El Parlamento de Nafarroa aprobó retirar un retrato de Juan Carlos de Borbón de una de sus dependencias por la mañana y sin más preámbulos la decisión se ejecutó a primera hora de la tarde. Un hecho impensable no hace tanto tiempo, cuando el rey emérito era encumbrado como el valedor de la llamada transición española, como su símbolo más importante. Hoy en día crece la certeza de que en realidad estuvo más preocupado por engrandecer su fortuna personal que por el devenir político del Estado español. En cualquier caso, la impecable actuación del Parlamento de Nafarroa debería servir de guía para aquellos que llevan años paseando a Juan Carlos de Borbón por tierras vascas.

No solo ha caído definitivamente la figura del rey emérito. La modélica democracia española ha sufrido estos días otro importante traspiés con la divulgación de unos informes que la CIA elaboró sobre el Estado español en los años 80, en los que se confirma que el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, otra gran figura de la transición, dio su aprobación a la creación del GAL y, en consecuencia, a la guerra sucia contra ETA. Los poderes del Estado organizaron y ordenaron la muerte de ciudadanos vascos. Nada que no se supiera ya, pero esta vez viene con el membrete de la agencia de espías de EEUU. Al mismo tiempo, plantea interesantes preguntas sobre el profundo conocimiento –desde el Gobierno hasta las cloacas– que tenía la CIA sobre lo que ocurría en el Estado español y su papel en todo ello. El informe y la falta de actuación al respecto revelan, asimismo, el escaso respeto que las democracias liberales profesan al Estado de derecho y a los derechos humanos, que tanto defienden en sus discursos.

Tan revelador como lo escrito es el clamoroso silencio con el que se ha recibido la noticia de que un presidente del Gobierno organizara una trama para matar disidentes. Caen los símbolos que ya nadie se atreve a defender, pero la podredumbre del régimen español perdura.