La falta de explicaciones oficiales sobre las consecuencias del gran incendio de chatarra en el puerto de Pasaia ocurrido el pasado 2 de agosto ha aumentado el desasosiego de los vecinos que viven alrededor de la bahía. Finalmente han decidido constituirse en asociación con el nombre Badian Bizi!, y presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para aclarar lo sucedido. Resulta al menos llamativo que un incendio de estas características –y en una infraestructura pública como es el puerto– no sea investigado de oficio judicialmente para aclarar lo ocurrido, establecer las responsabilidades a las que hubiera lugar y definir las medidas que se deberían tomar para que no se vuelva a repetir.

Poco ha trascendido sobre las causas del fuego y nada sobre los efectos del mismo para la salud de las personas o para el medio ambiente. Si en un primer momento no había peligro para la población, más tarde aconsejaron que se cerraran las ventanas. En conjunto, la escasa información aportada deja una sensación de una gestión cuando menos negligente de las mercancías en el puerto y bastante oscura del siniestro y sus consecuencias. La mayoría de representantes institucionales, que habitualmente pugnan por aparecer en la fotografía cuando se trata de hablar de la regeneración de la bahía de Pasaia, esta vez se han puesto de perfil. La que más dio la cara, como suele ser habitual, fue la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pero lo hizo destacando más el valor de esa actividad económica que la necesidad de seguridad, algo relegado a segundo plano en sus declaraciones.

Más allá de este caso de Pasaia en que llueve sobre mojado, cada vez es más urgente que los gestores de infraestructuras públicas rindan cuentas de su gestión. Siempre será más sencillo cuando estas infraestructuras estén en manos de las instituciones vascas, pero si estas puede nombrar al presidente de la Autoridad Portuaria, también debería ser posible exigirle responsabilidades.