Uno de los problemas con el que se encuentran las acusaciones en un juicio político es que pueden quedarse sin relato ni estrategia si el acusado reconoce de buenas a primeras los hechos que se le imputan, reivindica su realización, defiende que no constituyen delito ninguno y asume las responsabilidades que se puedan derivar. A partir de ahí comienzan a cambiar las tornas. Ayer ocurrió de forma escandalosa en el Salón de Plenos del Supremo, donde el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, realizó una declaración que tiene todos los números para erigirse en el momento que mejor recordemos de este juicio en años venideros.

La expectativa era alta y Cuixart, cuyo liderazgo apunta al alza cada día que pasa en prisión, no defraudó. El presidente de Òmnium, que lleva 500 días en la cárcel, reivindicó que «los valores de la democracia están por encima del Estado de Derecho», calificó el 1-O como «el mayor ejercicio de desobediencia civil de Europa» y asumió con orgullo su papel como «agente movilizador». «El derecho a votar en Catalunya se gana votando», dijo, recordando a Marcelino Camacho.

El punto culminante llegó, paradójicamente, al renegar de su declaración durante la instrucción: «Quiero dejarlo claro, porque si no, hay equívocos: mis declaraciones ante el juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la cárcel al precio que fuese. Y ésta ya no es mi prioridad. Soy un preso político, después de 500 días, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en el Estado español».

A partir de ahí, el interrogatorio del fiscal Jaime Moreno se convirtió en un absurdo del que Cuixart se zafó a base de «vamos a centrar un poco todo», «a ver si lo he entendido», «me parece que esto no va por aquí» y «mire, le explico». A través de tweets y preguntas sobre campañas como Crida per la Democràcia, Moreno trató de demostrar que Cuixart hizo lo que Cuixart aceptó haber hecho desde el primer momento, convirtiendo sus preguntas en un sinsentido que, hábilmente, el acusado aprovechó para trenzar un discurso político y una defensa contundente de la resistencia no violenta, recordando la sentencia del propio TS sobre la fundación Joxemi Zumalabe en la que avaló la legitimidad de la desobediencia civil.

Marchena al rescate

Valgan tres momentos del extenso interrogatorio para ilustrar cómo se desarrolló. En el primero, el fiscal pregunta: «¿Preveían ya ustedes el 4 de julio que iba a ser necesaria una gran movilización?». Cuixart: «Sí, no lo dude. El objetivo de Òmnium Cultural es fortalecer la democracia en Catalunya y, si pudiera ser, en todo el mundo». Segunda pregunta, tras mostrar un tweet de Cuixart en el que pedía «aislar actitudes violentas»: «¿Ya preveían actitudes violentas?». Cuixart: «A ver, a ver, a ver, con todo el respeto, la pregunta es una falta de respeto hacia mi persona».

Tercero y último, con repique final. Pregunta el fiscal Moreno: «¿Le parece a usted ilegal el referéndum del día 1 (de octubre)?». Cuixart en estado puro: «Ante el dilema, la disyuntiva, entre la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie tenga ninguna duda, Òmnium siempre va a ejercer derechos fundamentales. (...) Nosotros asumimos el papel que tenemos el 1 de octubre como agente movilizador en defensa de derechos fundamentales. Nunca, nunca, nunca vamos a renunciar al ejercicio de ejercicios fundamentales».

El presidente de la sala recriminó dos veces el lenguaje coloquial utilizado con toda naturalidad por Cuixart, que hizo sonar unos cuantos «hostia», pero la principal enzarzada la tuvo con el propio fiscal, a quien vino a pedir que no dejase tan en evidencia el carácter político del juicio. Marchena interrumpió el interrogatorio varias veces para pedir al fiscal «preguntas que no le permitan al acusado repetir lo que ha repetido en multitud de ocasiones» y evitar que el juicio se convierta «precisamente en lo que no tenía que ser este juicio».

La conversación a tres se repitió hasta el final del interrogatorio, que merece ser recuperado, aunque sea de forma resumida. «¿Sabe usted si fueron lesionados siete policías (en el IES Ramon Llull)?», pregunta el fiscal, a lo que Cuixart responde: «Yo lo que sé es que hay 17 policías imputados por violencia». Protesta el fiscal que esa no era su pregunta y salta Marchena: «Lo que él sabe es lo que ha contestado, y punto. Formule otra pregunta». «Entiendo que no lo sabe», sigue el fiscal, corregido de nuevo por Marchena: «Lo que entienda el fiscal, lo que entienda la sala, lo que entiendan las defensas... tendránotro momento procesal». El fiscal arroja la toalla y, ya resignado, descarga la última batería: «¿Lo ocurrido en ese colegio es para usted un acto violento?». Cuixart: «Por parte de la policía, sí». «¿Por parte de los manifestantes?». «Un ejercicio de derechos fundamentales en toda regla». «¿No hubo violencia?». «Por parte de la policía, mucha».

Forcadell vs. Madrigal

Tras el receso de dos horas para comer, y con el listón francamente alto, llegó el turno para la expresidenta del Parlament, para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por permitir la votación de las leyes del procés. Su defensa fue diferente a la de Cuixart, pero demostró que con una línea bien trazada, sobre todo en casos tan escandalosos como el suyo, una defensa jurídica puede hacer estragos en el relato acusador. Recordando a aquella presidenta de la ANC que jamás dijo nada que ella no quiso que saliese de su boca, Forcadell se parapetó tras el reglamento del Parlament. Fue un muro contra el que se golpeó una y otra vez la fiscal Consuelo Madrigal, que se marcó «un Irene Lozano» al preguntar a Forcadell si hubiese permitido un debate sobre la legalización de la trata de personas.

Antes, Forcadell recordó que la iniciativa parlamentaria depende de los grupos parlamentarios, reivindicó el debate libre, trajo a colación la inviolabilidad de los representantes y, sobre las prohibiciones y advertencias del TC, consideró que sus dictámenes atentaban contra derechos fundamentales. «¿Cómo puede la Mesa convertirse en un órgano censor que decida de qué se puede hablar y de qué no? No se puede permitir que la censura entre en el Parlamento», consideró una Forcadell que también redujo la DUI del 27 de octubre a una «resolución política sin transcendencia jurídica» –al independentismo le urge aclarar qué fue lo que ocurrió aquel día–, y que concluyó con una denuncia política indirecta al asegurar que no entendía por qué ella es juzgada en el Supremo mientras el resto de la Mesa, que hizo lo mismo que ella, lo será en Catalunya y por el delito menor de desobediencia. «Bueno, sí que lo entiendo», dijo tras un silencio.