Las espadas siguen en alto en la negociación presupuestaria en la CAV y es bastante posible que continúen ahí hasta el pleno final del viernes 21 de diciembre. EH Bildu confirmó ayer tarde, tras la reunión de su Mesa Política, que no forzará hoy la devolución del proyecto, como proponen las dos enmiendas a la totalidad de Elkarrekin Podemos y PP. Ha tomado esta decisión con el fin de apurar «hasta el final» su intento de reconducir las políticas socioeconómicas de Lakua y sobre todo de mejorar sustancialmente las pensiones más bajas. «No vamos a arrojar la toalla, es un deber que tenemos con la ciudadanía», afirmaron Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena.

El anuncio no supone que las posiciones se hayan acercado sustancialmente. Por la mañana, el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu, lo había intentado escenificar haciendo pública la contrapropuesta trasladada a EH Bildu en la mesa de negociación, y que según ha constatado GARA no ha modificado en los últimos días e incluso semanas. En la misma se plantea un incremento en la RGI para las personas pensionistas del 7% en 2019 y del 5% en 2020, con lo que el año que viene llegarían a 783,65 y en 2020 alcanzarían los 822,83. Frente a ello, EH Bildu mantiene firme la demanda de pensiones mínimas de 858 euros ya, como un primer paso para llegar a los 1.080 reivindicados por las asociaciones en lucha. En la rueda de prensa, Iriarte y Kortajarena hicieron hincapié en que la cifra «no es una ocurrencia» ni la van a convertir en objeto de «mercadeo», sino que se atiene a lo que correspondería por ley si no se hubiera producido el recorte impuesto en la legislatura de Patxi López y mantenido luego en las de Iñigo Urkullu.

Pero tan importante o más que eso es la demanda de EH Bildu de individualización de la prestación progresiva, comenzando por las pensiones no contributivas, un ámbito en el que Lakua solo se compromete a realizar un estudio en el plazo de seis meses. Para EH Bildu, ese aspecto supondría la mejor garantía de que se corrige la situación de las personas en situación más precaria, con especial acento en las mujeres. Y, en paralelo, el grupo soberanista de izquierdas insiste en la demanda de salarios mínimos de 1.200 euros en las contrataciones apoyadas con dinero público.

Estos extremos han sido vehiculizados por EH Bildu mediante enmiendas parciales que se votarían en el pleno del 21, por lo que la negociación puede estirarse hasta ese día, salvo que Lakua hiciera un giro radical para buscar otro socio o forzara una prórroga retirando este proyecto. En caso de que no se atendieran sus demandas, EH Bildu tendría ese día la opción de tumbar el presupuesto. Hoy no lo hará. Iriarte reconoció la alta probabilidad de dos abstenciones para que la búsqueda de acuerdo siga: «No vamos a arrojar la toalla hasta el final».

La decisión de Lakua de hacer pública su oferta no ha gustado a EH Bildu, que entiende que rompe así la discreción con que se estaba llevando la negociación. Pero Iriarte y Kortajarena saludaron que con ello el Gobierno Urkullu empiece a reconocer que «lo que antes era imposible ya es posible. Y nuestra oferta es igualmente posible». Reiteraron que la recaudación ha crecido 700 millones de euros respecto al ejercicio pasado y que Lakua dispone además de un remanente de 500 no gastados, por lo que «no hay excusa» para desatender las situaciones críticas que están sobre la mesa.

Azpiazu hizo pública su posición en un acto en Bilbo en el que dijo sentirse «esperanzado en que en las próximas horas seamos capaces de confirmar un entendimiento». Lo comparó con «un tren que pasa y que hay que coger», intentando cargar la responsabilidad sobre EH Bildu.

 

Prórroga en Araba tras quedar la oferta de Ramiro González «muy lejos» de la de EH Bildu

EH Bildu registró ayer enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos alaveses para 2019 ante la falta de acuerdo con el Gobierno foral de PNV y PSE, lo que aboca al Ejecutivo de Ramiro González a prorrogar las cuentas de este año. Este era el único grupo con el que mantenía abierta aún una negociación, pero la respuesta dada a las propuestas de EH Bildu se ha quedado «muy lejos» de sus planteamientos.

El grupo independentista de izquierdas, que también ha registrado 23 enmiendas parciales a las cuentas, ha denunciado que la reacción de la Diputación Foral a su oferta de acuerdo «llegó tarde y no estaba recogida en ningún documento», según informó en un comunicado.

El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba, Kike Fernández de Pinedo, añadió que el Gabinete de Ramiro González «no respondía a los cuatro ejes» que le planteaba esta formación, y por contra incluía «otros temas que podrían resultar interesantes pero que eran irrealizables». Por todo ello, dijo haber advertido «escasa voluntad de diálogo» en el PNV.

Las enmiendas parciales de EH Bildu se centran en cuestiones como los servicios sociales, la consecución de un territorio «vivo y verde» y una recaudación «justa». En el área de transportes, se reservan 100.00 euros para un estudio sobre la modernización del actual corredor ferroviario entre Altsasu y Miranda, y otro millón de euros para la implantación de la primera fase de Arabatran.

El PP, que el año pasado dio su apoyo al Ejecutivo de Ramiro González para sacar adelante el proyecto presupuestario, ha registrado esta vez una enmienda a la totalidad, 65 parciales y otras siete referidas al Instituto Foral de Bienestar Social.

 

Dos meses de diálogo que sigue

6 DE OCTUBRE

Urkullu abre el proceso poniendo la pelota en el tejado de la oposición: «Sin presupuesto, las partidas se mantienen; con presupuesto, las partidas sociales se incrementan». La opción más probable inicialmente parece reeditar el acuerdo con el PP.

8 de octubre

EH Bildu da un paso al frente y propone a Lakua dos abstenciones a cambio de iniciar una rectificación en su política socioeconómica, con tres prioridades: avanzar hacia pensiones de 1.080 euros, empleo juvenil y acabar con la brecha salarial.

9 DE OCTUBRE

Iñigo Iturrate (PNV) responde que es «rancio» ofrecer solo dos abstenciones. Desde Sabin Etxea se señala además que para hablar de pensiones «hay que ir a Madrid», alegando imposibilidades competenciales.

22 DE OCTUBRE

La hipótesis de un apoyo de Elkarrekin Podemos al Gobierno de Lakua se difumina tras la reunión en Gasteiz entre Pablo Iglesias e Iñigo Urkullu, en la que apenas se aborda el tema.

23 de octubre

Lakua aprueba un proyecto presupuestario de 11.748 millones de euros. Se abre a cualquier apoyo, pero el PP empieza a remarcar su negativa a aprobarlos esta vez, culpando al acuerdo entre PNV y EH Bildu sobre las bases del Nuevo Estatus.

30 DE OCTUBRE

EH Bildu pone números a su propuesta tras constatar que el incremento de recaudación provee de 702 millones más para gastar: 350 millones a complementar pensiones y 70 a empleo. El consejero Azpiazu ve esta cifra «prácticamente inviable».

17 de noviembre

EP da por «agotada» la negociación y el PP confirma también que no aprobará los presupuestos. Ambos presentan enmiendas a la totalidad. EH Bildu queda como único socio posible.

28 de noviembre

EH Bildu elude presentar enmienda a la totalidad para ofrecer al Gobierno Urkullu más tiempo y oportunidad de virar sus políticas. En la negociación se van matizando cantidades. Lakua aparca las excusas competenciales, pero discrepa de la cifra.

30 de noviembre

Mientras EP y PP presentan sus enmiendas a la totalidad, EH Bildu registra 19 de tipo parcial, con objetivos como garantizar ya una pensión mínima de 858 euros, como paso hacia los 1.080 demandados en las movilizaciones de pensionistas.

6 de diciembre

La negociación empieza a atascarse por la resistencia de Lakua a subir las cifras. Arnaldo Otegi señala que los presupuestos «o son para la patronal o para los pensionistas».

10 de diciembre

Lakua abre la puerta a leves incrementos de pensiones y EH Bildu anuncia que apurará la negociación hasta el final.