En Euskal Herria somos conscientes de que los juzgados no son espacios de justicia. Así lo demuestran la falta de reconocimiento y responsabilidad ante las denuncias de torturas, las medidas de excepción aplicadas a presas y presos, las condenas a prisión a los jóvenes de Altsasu o el caso Cabacas. Por si fuera poco, los jueces y juezas se posicionan en favor de las élites político-económicas, como hemos visto recientemente en el caso de las hipotecas, yendo en contra de la sostenibilidad de la vida. Así, las personas empobrecidas, migrantes o disidentes políticas son condenadas a prisión o a centros CIEs.

Por eso queremos poner en evidencia el carácter patriarcal de este sistema de (in)justicia. Cuando se trata de la interpretación de la sexualidad y del placer, es obvio que se naturalizan los impulsos y la violencia sexual de los hombres, convirtiéndonos a las mujeres* en responsables de las agresiones sexistas sufridas y revictimizándonos. Claro ejemplo son el caso de La Manada, la petición de prisión a Juana Rivas, el caso de las jornaleras de la fresa magrebíes, las múltiples violaciones en las comisarías, la impunidad de la violencia patriarcal contra menores, etc. El actual sistema de (in)justicia no alcanza la raíz de la violencia machista.

Por otro lado, los últimos asesinatos machistas han demostrado que las denuncias judiciales no proporcionan medios suficientes para asegurar la protección de las mujeres*. Así lo demuestran los asesinatos de Maguette Mbeugou, Yolanda Jaén Gómez y Roxane, todas ellas habían interpuesto denuncias previamente. Tampoco podemos olvidar la tendencia que hay en comisarías y juzgados a culpabilizarnos, revictimizarnos y a no creernos a las mujeres*. No estamos en el centro de los procesos judiciales. En vez de tener en cuenta las necesidades y condiciones de las agredidas, y de su entorno, se llevan a cabo procedimientos con poca flexibilidad que no se adecuan a cada caso. Por ello, hay grandes carencias a la hora de crear hojas de ruta para la reparación que garanticen protección y derecho a una vida libre. La protección legal que nos ofrecen limita la libertad de las mujeres. Muchos casos no se denuncian judicialmente, puesto que, el proceso en sí resulta muy duro y se convierte en una violencia más. Por todo ello, denunciamos la falsedad política que hay tras los discursos institucionales entorno a la violencia machista.

Además, a la hora de tomar medidas eficaces contra la violencia machista, debemos ser conscientes de que son muchas y muy diferentes las violencias que se cruzan. Entre otras, el factor de clase o raza. No tener las necesidades básicas cubiertas o vivir bajo la amenaza de la Ley de Extranjería dificulta ampliamente que las mujeres* podamos hacer frente a la violencia machista.

En lugar de dar soluciones eficaces, el sistema judicial punitivo ofrece el endurecimiento de las penas. Frente a ello, decimos claramente que estamos en contra de la prisión permanente revisable. El castigo y la prisión son herramientas totalmente patriarcales. Al endurecerlas se fortalece también el sistema opresor. El actual sistema de (in)justicia reproduce modelos de relación patriarcales; creando hombres agresores y castigándolos después, como enfermos mentales o bestias. Se actúa como si la violencia machista no fuese estructural. No es así como se termina con la violencia ya que de este modo, es evidente que no se garantiza la no repetición.

Dicho esto, debemos impulsar una marea feminista que haga frente a las injusticias del patriarcado. Para ello, es necesario profundizar en el tipo de justicia que queremos. Por una parte, hay que tener en cuenta tanto a agredidas como a agresores. Asimismo, es necesario crear herramientas judiciales que analicen el contexto y anulen los mecanismos de reproducción y legitimación de la violencia machista. Serán necesarios, además, instrumentos que faciliten la gestión de los conflictos y las violencias machistas. Es imprescindible el cambio radical de las lógicas que imperan en las relaciones de poder. En Euskal Herria hay diferentes experiencias que lo han puesto en práctica, como los procesos de gestión de las agresiones sexistas dentro de los colectivos, basados en los principios de la justicia reparadora.

El modelo de justicia que queremos pondrá el foco en la reparación y protección de las agredidas, además de buscar la responsabilidad y resocialización de quien cometió el daño; y por supuesto, buscará garantías de que no se vuelva a repetir. No queremos la (in)justicia que se basa en el paradigma del castigo. Para ello, es imprescindible, la credibilidad de las mujeres*, el valor del testimonio y el reconocimiento del daño sufrido. Además, es necesario dar centralidad en el proceso a la agredida, teniendo en cuenta su libertad, ritmos y necesidades. Más allá de los juzgados, damos valor a los procesos que posibilitan el reconocimiento de colectivos y la ciudadanía. Ejemplos como las iniciativas «Yo sí te creo» del Foro Social; los juzgados populares de Abya Yala que recogen los testimonios de las mujeres*, San Fermín del 78 o el Protocolo de Estambul.

De todas formas, en el proceso de construcción de otros modelos de sociedad y justicia, es imprescindible aplicar desde ya recursos institucionales que hagan frente a la violencia machista y que protejan a las mujeres*.

Mientras tanto, gritamos alto y claro que esto que tenemos delante no es justicia y que seguiremos luchando para poder definir, soñar e idear el modelo de justicia que queremos y necesitamos.