Henry David Thoreau fue encarcelado durante una noche por negarse a pagar un impuesto federal. Había desobedecido porque no quería colaborar con un gobierno que consideraba injusto, dado que sostenía un régimen esclavista y libraba una guerra con México. El día anterior al encarcelamiento, Sam Staples, que además de alguacil y carcelero de la villa era también amigo de Henry David, le había advertido de la obligación de pagar ese impuesto e incluso le había ofrecido dinero para hacerlo. Sin embargo, Henry David desobedeció y acabó preso en la cárcel del condado. Ese mismo día su tía, disfrazada para que su sobrino no la reconociera, pagó la deuda; pero Staples no liberó inmediatamente a Henry David, sino que esperó al día siguiente. Cuando fue liberado, Henry David se enfadó por la intervención de su tía dado que él consideraba que el lugar de una persona justa en un Estado con un gobierno injusto era la cárcel.

Han pasado casi 175 años desde aquel acto desobediente, pero el tiempo no ha borrado su poder simbólico e histórico. El ensayo que Henry David escribió tras las rejas y que tras su muerte fue titulado “Sobre el deber de la desobediencia civil”, sigue siendo un escrito inspirador de gran actualidad para quienes creemos en la desobediencia como motor de cambio social.

La Objeción Fiscal al Gasto Militar lleva realizándose en el Estado español desde hace casi cuatro décadas. A lo largo de todos estos años miles de personas han participado en esta campaña y se han desviado importantes cantidades económicas, que han posibilitado la consecución de numerosos proyectos sociales solidarios tanto en el Estado español como en diversos países del mundo. En los últimos años se han apoyado iniciativas antimilitaristas, no violentas, feministas y de otras luchas en lugares como Colombia, Zimbawe, Chile, Rusia-Chechenia, Palestina-Israel, Iraq, Perú...

Sin embargo, y a pesar de todo ese trabajo en pos de una sociedad desmilitarizada, actualmente hay más razones que nunca para desobedecer y construir alternativas de paz; hay más razones que nunca para desviar una parte de nuestros impuestos a iniciativas solidarias que realmente merecen ser apoyadas. Y en esto consiste precisamente la objeción fiscal.

Nos encontramos en un contexto en el que el aumento de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión; el recorte de derechos y de conquistas sociales; las violencias machistas; la destrucción del medio ambiente y el drama de la migración conviven con un gasto militar desorbitado y creciente.

La militarización social ha adquirido nuevas formas e intensidades en los últimos años. Así, a las guerras, a las intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria, a la fabricación y venta de armas, al apoyo militar y económico a conflictos armados… hay que sumar una guerra no declarada contra las personas migrantes y refugiadas que tiene lugar en las fronteras europeas. En poco tiempo, el viejo continente se ha convertido en una fortaleza de concertinas y el mar Mediterráneo, en una fosa común que cada año incrementa en miles el número de cadáveres.

En esta guerra tan cercana a nuestros hogares participan las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, otros organismos de control social y represión como cárceles y CIEs, y diversos organismos supranacionales en los que participa el Estado español realizando tareas de control y vigilancia.

De esta forma, queda en evidencia que el aumento por parte del Estado español de las partidas destinadas a gasto militar no busca defender a la ciudadanía de amenazas que hipotéticamente ponen en peligro nuestra seguridad, sino que su objetivo es propiciar ciertas guerras e intervenciones militares, o participar en ellas, para defender sus intereses económicos y geoestratégicos. Paralelamente, y aunque pudiera resultar paradójico a priori, el Estado intenta evitar o reducir las consecuencias que dichas acciones militares tienen en forma de llegada de personas desplazadas por dichas guerras a nuestras tierras.

Para hacerse una idea de este incremento del gasto militar, basta ver cómo, coincidiendo con la demanda de Donald Trump a los países miembros de la OTAN de aumentar su gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez en sus primeros seis meses de gobierno aprobó programas de armamento por valor de 12.100 millones de euros para la adquisición de fragatas, blindados y helicópteros fundamentalmente; o que en 2018 el Estado ha gastado 1.100 millones en 18 misiones militares en el exterior. Lejos de invertir esta tendencia al alza del gasto militar, la previsión para 2019 es que este ascienda a 31.830 millones de euros.

Ante esto, la objeción fiscal se configura como una herramienta de desobediencia civil que nos permite superar el papel de meras espectadoras o víctimas de estas políticas y convertirnos en agentes activos de la denuncia del gasto militar en particular y del militarismo en general.

La negativa a colaborar económicamente con el Estado en la financiación del gasto militar y otras partidas que consideramos socialmente injustas, nos empodera y nos permite, de forma colectiva y organizada, mostrar nuestra oposición a ciertas políticas del Estado, generar un debate social acerca del modelo de sociedad que queremos y ser protagonistas en la construcción de ese «otro mundo posible» al apoyar económicamente y solidarizarnos con otras luchas por la transformación social.

Mediante la financiación de proyectos que promueven el trabajo por la paz, la justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, la cooperación al desarrollo, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos o la seguridad alimentaria, la objeción fiscal cuestiona, además, la visión de seguridad basada en la intervención militar y policial y en el recurso a la fuerza y la represión, fortaleciendo iniciativas y proyectos que de verdad nos dan seguridad frente a la supuesta «defensa militarista».

A fin de cuentas, la Objeción Fiscal al Gasto Militar es una llamada al sentido común, a la coherencia personal y a la solidaridad. Es una forma de decir basta a la barbarie que supone el gasto militar y apostar por el viejo lema antimilitarista: «Gastos militares para necesidades sociales».