia en París y que compartimos. Con los acercamientos ha habido avances, pero deben llegar y pronto más. Y otras acciones, con los presos enfermos, con las largas penas...

 

Sostengu zabala jaso du biharko martxak

Eragile anitzek bere sostengua adierazi diote «alarma piztea» helburu duen biharko Baionako martxari. Hala nola EH Bai, NPA, Berdeak, PS edo Alderdi Komunistako hautetsiek parte hartzeko deia plazaratu dute, baita Aitzina gazte antolakundeak ere. LAB, CGT eta STC sindikatuek, azken honek Korsikatik, lau presoen askatzeko aldarrikapena babestu dute.

LDH eta CDDHPB giza eskubideen aldeko elkarteak, Sare, Etxerat, Bakegileak, Bizi! mugimendua... luzea da “Egun bat gehiagorik ez!” lelopean, bihar larunbatean, Baionan, 17.00etan Laugatik atera eta Barthes zabalgunean amaituko den mobilizazioak bildu duen babes zerrenda. M.U.

 

Quitan el estatus DPS a cinco presos más

Poco despues de que la delegación vasca se reuniera por primera vez con representantes del Gobierno francés, en otoño, se retiró el estatus especial DPS a siete prisioneros vascos: Didier Agerre, Jon Salaberria, Ibon Fernandez Iradi, Itziar Plaza, Asier Borrero, Zigor Garro y Jon Bienzobas. Dos no están ya en el Estado francés, Salaberria tras haber salido en libertad y Jon Bienzobas tras ser extraditado a comienzos de año e inmediatamente alejado a Puerto III. Ahora se ha conocido que ese mismo status DPS les ha sido retirado a otros cincos, concretamente Jurdan Martitegi, Marina Bernadó, Igor Suberbiola, Oihan Barandalla y Alberto Ilundain, según informa la Comisión de Presos de Sortu. Del conjunto de 50 presos quedan 21 de ellos aún bajo ese estatus equiparable al primer grado del Estado español.

 

Carta de Frederik “Xistor” Haranburu, condenado a cadena perpetua

Querría utilizar estas líneas para sensibilizar sobre mi situación, ya que, en efecto, me parece que no es bien conocida o que no se tiene conciencia de lo que ésta significa.

Condenado a la RCP (reclusión penal a perpetuidad), cumplo actualmente el año 29 de encarcelamiento. La ley francesa en vigor dice que, en mi caso, para poder aspirar a un cambio de régimen de detención he de pasar obligatoriamente por un periodo de prueba –bien portando pulsera bien mediante un régimen de semilibertad– de una duración de entre uno y tres años.

¡Ello para acceder a una libertad condicional, marcada por estrictos controles, y que se prolongaría al menos durante diez años más!

Y, por descontado, siempre que los jueces antiterroristas den su acuerdo y, sobre todo, que después de que lo hagan el parquet (Estado) no presente recurso en contra.

A ello hay que añadir, según se me ha hecho saber por el CNE (Centro Nacional de Evaluación), que además me vería afectado por una prohibición de residencia en todo el llamado Gran Sudoeste, pese a que tal medida no fue decidida en el juicio en el que se me condenó.

Tal prohibición duraría al menos cinco años, a condición de que acepte esta suerte de deportación a la que no se llama por su verdadero nombre.

Esa medida, a la vista de mi edad y al tiempo en prisión que habré alcanzado para entonces, pero también por el nuevo sacrificio que implicaría para mi entorno, es definitivamente inaceptable.

Por lo tanto, estoy condenado, de hecho, a una muerte segura, aunque la misma llegue de forma más lenta que si se me infligiera mediante guillotina. La sola diferencia es que el legislador la ha disfrazado hipócritamente, a fin de que el común de los mortales no la perciba como tal.

¡En todo caso, no cabe dudar de que Francia es el país de los derechos humanos ni cabe poner en cuestión ni su legislación ni sobre todo sus prácticas!

He sido condenado a perpetuidad por actos cometidos en el Estado español en un contexto completamente diferente al actual. Si, en vez de haber sido arrestado en el Estado francés, hubiera sido detenido en el Estado español, habría sido juzgado automáticamente allí. Es más, en esa época y por esos hechos la legislación española contemplaba una condena cuyo máximo legal de cumplimiento no podía rebasar los 30 años. Es decir, que en dos años estaría en libertad, mientras que, de acuerdo a la legislación francesa en vigor, no seré liberado nunca.

Es por ello que mis abogados han solicitado una conmutación de pena a 30 años, que es el tiempo máximo que, como he explicado, habría pasado en la cárcel de haber sido juzgado allí. Las autoridades francesas, a las que cuando se trata de causas que afectan a vascos a menudo cuesta tomar decisiones que puedan ser molestas a ojos del Gobierno español, tienen esta vez la oportunidad de actuar sin que nada puede serles reprochado por parte de sus amigos del país de Cervantes.

Se trata de conmutar la cadena perpetua, que no tiene límite de tiempo, por una pena de 30 años que, insisto, habría sido el tiempo máximo que habría pasado en prisión de ser condenado por actos cometidos en el Estado español. Además, esa medida es la única opción que tengo de quedar libre un día y pasar en libertad los pocos años que me queden de vida.

Ahora, ya conocéis cuál es mi situación.

(Traducción de la carta en francés remitida por el preso desde la cárcel de Lannemezan para ser publicada en “Jakilea”, revista del Comité de Derechos Humanos del P. Vasco, CDDHPB)

CONTRADICCIÓN


«De haber sido juzgados en el Estado español donde se produjeron los hechos estos presos estarían o libres o a las puertas de la excarcelación»

CONDICIONAL


«Cada rechazo es un lastre porque el tiempo corre en contra. No es fácil cumplir requisitos, como el de tener una promesa de trabajo cuando la edad del preso supera los 60»