Todas las centrales sindicales con representación en Osakidetza, Satse, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT y ESK, han convocado concentraciones el próximo viernes, día 26, a las 11.00 horas, en los hospitales de Basurto, Donostia y Txagorritxu, así como en los Centros de Salud de Atención Primaria, para denunciar «las políticas de recortes del Gobierno Vasco» que a su juicio «han desencadenado un debilitamiento progresivo y preocupante de la sanidad pública vasca». Una movilización conjunta a la que invitan a sumarse tanto a trabajadores y trabajadoras como al conjunto de la sociedad.

Los convocantes explicaron ayer, en un comunicado remitido a los medios, que con esas movilizaciones pretenden revertir esa situación y reclaman al Ejecutivo que, «de manera urgente y sin más dilación», cambie sus políticas públicas en materia de salud en favor de una sanidad pública y de calidad.

Para ello, entienden que debe dotarse a la sanidad pública de una partida económica similar a la media europea, y en materia de empleo precisan que es necesario el aumento de la plantilla, «con la incorporación a la plantilla estructural de los empleos ocultos en fraude» y la «consolidación de trabajadoras y trabajadores eventuales que estabilicen la plantilla y eviten la fuga de profesionales formados por Osakidetza con dinero púbico». De igual modo, piden al Gobierno autonómico la «reversión de todos los recortes» y la «recuperación del poder adquisitivo, el desarrollo profesional y las primas de jubilación anticipada», una demanda que incluye a los servicios privatizados, «con mantenimiento de empleo».

Ante un rebrote y a diario

Ante las carencias materiales y organizativas con las que los profesionales sanitarios han tenido que hacer frente a la pandemia, que han sido expuestas y denunciadas públicamente, los sindicatos también hacen hincapié en la exigencia de «garantizar la salud y la seguridad de la plantilla», tanto ante un eventual rebrote del coronavirus, como en su labor diaria. En este sentido, piden «material de protección suficiente y adecuado para todas las categorías»; valoración de los riesgos laborales en los distintos niveles asistenciales y adopción de medidas preventivas y de protección; evaluación de riesgos sicosociales, incluyendo los derivados de las cargas de trabajo, y la adopción de medidas correctoras.

En la nota de prensa, las centrales afirman que la crisis del covid-19 ha puesto de manifiesto cuáles son los sectores o actividades esenciales para la vida, así como la importancia de los servicios públicos. «En concreto, la importancia de la sanidad pública como un instrumento de bienestar colectivo, un seguro de vida colectivo, que sin duda debemos fortalecer y desarrollar para garantizar el bien común», exponen al respecto.

Asimismo, consideran que en los últimos años, «la sanidad se ha convertido en una fuente de negocio», donde «algunos y algunas han visto la oportunidad de ganar dinero a costa del sistema sanitario». A su entender, esto ha conducido al «debilitamiento de la sanidad pública», cuyas consecuencias «han sido patentes a la hora de hacer frente a esta crisis sanitaria». De hecho, destacan que «ha sido el esfuerzo e implicación de la plantilla el que ha conseguido paliar las carencias de nuestro sistema sanitario, tal y como también sucede en el día a día».

«Una plantilla exhausta»

Los sindicatos enumeran, en este sentido, las condiciones excepcionales en las que todo el personal ha desempeñado su labor durante estos meses de pandemia: «cargas de trabajo inaceptables, falta alarmante de medidas de protección y equipos integrados por personal escaso al que Osakidetza no ha formado ni dotado de medios adecuados ni suficientes para afrontar esta crisis». La consecuencia de ello, apuntan, es «una plantilla exhausta, física y psicológicamente, con una profesional fallecida y más de 2.000 profesionales contagiados por la falta de medidas de protección». Según sus datos, el contagio en el seno de Osakidetza ha sido de tal magnitud que sus trabajadores y trabajadoras han llegado a sumar el 18% del total de casos de la CAV y en algunas OSI la enfermedad ha alcanzado al 20% de la plantilla.

Todo ello, insisten, resultado de las políticas de recortes del Gobierno de Lakua, que «han desencadenado un debilitamiento progresivo y preocupante de la sanidad pública vasca».