La reforma de la ley que regula el seguro de desempleo (assurance chômage en francés), cuya primera fase entró en vigor ayer, ha recibido duras críticas de los sindicatos, porque, como señaló Laurent Berger (secretario general de CFDT), consideran que se pone en marcha «un sistema para incrementar la pobreza». Por su parte, el Gobierno de Emmanuel Macron sostiene que servirá para reducir el número de personas en paro, que son 5.836.000 sumando las tres categorías (A, B y C), según los datos publicados por el Polo de Empleo la pasada semana.

Después de que el pasado invierno no se alcanzara un acuerdo en las negociaciones con los agentes sociales –sindicatos y patronales–, el Ejecutivo decidió seguir adelante con esta reforma aprobando dos decretos el pasado verano.

A partir de ahora será más difícil acceder a una prestación por desempleo, lo que el Ejecutivo presenta como un acicate para que la gente busque un nuevo trabajo. Además, pretende eliminar el endeudamiento del Unédic, el organismo que gestiona este régimen.

Por ejemplo, para obtener una “indemnización” será necesario haber trabajado al menos seis meses en los últimos 24, en lugar de cuatro en los últimos 28.

Y el umbral para “recargar” esa cuenta será de seis meses, cuando hasta ahora bastaba con uno. Este mecanismo permite alargar la duración de la prestación cuando un demandante de empleo vuelve a trabajar.

De esta manera, la reforma vacía de sentido el propio principio de los «derechos recargables», por el que, teóricamente, el desempleado puede acumular los nuevos derechos derivados de un corto período de actividad con aquellos que no hubiera consumido en la fecha de su vuelta al trabajo.

Cientos de miles de afectados

Los responsables de Unédic consultados por AFP opinan que esto podría tener un impacto significativo en el número de solicitantes de empleo que reciben prestación, en particular entre los jóvenes que tienen derechos más limitados con salarios de referencia más débiles.

Durante el primer año de la reforma, 200.000 personas se verían privadas de ese derecho –aunque no se les impide registrarse en el Polo de Empleo, no recibirán indemnización como el 30% de los inscritos actualmente– porque no alcanzarán los seis meses necesarios; 210.000 sí tendrían derecho pero comenzarían a cobrarlo más tarde –con un retraso de cinco meses de media–; y 300.000 verían disminuir un poco la duración de su prestación.

Un total de 710.000 personas, lo que supone que esta reforma tendrá un impacto negativo en uno de cada dos nuevos demandantes de empleo.

«Cuando el mercado (laboral) es dinámico, hay que regresar al empleo. Hay 700.000 ofertas de empleo disponibles ahora mismo» en el Polo de Empleo, justificó Muriel Pénicaud, la ministra de Trabajo.

«Incluso con seis meses, somos uno de los países más generosos de Europa», añadió.

Otra medida incluida en este paquete es la disminución progresiva de las ayudas en un 30% después de seis meses para los solicitantes de empleo menores de 57 años cuyo salario sea superior a los 4.500 euros brutos.

Otra andanada en abril

Al valorar la reforma impulsada por Macron, el secretario de la CFDT, el sindicato mayoritario en el Estado la calificó de «matanza» que enviará a la pobreza a los parados. «Cuando vas a recibir una prestación que supone un 50% menos de lo que recibías anteriormente, eso empieza a colocaros en una situación difícil», indicó Berger.

A los sindicatos también les preocupa mucho el conjunto de medidas que se aplicará a partir del próximo 1 de abril sobre el cálculo de la indemnización.

Serán menos quienes puedan beneficiarse del «acumulado desempleo-paro» que permite compaginar un pequeño ingreso laboral y una prestación.

Por otro lado, se ha abierto la posibilidad a quienes dejan su trabajo con el objetivo de poner en marcha un proyecto profesional de recibir, bajo ciertas condiciones, una prestación.