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MOSCÚ EN EL FOCO INTERNACIONAL

Rusia, excluida durante cuatro años de todo evento deportivo universal

La Agencia Mundial Antidopaje decidió ayer por unanimidad que Rusia no podrá participar ni acoger ninguna competición internacional durante cuatro años. La mayor sanción de la historia del deporte afecta, entre otros, a los próximos Juegos Olímpicos de verano (Tokio 2020), de invierno (Pekín 2022) y al Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

En una reunión extraordinaria celebrada en Lausana (Suiza), el comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió ayer que durante los próximos cuatro años la bandera y el himno de Rusia no estarán presentes en ninguna competición deportiva de carácter universal. No obstante, los atletas rusos que puedan demostrar que no han violado el código internacional antidopaje podrán competir bajo un estatus neutral, es decir, sin bandera o himno.

Esta decisión de la AMA puede ser recurrida en un plazo de 21 días ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), lo que haría que las sanciones no fuesen aplicables hasta que ese organismo las confirme. En cualquier caso, no serán aplicables en eventos deportivos no universales, como es el caso de la Eurocopa 2020 que organiza la UEFA, y una de cuyas sedes es San Petersburgo.

La decisión de la AMA viene motivada por la falsificación de muestras y de datos de los controles antidopaje que la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada) le envió a principios de este año. La entrega de esos datos almacenados en los laboratorios de Moscú era la condición que puso la AMA, a finales del año pasado, para levantar la suspensión a la Rusada.

Dimensión geopolítica

El llamado «escándalo del dopaje ruso» comenzó en 2014, el año de los Juegos de Invierno de Sochi, un evento en el que Putin invirtió más de 50.000 millones de dólares para marcar el retorno de Rusia a la escena global como superpotencia. Las acusaciones fueron alimentadas por el testimonio de Gregory Rodchenkov, que dirigía el laboratorio antidopaje ruso de Moscú, y que aseguró que el Ministerio de Deporte y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (antiguo KGB) habían establecido un sistema de dopaje de Estado que pasaba por la manipulación y el encubrimiento de analíticas positivas de atletas rusos.

Rodchenkov, que tras las revelaciones voló a EEUU y está bajo el programa de protección de testigos de aquel país (aunque ha dado entrevistas exclusivas a medios como "The New York Times"), fue una fuente creíble para el Comité Olímpico Internacional (COI), a pesar de que las autoridades rusas tengan abiertas causas judiciales contra él. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó al científico de ser una persona «mentalmente inestable» y de estar «manipulado» por los servicios secretos de Washington.

Cinco años de escándalo

Inmediatamente después, la AMA suspendió a la Agencia Antidopaje de Rusia y en diciembre de 2015, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) oficializó la suspensión por un tiempo indefinido de la federación rusa. En junio de 2016, en una decisión histórica, la IAAF decidió dejar a los atletas rusos fuera de los Juegos de Río de Janeiro. En diciembre de 2017, el COI sancionó al comité olímpico ruso pero dejó en manos de las diferentes federaciones internacionales la decisión de dejar participar o no a los atletas rusos que estuvieran «limpios».

En setiembre de 2018, en una controvertida decisión, la AMA recomendó la readmisión de la Rusada, a pesar de que esta no había permitido el acceso al laboratorio analítico de Moscú. La única y estricta condición era precisamente ese acceso.

Finalmente, tras una larga disputa la Rusada aceptó enviar los datos brutos de miles de análisis de su propio laboratorio a la AMA en enero de este año. Nueve meses después, en setiembre, el exdirector general de la AMA, David Howman, confirmó que esos datos fueron manipulados, al parecer tras compararlos con las copias que recibió en 2015 de manos de Rodchenkov. Finalmente, la Agencia Mundial Antidopaje publicó su informe y propuso la sanción, confirmada ayer de forma unánime por su comité ejecutivo, según la cual se impone la exclusión de Rusia durante cuatro años de todas las competiciones internacionales.

Orgullo nacional herido

Como era previsible, la imposibilidad de ver la bandera o escuchar el himno nacional de Rusia en la escena deportiva global ha levantado ampollas y ha herido el orgullo ruso. Sus líderes hablaron de un «complot», de querer arrodillar y mantener a la defensiva a su país. En palabras del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, la decisión del comité de la AMA no puede basarse en la idea de que «dos países, digamos Rusia y China, son culpabilizados de todo y de romper con todas las normas, mientras el resto vive cumpliendo con las normas que ellos han escrito sin preguntar a los demás».

Se puede discutir, hay muchas razones para ello, si las normas antidopaje en el deporte de élite tienen sentido y si todos los atletas compiten de acuerdo a las mismas. Se pueden recordar también, por ejemplo, los casos del velocista Ben Johnson o del ciclista Lance Armstrong. Pero esas normas no son imposibles de cumplir y su aplicación no está politizada per se. Cambiar tests de orina o datos históricos de atletas ni es un comportamiento normal, ni puede ser atribuido –si las pruebas se confirman sólidas– a la teoría del complot, a una operación para tumbar el prestigio de Rusia.

 

AMA, árbitro global contra los tramposos

El deporte internacional necesita un árbitro, una institución que haga seguimiento y coordine la lucha contra las trampas en el deporte, incluidas las del dopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, creada hace 20 años bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional, es el único capaz de hacer imponer sus recomendaciones y decisiones a las federaciones internacionales. Es, sin duda, un árbitro con un poder fuera de lo común, con capacidad para prohibir a países enteros su participación en competiciones internacionales.

En teoría juez independiente y libre de toda influencia externa, no faltan voces, en este caso rusas, que tildan sus métodos como defectuosos y poco o nada transparentes, al limitarse a publicar solo las conclusiones de sus investigaciones. También critican que sus normas (como cuando autoriza la utilización terapéutica, las excepciones al uso de sustancias y métodos prohibidos sin consecuencias legales) son parciales.GARA