Los autos con los que el Tribunal Supremo español aplicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras no tienen desperdicio. No solo por la flagrante vulneración de los derechos políticos del líder de ERC y por la torticera y desobediente aplicación de la doctrina del tribunal comunitario, sino también porque es una ocasión de oro para comprobar el escaso apego del Estado español a sus compromisos internacionales, así como la facilidad con la que sus propios tribunales se deslizan por la pendiente del euroescepticismo. Será uno de los fenómenos a seguir durante la recién estrenada legislatura española.

Las filigranas jurídicas son numerosas, pero la cuestión de fondo es palmaria. El TJUE reconoció la condición de eurodiputado de Junqueras y dijo que debía habérsele puesto en libertad para que formalizase su cargo. Ello le hubiese llevado a la inmunidad completa, por lo que el supuesto de nulidad es evidente: el TS no podía dictar sentencia en su contra sin antes pedir permiso –el suplicatorio– al Parlamento Europeo. Algo que hubiese obligado a la Eurocámara a votar sobre el conflicto entre Catalunya y España, con un resultado incierto. El TJUE lo hizo además arguyendo que un candidato es eurodiputado desde el momento en que así lo vota la ciudadanía, al margen de los trámites a los que luego obligue la ley estatal. Hay que decirlo más: el máximo interprete de las leyes europeas ha defendido que, en este punto, el principio democrático prevalece sobre el principio de legalidad.

Ante ello, el Supremo no solo opta por denegar cualquier derecho a Junqueras, algo esperable, conocidos los antecedentes. El TS también se permite el lujo de criticar al TJUE por «deconstruir» la norma europea e «inutilizar» la legislación española. Igual que con sus evaporados principios democráticos, el Estado español no va a tener reparos a la hora de sacrificar su posicionamiento en Europa a cambio de blindar su unidad. Conviene tenerlo en cuenta.