La Comisión Europea dio el pasado viernes «luz verde» a la operación por la cual ACS venderá, a través de su filial de concesiones Iridium, el 74% del capital de los tramos de autovía de peaje en sombra que tiene en concesión en el Estado español al fondo Hermes, según informó la compañía que preside Florentino Pérez. Una de los viales es el tramo Iruñea-Esa de la Autovía del Pirineo.

Esta cartera de activos cuenta con un valor conjunto de 950 millones de euros e incluye la Autovía del Pirineo en Nafarroa, dos autovías en Catalunya (Eix Diagonal y Reus-Alcover), una en Castilla la Mancha (Autovía de la Mancha), otra en Castilla y León (Autovía de los Pinares) y una sexta en Galicia.

Bruselas ha concluido que esta transacción no plantea problemas de competencia en el bloque comunitario por el impacto «limitado» que tendrá sobre el mercado. Las autoridades de Competencia del Ejecutivo comunitario han evaluado la operación a través del procedimiento simplificado de control de concentraciones, que se utiliza en los casos menos problemáticos.

En verano de 2018 se supo de la intención de ACS de deshacerse de las autovías con peaje en sombra que poseía. El peaje en la sombra es un sistema por el que la empresa adjudicataria construye la carretera y financia las obras, y recibe anualmente de la administración un canon en función del tráfico y la disponibilidad. El Gobierno navarro también utilizó este sistema en la Autovía del Camino (A-12).

Iruñea seguirá pagando

La Autovía del Pirineo fue construida entre 2005 y 2012 con una inversión de más de 370 millones de euros, y su concesionaria la integran Construcciones Mariezcurrena S.L., Construcciones Luciano Elcarte S.L. e Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. El plazo de concesión, que comenzó en 2009, finaliza el año 2039. La venta de la infraestructura no modificaría dicho plazo y el Ejecutivo de Iruñea seguiría pagando al nuevo propietario –el fondo Hermes– el correspondiente canon.

Poco antes de que se conociese la decisión de la Comisión Europea, se supo que el Tribunal Supremo español ha desestimado definitivamente la pretensión de la concesionaria de la A-21 de que el Gobierno foral le abonase 325,9 millones de euros por el perjuicio causado al no haberse ejecutado varios tramos de esta vía que corresponden al Estado.