El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no se equivocó en la mañana de ayer al señalar que el ultimátum dado por Lakua suponía «un portazo» al pacto presupuestario. Y tampoco lo hizo al vaticinar que el acuerdo con el Ejecutivo no se cerraría por las diferencias existentes en torno a las prestaciones sociales y a los derechos laborales. «Estamos hablando de dos modelos sociales. En el modelo social del PNV se pone el dinero y después se tienen en cuenta cuáles son las necesidades, y en nuestro modelo es al revés, miramos cuales son las responsabilidades, y, en base a eso, ponemos el dinero. Ahí esta la dificultad».

Una dificultad que resultó insalvable, ya que el Gabinete de Urkullu se cerró en banda ante las tres demandas del grupo soberanista para posibilitar la aprobación de las cuentas: complementar las pensiones mínimas hasta los 858 euros, ampliar la cobertura mediante la individualización de la prestación, y establecer un salario mínimo de 1.200 euros en contratos financiados con fondos públicos. Tres puntos «de mínimos» ya conocidos que fueron defendidos por la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte.

En una rueda de prensa a primera hora de la tarde, Iriarte censuró el inmovilismo de Ejecutivo y advirtió de que «no puede haber un acuerdo con un Gobierno atrincherado en los recortes sociales, que da la espalda a las mujeres, a los pensionistas y a las personas con empleos precarios», más aun cuando hay dinero y «se dice que la economía está boyante». Pese a la críticas, volvió a tender la mano al PNV y PSE, a los que avisó por enésima vez de que depende de ellos que la negociación prospere. «La pelota está en su tejado. Es su responsabilidad», remarcó. EH Bildu se había declarado dispuesta a llegar a un acuerdo hasta el pleno final del viernes 21.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, se presentó a los pocos minutos en la sala de prensa del Parlamento de Gasteiz, donde hizo pública una propuesta que no incluía la opción de complementar las pensiones más bajas hasta los 858 euros el año que viene. En su lugar, planteaba una subida paulatina, hasta alcanzar los 856 euros con un IPC del 2% en 2021. Y, en vez de individualizar la prestación, abogaba por realizar un estudio sobre las unidades beneficiarias de la RGI que la reciban como complemento de pensiones para analizar la posibilidad de que en algunos casos se puedan cobrar más de una ayuda por vivienda.

En cuanto al empleo, Lakua planteaba «promover la contratación indefinida, con tres años de compromiso de mantenimiento, y la aplicación del convenio de referencia, tomando los 1.200 euros como salario medio referencial», algo que dista mucho de establecer un sueldo mínimo de 1.200 euros para las personas contratadas con dinero público.

Sin embargo, a juicio de Azpiazu sus propuestas «cumplen básicamente» las demandas de EH Bildu. «No sé dónde están las distancias. Estamos hablando de lo mismo, pero el Gobierno habla desde el realismo y otros no sé desde dónde están hablando», manifestó. El consejero se escudó en el «marco presupuestario» para justificar su rechazo a unas propuestas que, en materia de RGI, supondrían un coste de 20 millones de euros el año que viene. Una cifra un tanto ridícula teniendo en cuenta que el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno asciende a 11.784,1 millones.

«No perder el control»

Azpiazu dejó claro que Lakua retirará las cuentas en el caso de no alcanzar un acuerdo, y reiteró que no están dispuestos a dejar el presupuesto en manos del Parlamento, donde hoy debería arrancar el debate de las enmiendas parciales. El martes ya avanzó que «llegar a dicho trámite sin un acuerdo presupuestario cerrado supone correr el riesgo de que el proyecto gubernamental se convierta en un proyecto de la oposición, que perdería coherencia y su viabilidad real de ejecución. El Gobierno perdería el control sobre el presupuesto, y eso no podemos permitirlo».

El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció en un acto celebrado en Bilbo que está convocada para hoy una reunión del Consejo de Gobierno, en la que se debería aprobar la prorroga presupuestaria. Conviene recordar que el inquilino de Ajuria Enea lleva meses barajando esta opción, y en una entrevista radiofónica aseveró que no sería «dramática». «No siendo una opción del Gobierno, tampoco la consideramos dramática y menos en unas circunstancias como las que vivimos en Euskadi, con una evolución positiva de la economía e incremento de la recaudación», afirmó.

Esta idea va en línea con la posición mantenida por el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, que el 30 de octubre incidió en que una prórroga no supondría «un gran problema». «En estos momentos no sería grave, aunque preferimos que haya presupuestos», indicó.

Falta saber si en el caso de que se prorroguen las cuentas, Lakua implementará las medidas recogidas en la propuesta que remitió a EH Bildu, porque Azpiazu señaló el martes que el Gobierno «hará todo lo posible para llevar adelante las mejoras de la RGI y empleo que ha ido concediendo en la negociación, y lo hará de manera responsable, a través de los instrumentos jurídicos más seguros».

 

Declaraciones

«Al final, estamos hablando de dos modelos sociales. En el modelo social del PNV, se pone el dinero y después se tienen en cuenta cuáles son las necesidades, y en nuestro modelo es al revés, miramos cuáles son las necesidades y en base a eso ponemos el dinero»

ARNALDO OTEGI

Líder de EH Bildu

«No sé dónde están las distancias. Estamos hablando de lo mismo, pero parece que no estemos hablando de la misma manera. El Gobierno habla desde el posibilismo y desde el realismo, y otros no sé desde dónde están hablando»

PEDRO AZPIAZU

Consejero de Hacienda