Más de 7.600 residentes han muerto en la comunidad autónoma de Madrid, que tiene privatizados el 95% de sus centros de mayores. La negligencia con la que se los trató exhibe en su versión más cruda a la Sanidad madrileña, pero también puede ser su espada de Damocles hasta el fin de la legislatura..

Esta comunidad ha sido el epicentro de la pandemia en el Estado español y por ello sobre su gestión al respecto ha habido una lupa mayor que en otras ocasiones, en una región en la que la atención mediática y de los votantes suele concentrarse en el Gobierno central y en el municipal.

Esa atención más focalizada expuso la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso especialmente en lo que hace a las residencias de mayores. Los números no juegan a su favor: hay más de 42.000 usuarios de las residencias y fallecieron desde marzo 7.690, casi uno de cada cinco. En todo el Estado el número de residentes muertos es de más de 18.200; por tanto, más de un tercio de los fallecidos están concentrados en Madrid, comunidad que cuenta con 510 residencias, de las cuales 475 son privadas o gestionadas por concesión privada.

Con el correr de las semanas desde que empezaran los brotes de covid-19, muchos de los madrileños con conocidos, amigos o familiares que trabajaban en el sistema sanitario oían lo que luego se haría público: que desde Sanidad se pedía por vías informales a los hospitales que en el triaje hubiera restricciones para mayores. En los peores días de los contagios, algunos supieron que la orden era no ingresar incluso a mayores de 60.

Esto ha sido confirmado a GARA por parte de dos trabajadores sanitarios madrileños que estuvieron en actividad durante el pico de la epidemia: un auxiliar de una UCI móvil y una enfermera de IFEMA. Pero el escándalo de las últimas semanas sobre la gestión de Díaz-Ayuso ha develado una peculiaridad, que es la determinación de no recoger a mayores de las residencias e incluso dejarlos a su suerte.

Durante uno de los plenos de la Asamblea, la presidenta madrileña reconoció que solamente 921 mayores de 70 años con Covid-19 ingresaron en las UCI de la comunidad desde el 1 de marzo. Una cifra exigua que se entiende más cuando se recuerda el texto de un correo interno de la gerencia de Atención Primaria filtrado en los medios, en el que se pide la difusión de los «criterios clínicos y científicos» de selección de pacientes, marginando a los mayores de 80 años con patologías.

«Nunca aparecieron»

Gustavo tiene 40 años y fue contratado en el pico de la epidemia por una residencia ubicada en la zona rural de Getafe, una de las conurbaciones más grandes al sur de la capital. Es auxiliar de enfermería y pide utilizar un seudónimo y no dar más precisiones para evitar recibir represalias. Su testimonio es de lo que vio durante los días del pico de principios de abril en un centro de mayores privado con la mitad de las plazas pagadas por el gobierno regional.

«Cuando comencé, me maquillaron la situación para que aceptara entrar a trabajar rápidamente porque no tenían personal y estaban desesperados. Yo pregunté si había habido muertes por contagios de Covid-19 y me dijeron que no. Pero después me enteré que en las últimas semanas había habido 20 muertos. Y resulta rarísimo que se mueran de tirón tantas personas en tan poco tiempo», certifica.

«El centro no cumplía el ratio de cantidad de sanitarios por residentes exigido y de hecho la recepcionista tuvo que ponerse a currar como auxiliar de enfermería con ese fin», relata.

Donde trabajó Gustavo, los residentes contagiados estaban en el piso de arriba aislados, y los casos sospechosos semiaislados en otro piso. En aquellos días, los contagiados y los que comenzaron a morir no podían confirmar si tenían Covid-19 «porque no les hacían pruebas. Comenzaron a hacer PCR cuando el estado de alarma llevaba más de un mes». Aclara que esos test, así como el personal contratado ante la emergencia, lo pagaron los dueños de la residencia porque «no recibieron ayuda» del Gobierno madrileño.

La única presencia de la Administración pública esos días fue la visita de los bomberos, «cuando pasaron a desinfectar parte de las fachadas, pero tampoco fueron muy exhaustivos». El escenario que recuerda es dantesco: «Los ancianos estaban encerrados y no podían salir al pasillo porque había casos de coronavirus, siempre supuestos porque no se hacía PCR ni tampoco se hizo test a los muertos. Nadie podía salir al patio ni al restaurante, todo estaba cerrado. Las residencias hicieron lo mejor que pudieron porque no recibieron esos días ni ayuda ni aliento de la Comunidad, cero presencia. Cada una la gestionó como pudo y como supo. Los trabajadores estaban muy sobrepasados y nerviosos».

Gustavo recuerda que había muchos mayores muertos en el tanatorio del subsuelo a los que no venían a buscar; los cuerpos se acumulaban en la sala refrigerada. «Hubo una vez que llamaron a Urgencias y no vinieron a buscar al residente, no querían venir para no tener que llevarlos. Daban largas por teléfono o surgían problemas burocráticos. Yo mismo vi a una residente que llevaba oxígeno, que pasaba los días en su cama sin querer comer, y acabó muriendo sola».

«Practicaron la eugenesia»

«Díaz Ayuso tuvo conocimiento de que no se dejaban ingresar a mayores de residencias, porque los hospitales ya han enseñado documentos y su consejero de Políticas Sociales escribió a Sanidad y a la presidenta y pidió que no lo hagan. Esto es ilegal y por eso no descartamos personarnos como acusación popular en las querellas que han presentado algunos familiares al Gobierno madrileño», dice a GARA la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea Paloma García Villa, portavoz en Políticas Sociales y Discapacidad.

García Villa considera grave que ya se haya comprobado que a residentes de las privadas sí los dejaban ser ingresados y cree que las autoridades madrileñas «han cometido un delito al incumplir una orden ministerial en la que se daba potestad a las autonomías a utilizar las camas de la sanidad privada, en donde había 1.100 plazas disponibles y no fueron puestas al servicio de la gente».

«Crearon Ifema prometiendo 5.000 camas y finalmente fueron 1.500, algo inentendible cuando en mitad de la pandemia se hacían fotos llorando allí, vendiéndolo como ‘el hospital del milagro’, y cuando de él se beneficiaron los amigos del PP a través de las empresas que les dieron los servicios de comida, sábanas y limpieza a precios exorbitantes. Y lo cerraron antes para hacer campaña política», señala García Villa.

Preguntada sobre por qué cree que las autoridades del Gobierno madrileño tuvieron esta actitud que a la vista parece hasta políticamente suicida, responde: «Ellos creían que nunca se iba a saber, ha costado incluso que lo reconocieran. Creían que la opinión pública no se iba a enterar y que lo iban a tapar con ‘el milagro’ de Ifema. Intentaron hacer un triaje y querían mantener camas disponibles en la privada, lo hicieron de forma política y se cargaron a grado dos y grado tres de dependencia. Eso no implica sólo a personas mayores, también jóvenes. En algunos de los protocolos incluso hicieron referencia a gente con deterioro cognitivo. Practicaron la eugenesia».

La diputada de UP cree que los exabruptos mediáticos de Díaz Ayuso no son inocentes. «Ella dice cosas extravagantes, como llamar terroristas o decir que sus opositores son ‘peores que le virus‘. Sus ‘ayusadas’ buscan que se hable de ella para que no se hable de su gestión. Entonces en la prensa se citan sus declaraciones incendiarias pero no lo que sucede».

Uno de los elementos más distorsivos del sector de las residencias es que muchas son propiedad de fondos buitres franceses y neerlandeses y también del constructor y presidente del Real Madrid Florentino Pérez, «que saturan los centros y cobran dos mil euros por residente, lo que convierte a todo esto en un negocio en vez de un servicio social».

García Villa considera que el escándalo por la gestión en las residencias «va a ir en aumento» y tiene esperanzas que aporte resultados la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid al respecto, la cual se pondrá en marcha a mediados de julio en forma extraordinaria junto con una comisión de reconstrucción por la crisis. No solamente UP, PSOE y Más Madrid se manifestaron a favor de la comisión, sino también Vox, aliado parlamentario del Gobierno regional.

¿Moción de censura?

La gestión en la pandemia ha debilitado a tal punto al PP que hace días se habla de una moción de censura. El portavoz del PSOE, Angel Gabilondo, criticado por algunos por su oposición en extremo moderada al Ejecutivo de Puerta del Sol, ha dicho que no descarta liderar una moción pero que aún no es el momento. Y también ha reconocido que no ha hablado con Ciudadanos al respecto (su apoyo o el de la ultraderecha es necesario para que triunfe).

La moción de censura sólo puede presentarla quien ostente un décimo de los escaños, por lo que únicamente están habilitados para ello PSOE, Más Madrid y Vox. Ciudadanos hace equilibrio entre mantener la coalición y sostener al consejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero) que se opuso públicamente a las restricciones a ingresar a mayores. No fue cesado porque el acuerdo de investidura impide que Díaz-Ayuso eche a cualquier alto cargo de Cs.

Mientras tanto, la elegida de Pablo Casado en Madrid amaga con elecciones anticipadas como un escudo: sabe que saldría perdiendo Ciudadanos y que ella quedaría reforzada como el principal grupo de la derecha. Sin embargo, su gestión en sanidad apunta a ser un yugo del que Isabel Díaz Ayuso no se va a librar en breve.