Marta Macho, una de las personas que denunció la filtración de exámenes en la última OPE de Osakidetza, fue la primera en declarar ayer ante la jueza encargada de investigar lo ocurrido. «Voy muy tranquila, voy con la verdad», señaló en declaraciones a los medios antes de entrar en el Palacio de Justicia de Gasteiz, donde ratificó lo que ya apuntó ante la Fiscalía y respondió a las preguntas de los abogados de los tres jefes de servicio, responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, que han sido imputados por los delitos de «infidelidad en la custodia de documentos» y de «relevación de secreto por funcionario público».

A su salida, explicó que los abogados de los acusados no entraron en el fondo del problema, que es saber si se produjeron o no irregularidades en las pruebas de algunas especialidades médicas, sino que se limitaron a defender «de forma personal» a sus clientes. Una idea compartida por Patxi Nicolau, del sindicato ESK, que también testificó ante la magistrada. «El objetivo de los abogados que representan a los imputados ha sido acotar los daños y centrarse en la implicación directa o indirecta que hayan podido tener. Es su estrategia y ahora nos toca esperar a ver cómo se desarrollan las siguientes declaraciones y ver qué pasos lleva adelante la jueza», manifestó.

En este sentido, recordó que está por ver si finalmente la magistrada imputa a tres altos cargos de Osakidetza, entre ellos el ex director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, que dimitió el pasado mes de enero. «Veremos qué ocurre, pero hay que recordar que los cargos de Osakidetza están llamados a declarar en base a lo que la jueza decida después de las diligencias, puede que acudan como simples testigos o como imputados», aseveró, y señaló que, bajo su punto de vista, ayer la jueza se ciñó a la argumentación de la Fiscalía. Se limitó a «escuchar si realmente nos ratificamos en lo que decimos o no». «Creo que es una primera toma de contacto, y el recorrido es largo, habrá más declaraciones y espero que veamos hasta qué grado la jueza puede incidir más en un aspecto u otro», subrayó tras apuntar que ESK seguirá aportando pruebas para que se investiguen otras especialidades médicas bajo sospecha.

Un sistema «clientelar»

En el ámbito político, Nicolau destacó que la central también exigirá a Salud y a los responsables de Osakidetza que «reconozcan este sistema clientelar y que pongan las medidas necesarias para evitar que se vuelva a producir». «Medidas reales y concretas», manifestó antes de criticar las doce medidas presentadas hace dos semanas por el director general del Servicio Vasco de Salud, Juan Luis Diego.

«Osakidetza no está tomando ninguna medida para que esto no vuelva a suceder. Osakidetza lo que ha hecho ha sido plantar encima de la mesa unas medidas para resolver esta OPE en una comisión de seguimiento en la que solo están representados tres sindicatos y que, además, solo son para culminar esta OPE. En ningún momento ha dado el paso para decir que estamos ante un sistema clientelar y para acabar con el mismo. No lo ha hecho y mucho nos tememos que esa no va a ser su intención», censuró, y advirtió de la existencia de una estructura en el seno de Osakidetza en la que participan los jefes de servicio y las personas que «ellos consideran que tienen que aprobar. Es un tú a tú».

«El objetivo era asegurar unos equipos acordes con las direcciones de los centros. Y para eso es imprescindible contar con determinadas personas que estén de acuerdo con determinadas prácticas», concluyó.