El que seis tres mandos y tres agentes de la Ertzaintza vayan a sentarse en el banquillo de los acusados por la muerte de Iñigo Cabacas es ya un éxito. Sin la perseverancia de sus padres, Manu y Josefina, y el trabajo de su abogada, Jone Goirizelaia, la causa estaría ya judicialmente archivada y políticamente amortizada. La Policía es mucha Policía, dentro de los juzgados y también ante el Gobierno. Buen ejemplo de esto último es que Jorge Aldekoa, el jefe de la comisaría de Bilbo en la que según la instrucción judicial no había ningún control sobre la armería, que participó en el diseño del operativo del día en que hirieron mortalmente a Cabacas, que estaba de servicio aquella noche y del que se dice que dio órdenes de retirar las pelotas de goma del lugar, fue finalmente ascendido a jefe de la Ertzaintza «en aras a su profesionalidad, a su capacitación y a su capacidad de organizar».

Acompañar a la familia, esclarecer los hechos y depurar responsabilidades nunca ha sido el objetivo de Lakua –ni primero con Rodolfo Ares, ni después con Estefanía Beltrán de Heredia–; tampoco el de PNV, PSE, PP y UPyD, que se opusieron a la creación en el Parlamento de la comisión de investigación que les pidió; la Fiscalía ha pasado de ser convidada de piedra en la causa a ejercer como defensa, a pesar de las declaraciones que hacía Juan Calparsoro cuando era fiscal jefe y que reconoció que tenía una visión distinta a la de la Fiscalía de Bizkaia sobre cómo llevar el caso; y la jueza instructora y la Audiencia han avanzado solo azuzados por la insistencia de la acusación particular, aunque haya sido dándole algunas de cal y muchas de arena durante los años de investigación.

Rodolfo Ares, consejero de Interior cuando sus hombres mataron a Iñigo Cabacas, arrancó el caso mintiendo y acusando de mentir a los testigos en una comparecencia ante una comisión parlamentaria. Allí anunció una inmediata investigación interna que paró en seco al abrirse la vía judicial. Al parecer, al Departamento no le dio tiempo ni a escuchar a sus propios agentes. Mientras la cúpula de Interior intentaba hacer ver que no sabía cómo había resultado herido Iñigo Cabacas, “Deia” contó en aquellos días, citando fuentes internas de la Ertzaintza, que «desde el primer momento se tuvo claro que sus heridas habían sido provocadas por un pelotazo. Este hecho es conocido por la mayoría de los agentes que trabajaban esa noche». No solo los ertzainas, sino que multitud de testigos habían hablado del pelotazo antes de que Iñigo Cabacas muriera y se le hiciera la autopsia.

Hablar de la aparición en el lugar de los hechos de una porra extensible, para afianzar la versión de la existencia de disturbios anteriores a las cargas, no solo fue una evasiva, sino que entró en el terreno del juego sucio, puesto que este tipo de armas son utilizadas, precisamente, por ertzainas de paisano.

En 2012 el PNV estaba en la oposición del Gobierno de Patxi López, y su portavoz en la comisión calificó lo ocurrido de «inexplicable e intolerable»

Iñigo Urkullu sustituyó a Patxi López y Estefanía Beltrán de Heredia a Rodolfo Ares, y también prometió transparencia y colaboración con la Justicia, pero lo que hizo fue seguir defendiendo a sus policías. La publicación de las conversaciones de radio con las órdenes de Ugarteko, en abril de 2013, evidenció que el Gobierno del PNV también prefería el silencio. Se tomaron medidas internas, apartando a ertzainas de sus puestos, pero los sindicatos exigieron al Departamento que «no nos deje tirados» y los agentes removidos se quedaron en labores internas.

Cuando GARA dio a conocer las identidades del número dos de la comisaría que siguió los hechos de paisano en el lugar y la de Ugarteko, la consejera respondió hablando de motivos políticos y diciendo que no están imputados, no que no tuvieran responsabilidad en la muerte de Iñigo Cabacas.

La consejera de Seguridad dijo también no entender por qué se criticaba el nombramiento de Jorge Aldekoa como jefe de la Ertzaintza por su papel en el dispositivo que acabó con la muerte de Cabacas. Intentaba hacer ver que no tuvo nada que ver con los hechos, porque estaba en otro lugar, pero en la instrucción judicial se confirmó que fue el responsable que planificó el dispositivo policial y sus jefes sospecharon que ordenó recoger las pelotas del callejón. Quizá a esto se refería el ertzaina Teo Santos cuando en un artículo publicada en GARA decía que la no creación de la comisión de investigación pedida por la familia evitaba que se preguntara, por ejemplo, «cuál fue su reacción y qué órdenes cursó al efecto» Aldekoa cuando le notificaron internamente el «incidente del herido».

Pero lo incomprensible es que se ascendiera al máximo cargo de la Ertzaintza al responsable de una comisaría en la que oficialmente reinaba el caos. Según los manuales, cada vez que se entregan escopetas y pelotas para una intervención debe llevarse un registro detallado con las identidades de quiénes las reciben y un control del material a la vuelta. Sin embargo, en la comisaría de Aldekoa no había nada de eso.

Según declaró el armero en febrero de 2015 ante la jueza, en cada furgoneta se introducían tres juegos de escopeta y sacas con pelotas, y a la vuelta los agentes las dejaban en un mostrador y algunos comunicaban si las habían usado o no. En cuanto a las sacas, el armero declaró que vaciaba las que estaban abiertas, sin contar su contenido, y las volvía a llenar.

La noche del disparo mortal contra Iñigo Cabacas, las escopetas y las sacas se entregaron sin ningún control de quién y cuánto habían disparado. Las armas se limpiaron y las pelotas no se contaron. No se puede saber ni cuántos ni qué ertzainas dispararon, por lo que en el juicio solo están acusados los tres agentes que admitieron haber lanzado pelotas, aunque se sabe que fueron varios más.

Si este caos es cierto, parece razón suficiente para no hacer jefe de la Ertzaintza a quien lo consentía, pero hay motivos para pensar que es un ardid para eludir responsabilidades. Este diario publicó en junio de 2014 que personas que conocen el funcionamiento interno de la Ertzaintza y de la comisaría de Bilbo no creían posible que no se elaborara un registro de la entrega, devolución y reposición de escopetas y pelotas la noche del 5 de abril de 2012 en la que dispararon contra Iñigo Cabacas. Aseguraban que desde hace años el control es exhaustivo y se apunta todo. Sin embargo, sobre esa jornada hay un «agujero negro» oficial.

Otro ejemplo de las dificultades que ha tenido que superar la familia de Iñigo Cabacas es el relato que su padre hizo de una reunión con Beltrán de Heredia y Jonan Fernández. Según relató Manu Cabacas en una entrevista en la Cadena Ser el 10 de abril de 2015, les pidió que colaboraran con la Justicia, y la consejera de Seguridad se mostró «como una roca. No me dijo ni que sí ni que no. Casi hubiera preferido que me hubiera dicho que no. Si no vas a hacer nada, di no». Pero se mostraba todavía más indignado con que el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, abriera la conversación «diciendo que no me creyera yo que todas las viudas de los ertzainas conseguían saber quién había matado a sus maridos».

En la misma entrevista, relató que en otra ocasión Jonan Fernández le llamó y le preguntó qué tal estaba, a lo que respondió que «como quieres que me encuentre si estoy viendo que no avanza nada y encima no aportáis nada. Y me dijo que no me hiciera enemigos, que no estaba en situación».

La consejera Estefanía Beltrán de Heredia no quiso dar explicaciones en el Parlamento sobre estas palabras del padre de Iñigo Cabacas, alegando que era una conversación privada.

El Departamento de Seguridad tampoco se ha caracterizado por su colaboración con la jueza instructora, a la que denegaron inicialmente protocolos de actuación de la Ertzaintza.

En ese contexto se ha desarrollado la instrucción del caso durante más de seis años, con la jueza buscando solo al autor material de los hechos, sin querer mirar más arriba. E incluso así admite que se han esclarecido solo parte de los hechos, «no todos en su integridad». La Fiscalía se ha mantenido prácticamente ausente hasta haber derivado al final en una abogada defensora más, asegurando que no ve delito en las cargas policiales y añadiendo que «no existiendo delito, no se puede establecer el autor».

Pese a todo, los tres mandos que la noche de los hechos estaban sobre el terreno y los agentes que admitieron haber disparado se sentarán mañana en el banquillo, acusados de homicidio por imprudencia grave profesional. La acusación pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos.