El Gobierno de Gasteiz siempre ha destacado por utilizar unos criterios bastante particulares para presentar las cuentas públicas. Algo que le permite, por ejemplo, presumir de unos presupuestos con un gran gasto social. Para 2020 anuncia que casi 8 de cada 10 euros se invertirán en ese apartado. Por una parte, considera casi todo gasto social, pero por otra, olvida contabilizar gastos que también financia mediante el cupo, pero que no son precisamente sociales: Corona, Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, etcétera.

Ahora que la emergencia climática se ha convertido en una cuestión política central y en una prioridad en la agenda de todo el mundo, el Gobierno de Lakua, siempre sensible a los cambios en la opinión pública, se afana en reforzar su perfil medioambiental. Por ello en la presentación del presupuesto, además de destacar el gasto social, ahora también subraya la proporción de gasto «sostenible». Y de la misma manera que hace con el gasto social, el dinero contabilizado como «gasto verde» incluye partidas que difícilmente pueden considerarse como tales. Quizás la más llamativa sea la del Tren de Alta Velocidad con un gasto de 95 millones, un proyecto que como se ha demostrado repetidamente en nada contribuye a la movilidad sostenible, aunque sea un tren eléctrico.

Que un Gobierno intente capitalizar sus decisiones políticas es algo lógico y comprensible. Más discutible es que pretenda atribuirse el mérito de iniciativas de otros, solamente porque ha dado apoyo financiero. Pero lo que es inadmisible es que utilice recursos públicos para confundir a la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de sus políticas. Una actitud poco ética, además de irresponsable, especialmente si tenemos en cuenta que se está hablando de una emergencia real y palpable, no de una campaña de marketing. Mejor haría en utilizar los recursos públicos en hacer pedagogía sobre la amenaza climática. Eso sí sería una buena inversión sostenible.