.La Conselleria de Interior de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra han activado la mayor auditoría interna en la historia de la Policía catalana para analizar la actuación policial durante protestas por la condena del Tribunal Supremo a los políticos independentistas.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, anunció que los análisis efectuados sobre la intervención policial de los primeros días de protestas han detectado quince actuaciones por parte de agentes de los Mossos d'Esquadra que actualmente están en supervisión, para determinar si se abre un expediente disciplinario.

Budó precisó que estos quince casos, que se podrían ampliar a medida que se vayan analizando intervenciones de los Mossos en los días posteriores, pueden tener un recorrido distinto, desde la apertura de un expediente o una información reservada y acabar con una sanción o con un archivo, en función de si se acredita o no una intervención desproporcionada.

Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent consideró insuficiente la comisión investigadora, dado que en ocasiones anteriores el Govern no ha respetado las conclusiones, y volvió reclamar el cese del conseller de Interior, Miquel Buch, por la violencia policial en las manifestaciones. Por ello, llevará al próximo pleno del Parlament de los días 12 y 13 de noviembre una moción con la que quiere que la Cámara inste al president, Quim Torra, a cesar a Buch y espera que los diputados de JxCat y ERC la voten a favor «por ética y responsabilidad». En Común también llevará a ese pleno la reprobación del conseller. Budó, aseguró que Torra mantiene «intacta» la confianza en todos sus consellers, incluido el titular del Interior. El mismo pleno del Parlament abordará una moción de la CUP para que la Cámara exprese «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».

La moción, que se votará al margen de la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP sobre autodeterminación, quiere que el Parlament reivindique «la amnistía total para todas las represaliadas por el régimen».

Decisión sobre Puigdemont

Por otra pare, el tribunal de primera instancia belga que tiene que decidir sobre la orden de detención y entrega contra el president Carles Puigdemont decidió ayer aplazar la vista sobre el caso hasta el próximo 16 de diciembre. La defensa de Puigdemont había pedido este retraso para poder presentar observaciones por escrito.

Su abogado Simon Bekaert confirmó que la Fiscalía belga aboga por entregar al Estado español al president por los delitos que recoge la euroorden dictada en su contra, sedición y malversación.