El presidente francés se reunió ayer con los representantes de cinco sindicatos y tres organizaciones patronales con el objetivo de preparar las futuras reformas y calmar el descontento de los agentes sociales, que, en términos generales, se quejan de que no se les tiene en cuenta.

Por primera vez desde la elección de Emmanuel Macron en mayo de 2017, el encuentro en el Elíseo reunió, entre otros, a dirigentes de los sindicatos CFDT y CGT, y de la patronal Medef.

Después de tres horas de reunión, una más de la prevista, algunos líderes sindicales dijeron haber notado un cambio de tono por parte del mandatario y una mayor voluntad de incluirles en el diálogo social, pero advirtieron de que no bajarán la guardia, según informó Efe.

El primer año de mandato de Macron ha estado marcado por movilizaciones más o menos intensas contra algunas reformas, como la del mercado laboral o la de la empresa pública ferroviaria SNCF, que no impidieron que el Ejecutivo siguiera adelante con sus planes a «decretazos».

En mayo, el presidente se defendió de quienes le acusan de dar la espalda al sentir de la calle asegurando que «escuchar a la gente no implica ser una veleta de la opinión pública».

El presidente de la patronal CPME, François Asselin, indicó, en declaraciones recogidas por “Le Monde”, que el jefe del Estado admitió haber actuado con cierta unilateralidad tras su llegada al Elíseo. «Ha dicho: ‘Durante el primer año de mandato había que desbloquear ciertas situaciones; he ido rápido, lo reconozco, y ahora contemplo otra etapa en la que necesitaré apoyarme en los estratos intermedios’», señaló Asselin.

Entre las reformas previstas para los próximos meses figuran la de las pensiones, que prometió que no empeorarán la situación de las personas jubiladas, la financiación para la dependencia o un plan de lucha contra la pobreza.

Macron asegura que quiere forjar un estado del bienestar propio del siglo XXI y en su discurso anual ante diputados y senadores, el 9 de julio, avanzó que repensará todos sus mecanismos para hacerlo más eficiente y menos costoso, con la promesa de reducir el gasto público pero sin recortar derechos.