Un recuento nocturno realizado por el Centro de Documentación y estudios SIIS en 2018 en la CAV, contabilizó 3.007 personas en situación de exclusión residencial grave. De todas ellas, el 17,8% fueron localizadas en las calles de alguno de los 26 municipios en los que se llevó a cabo el trabajo de campo. El 82,2% restante pernoctaba en los diversos recursos de alojamiento repartidos por los tres territorios.

Las fuentes consultadas por GARA para analizar esta problemática aseguran que el número de personas que duerme en la calle es mucho mayor. Por una parte, porque en ese estudio solo se contabilizaron 26 municipios, y por otro, porque mucha gente se esconde en lugares donde las personas que cuentan no les encuentran. Diversas asociaciones trabajan para apoyar y poder dar una alternativa a esta gente. Estos esfuerzos se unen a los centros y servicios de diferentes instituciones, que tal y como señalan los miembros de las asociaciones son «insuficientes» en muchos casos.

En Gipuzkoa se encuentra Arrats, una asociación nacida en 1999 que trabaja contra la exclusión social en varios ámbitos, entre los que, aparte de ayudar a las personas sin hogar, destacan un proyecto para mujeres que ejercen la prostitución y la ayuda a personas que están en la cárcel. Aunque su labor se sitúa especialmente en Donostia, se extiende a todo Gipuzkoa.

Esta asociación gestiona dos centros municipales de la capital guipuzcoana para personas en situación de exclusión social. El Hestia funciona durante el día y según explica Jose María Larrañaga, miembro de Arrats, las personas que están en la calle pueden acercarse a tomar un café, estar un rato en caliente, cargar el móvil, conectarse a internet, hacer algún trámite o ser atendidos. Por otro lado, el Gaueko ofrece cena, una cama para dormir y desayuno, y acuden entre 20 y 30 personas cada día.

Falta de recursos

Larrañaga, denuncia la falta de recursos en el resto de municipios de Gipuzkoa, y asegura que, por ello, llega mucha gente de otros pueblos a Donostia, «donde también harían falta más recursos». «Un municipio con más de 20.000 personas debe tener un albergue, y si hay menos habitantes debe de haber un albergue mancomunado, pero esto no se está cumpliendo», lamenta.

Asimismo, Itxaso Agirre, representante de la Red de Acogida Ciudadana, también denuncia la falta de recursos, y explica que en Donostia solo hay un comedor social, que es de Cáritas, con una comida caliente al día. Según cuenta, ha habido momentos en que la lista de espera ha sido de dos meses por falta de plazas. Por ello, exige al Consistorio que habilite otro comedor social y que incluya en los presupuestos una partida «específica para atender a las personas sin hogar».

La Red de Acogida Ciudadana se creó en junio del 2018 cuando varias entidades y ciudadanos se juntaron para dar apoyo a la gran cantidad de migrantes que llegaban a Donostia. Desde entonces trabaja especialmente con los migrantes que son más vulnerables.

Según explica Agirre, el trabajo que hacen es «muy variado». «Recogemos y repartimos ropa, mantas, móviles, bicicletas o comida; damos clases de idiomas; acompañamos a citas con el médico, Lanbide o asistentes sociales; ayudamos en la búsqueda de un alojamiento; orientamos sobre los recursos que hay; denunciamos injusticias; mediamos con las instituciones... Pero sobre todo, escuchamos y damos apoyo. Yo creo que no sentirse solo y estar acompañado es lo más importante», subraya Agirre.

Ambas organizaciones denuncian los largos tiempos de espera que sufren estas personas. Agirre sostiene que, a veces, las citas con el asistente social se demoran hasta 2 meses, o que los chicos y chicas que salen del centro de menores pueden tardar hasta 6 meses, en algunos casos más, para poder optar a la ayuda que les permita alquilar un piso.

Larrañaga lamenta el tiempo de espera desde que una persona pide una ayuda hasta que se le concede. «Con la nueva normativa del Gobierno Vasco hay que hacer una serie de valoraciones que alargan los tiempos de la gente en la calle. Está bien que haya unos criterios, pero si la consecuencia es esta, algo estamos haciendo mal», señala.

Bilbo

Bizitegi, que nació en la década de los 80 en el barrio bilbaino de Otxarkoaga, es una de las asociaciones que trabaja en la capital vizcaina. Cuenta con un alojamiento nocturno con 83 plazas, que acogió a 431 personas en 2018; un servicio residencial con 85 plazas en diferentes puntos de Bilbo, que acogió a 96 personas; y un centro de día con actividades normalizadoras y rehabilitadoras con 136 plazas, que atendió a 226 personas.

Por otro lado, también tienen un servicio de intervención social y comunitaria que atiende a personas sin techo en Bilbo. Esto se divide en el equipo de atención en la calle, que atendió en 2018 a 500 personas, y el equipo de acompañamiento educativo, que atendió a 650 personas.

Pablo Ruiz es director técnico de Bizitegi y menciona que hay casos que son «muy diferentes». «Por una parte, por ejemplo, están jóvenes que vienen de África, que tienen una carrera universitaria y han sido seleccionado por su pueblo para venir a Europa. Este joven solo necesita una oportunidad para poder salir adelante. Sin embargo, en el otro extremo están las personas que han tenido un proceso de pérdida vital de muchos años, son mayores y tienen alguna enfermedad. Esta persona lo que necesita es que generemos un contexto en el que pueda tener la mayor calidad de vida posible, pero nunca podemos pretender que esta persona tenga una vida independiente», explica.

Dignidad

En lo observado desde su experiencia, Ruiz destaca el valor que tiene la dignidad en estos procesos y asegura que no hay construcción posible de una vida mejor «que pueda no cimentarse sobre el sentido de dignidad de la propia personas». «Nadie puede decidir cuáles son los elementos de dignidad de otra persona, la solución pasa por preguntar y entender que es lo que necesitan las personas para poder dar soluciones a cada una. Sobre la dignidad se construye todo lo demás», concluye. El director técnico de Bizitegi lamenta que la vivienda se haya convertido «en un producto relacionado con lo económico y la riqueza» y este dejando de ser «algo que sirva para que las personas vivan».

Ruiz, también recuerda que la falta de un techo no es el único problema relacionado con el hogar, «y puede que no sea el más grave». En este sentido explica que hay muchas mujeres que viven bajo un techo en una situación de «maltrato constante» y aguantan ahí «porque la alternativa la valoran como peor».

Iruñerria

En Iruñerria, la fundación Gizakia Herritar ha detectado a unas 70 personas que viven en la calle. Esta fundación lleva desde 2009 el comedor Paris 365, que en los últimos 10 años ha atendido a más de 9.000 personas en exclusión social. Ahora, los problemas económicos pueden hacer desaparecer el proyecto.

El principal programa del Paris 365, es el programa de alimentación, que se divide en tres partes. Por un lado, facilitan tres comidas al día los 365 días del año a aquellas personas que no pueden acceder a una alimentación adecuada. Por otro, tienen una “despensa solidaria” que se según Patxi Xabier Lasa, presidente de la fundación, «trata de afrontar varias de las debilidades presentes en el ámbito de la distribución de alimentos, logrando con ello una atención más adaptada, más ética y menos asistencialista». Y la tercera, consiste en facilitar una sopa muy concentrada y unos kits de emergencia a personas que duermen en la calle

Además de esto, cuentan con otros programas como el de viviendas compartidas, infancia, ocio, formación, empleo… En 2018 la fundación atendió a 1.600 personas entre todos los programas y recursos de emergencia.

Sobre el perfil de personas que acuden a Paris 365, Lasa asegura que no es un perfil único y que en su mayoría son personas «en situación de exclusión con una tendencia creciente hacia la alta exclusión». «Personas sin ingresos, que carecen de documentación legal, no empadronadas, en trámite de solicitudes de refugio, personas que viven en una habitación y carecen de cocina...».

«En muchos casos somos una palanca, una mano solidaria, un agarradero para muchas personas que pasan por una situación límite. Pretendemos cubrir una parte de las necesidades básicas que toda persona debiera tener garantizadas por las instituciones. Somos conscientes que en esta situación somos parches para aliviar la situación de muchas personas empobrecidas», subraya Lasa.