El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (EKGK-CSCE) valoró la aprobación de la nueva ley por parte del Parlamento de Gasteiz como «un hito significativo en la línea de reforzar el movimiento cooperativo vasco». Además de repasar algunos de los aspectos de la nueva normativa que considera más positivos en un comunicado, el CSCE se congratuló por el «amplio consenso político».

Actualmente, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están radicadas unas 1.600 cooperativas, que generan alrededor de 60.000 empleos, lo que supone el 6% de la población ocupada.

La nueva ley, que unifica las normativas sobre cooperativas aprobadas en la CAV desde la legislación de 1993, fue aprobada en la sesión plenaria de ayer con los votos de PNV, EH Bildu, PSE y PP, mientras que Elkarrekin Podemos se posicionó en contra en algunos artículos y en otros optó por abstenerse.

Responsabilidad

Entre las novedades introducidas, destaca que socias y socios no tendrán que responder con su patrimonio personal en caso de pérdidas económicas de la sociedad cooperativa; solo lo harán con las aportaciones que hayan realizado a la empresa.

A partir de ahora, la responsabilidad de cada cooperativa está limitada por su capital social, y la de cada socio por sus aportaciones. Unicamente en caso de que un socio haya asumido expresamente mediante contrato otras obligaciones que superen su aportación a la cooperativa deberá responder con su patrimonio personal.

Se apuesta por la paridad de mujeres y hombres en los consejos rectores. También se otorga mayor flexibilidad de autorregulación a las cooperativas en sus reglamentos internos, se recoge la regulación de las cooperativas pequeñas y se incluye a representantes de las diputaciones forales en el CSCE.

El pleno del CSCE lo componían hasta ahora 7 representantes de las federaciones de cooperativas (6 de Erkide y 1 de FCTE), 3 del Gobierno de Lakua y 3 de las universidades (UPV-EHU, Mondragon y Deusto).

Además, se crean nuevas figuras como las “junior cooperativas”, que serán de carácter educativo, puesto que estarán integradas por estudiantes como parte de su formación académica y bajo tutela del centro académico correspondiente.

Divergencias

Durante el debate del proyecto en comisión, una de las cuestiones que generó polémica fue la reclamación de EH Bildu de que el movimiento cooperativista tuviera representación en el Consejo de Administración de Lanbide, lo que rechazó la patronal Confebask. Finalmente, esta cuestión no se incluye en la ley al oponerse PNV, PSE y PP.

A este respecto, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi comentó que «la mayoría parlamentaria ha manifestado su disposición favorable a la presencia del cooperativismo vasco en el Consejo de Administración de Lanbide», aunque «ha considerado que la nueva Ley de Cooperativas no es la vía jurídica adecuada para ello».

No obstante, señaló que «se trata de una reivindicación legítima» que «debe ser atendida en un futuro próximo».

Lanbide es el órgano público que diseña e implementa las políticas de empleo de la CAV. En su Consejo de Administración están representados el Gobierno de Lakua, Confebask como única patronal, y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT.

Durante el pleno, EH Bildu puntualizó que decidió dar su respaldo a la ley porque mejora la cobertura legal de las cooperativas, pero que el suyo era un voto «crítico» porque hay aspectos que no comparte. Larraitz Ugarte reiteró la posición del grupo soberanista en torno a Lanbide y, además, lamentó que no se planteen medidas contra el fraude y que se haya perdido la ocasión de mejorar la figura de las cooperativas en las contrataciones públicas.

Por Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra explicó que no apoyan esta ley porque será «peor» que la que está vigente. «Será mejor para las grandes cooperativas y peor para el cooperativo pequeño», subrayó.