Iker BIZKARGUENAGA
BILBO
FRANCISCO GONZÁLEZ DECLARA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El BBVA busca salvar su imagen tras chapotear en las cloacas de Villarejo

Después de dos horas y media de declaración judicial, Francisco González sostuvo que el BBVA «ha trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar». Sin embargo, su imputación y la de otros directivos por su relación con José Manuel Villarejo apuntan a que el banco se manejaba a la perfección en el turbio mundo donde reinaba el comisario.

Hace poco más de un año, coincidiendo con la publicación en medios digitales de una serie de informaciones que pretendían poner en un brete al Gobierno de Pedro Sánchez, en estas páginas hicimos un repaso de la trayectoria de José Manuel Villarejo y de su amplia experiencia en las cloacas, ese lugar fuera de foco donde se muñen los asuntos que realmente lubrican el engranaje del Estado. Parte de lo que en ellas se esconde está saliendo a la superficie a causa de la instrucción del «caso Tándem», que investiga las actividades del comisario. Y entre la cochambre que está aflorando brilla con luz propia la vinculación del BBVA con esa «estructura paraestatal», en palabras del juez Manuel García Castellón.

El instructor del caso ha abierto una pieza separada, la número 9 del sumario, cuyo objetivo es desentrañar las actividades desempeñadas por el policía en favor del banco durante más de una década, por la que habría facturado en torno a diez millones de euros. En concreto, la relación entre el BBVA y Villarejo habría comenzado en 2004, cuando la constructora Sacyr intentó sin éxito hacerse con el control de la entidad, gracias a la recomendación de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco y excomisario de Policía. Corrochano ya compareció por ello ante el juez, que le puso una fianza de 300.000 euros.

Varios directivos encausados

Y siguiendo esa línea de investigación, ayer García Castellón tomó declaración a Francisco González, presidente de la entidad hasta hace solo unos meses, en calidad de investigado por delitos de cohecho y revelación de datos. Lo hizo después de que la Fiscalía Anticorrupción instara a su imputación el jueves.

Tras dos horas y media de comparecencia, el banquero hizo una declaración a los medios y, aunque no dio detalles del interrogatorio por estar la causa bajo secreto, dijo que había contestado a la preguntas «con toda transparencia y claridad», y sostuvo que «una vez que termine la investigación quedará claro que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar».

Eso es algo que está por ver, pero de momento tanto el banco como persona jurídica –sus representantes deberán comparecer mañana– como varios de sus directivos han sido imputados en esta causa, y están siendo citados a declarar. Algunos han optado hasta el momento por acogerse a su derecho a no testificar con el argumento de que esta pieza permanece secreta, pero otros sí que han declarado. Es el caso de Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte –sociedad participada por el BBVA–, que fue destituido en julio tras conocerse su imputación. Béjar ya ha comparecido en cuatro ocasiones ante García Castellón y, según fuentes judiciales, habría aportado varias pruebas que han permitido ampliar el número de imputaciones y que han estrechado el cerco sobre González.

Además del expresidente, ayer también declaró, aunque como testigo, el exdirector de comunicación del banco –y ex jefe de prensa de la Casa Real española– Javier Ayuso, que, según indicaron a Efe fuentes que siguen el proceso, contestó a preguntas de los fiscales sobre el conocimiento que tenía de los trabajos de Villarejo dada su labor de investigación como periodista de “El País”, por la que presuntamente fue amenazado por el comisario.

Antes que él declaró el inspector de policía jubilado Antonio Bonilla, imputado en varias piezas del «caso Tándem» y que anteriormente ya había explicado al juez que parte del dinero que cobró de la empresa de Villarejo fue por elaborar informes de “riesgo país” para el BBVA, lo que provocó que el fiscal sugiriese su imputación en la pieza que gira en torno al banco.

¿Testificará Carlos Torres?

También están encausados Juan Asúa, asesor del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, y Eduardo Arbizu, responsable de Regulación y Control Interno hasta su cese en julio. Ambos han sido citados para hoy, igual que Manuel Castro, exjefe de Riesgos del banco, y los responsables legales José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega.

El testimonio de Asúa es el que más interés despierta, no solo por su cercanía con Torres, sino también porque es de los pocos que sigue en primera línea y porque tiene la responsabilidad de coordinar el informe “forensic” que la entidad encargó a Garrigues, Uría Mendéndez y Price Whaterhouse Coopers.

Fuentes conocedoras del caso especulaban ayer sobre la posibilidad de que su declaración permita al juez ampliar la lista de imputados en este caso, y no descartaban que pueda ser citado a declarar el propio Torres, que desde que fue aupado a la presidencia se fijó como principal objetivo atajar el escándalo.

Este estalló el 24 de mayo de 2018, cuando el diario “Público” difundió las primeras facturas que recogían pagos del BBVA a una empresa de Villarejo, Cenyt, por importe de 242.000 euros para descubrir material contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc, acusado de extorsionar al banco. Desde entonces, la bola no ha hecho más que crecer.

Así, González anunció por sorpresa en setiembre que adelantaba su marcha de la entidad al 31 de diciembre y, solo unos días después, el 9 de enero de 2019, las webs Moncloa.com y El Confidencial publicaron que el BBVA había ordenado 4.000 pinchazos a empresarios, políticos y periodistas. Aparecen, además, supuestas grabaciones del exjefe de Seguridad hablando con Villarejo sobre las presiones del entonces presidente para obtener los datos requeridos.

 

Pérez ejercerá la acusación en el presunto espionaje de Iberdrola

El BBVA no es la única firma de origen vasco vinculada a la trama liderada por Villarejo, ya que varios medios han señalado a Iberdrola como otro de sus clientes. En concreto, “Público” desveló en octubre que la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán pagó a Cenyt más de un millón de euros durante 13 años por varios conceptos, entre ellos, el presunto espionaje a líderes políticos y vecinales opuestos a una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera. Al respecto, GARA informó la semana de que Xabier Sagredo, presidente de la Comisión de Auditoria y Supervisión del Riesgo de Iberdrola –y también de la Fundación BBK– había ordenado una investigación para atajar los daños. Y ayer “El Confidencial” publicó que Iberdrola pidió a Villarejo que espiara al presidente de ACS, Florentino Pérez, para evitar que la constructora entrara en su consejo de administración en 2009.

Según el digital, la dirección de la empresa energética encargó al policía que encontrara datos comprometedores sobre la vida privada, la gestión o los negocios particulares del empresario, al objeto de usar luego esa información para amenazarle con difundirla si no frenaba su ofensiva. ACS llegó a controlar el 20,2% del capital de Iberdrola.

ACS informó ayer de que el también presidente del Real Madrid se personará como acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. El objetivo es poder ejercitar acciones penales y civiles contra quienes resulten responsables de dichos actos, «entre los que podrían estar incluidos –apunta el comunicado–, el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva».I.B.