Las elecciones del 12J se van a celebrar justo un mes después de que se confirmara que dos exalcaldes jeltzales de Alonsotegi, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, serán juzgados por irregularidades cometidas durante su gestión, que provocaron un agujero de quince millones de euros al Consistorio. Es un asunto que viene de lejos, pero que ha dejado más de un titular en esta legislatura, donde la sucesión de presuntos casos de corrupción ha sobresaltado a la opinión pública en más de una ocasión.

Las irregularidades de la OPE de Osakidetza, que acabaron con la carrera política del consejero Jon Darpón, y sobre todo la sentencia del «caso De Miguel», conocida en diciembre y que fijó fuertes penas de cárcel para tres exdirigentes del PNV de Araba –Alfredo de Miguel (13 años), Koldo Ochandiano (7 años y medio) y Aitor Tellería (6 años y medio)– por cobrar comisiones ilegales, parecían marcar una campaña que estaba prevista para principios de la primavera. Quien más quien menos esperaba entonces que la formación jeltzale adoptaría algún compromiso explícito en esta materia antes de ir a las urnas. Nada más lejos de la realidad.

El PNV ha optado por correr un tupido velo sobre esta materia, hasta el punto de que no solo no la ha citado en lo que llevamos de campaña, a diferencia de otras formaciones, sino que ni siquiera hace mención de ello en su programa electoral.

La lucha contra la corrupción no aparece entre sus cinco compromisos estratégicos, ni en sus quince objetivos de país, ni en sus treinta áreas de actuación, y si hace alguna referencia explícita a ello en sus más de mil iniciativas para la próxima legislatura se ha cuidado mucho de que no sea fácil encontrarla.

A lo más que se acerca es el apartado de “Gestión transparente y responsable”, donde plantea «un modelo de transparencia y de rendición de cuentas, tanto en materia económico-financiera vasca como en la contratación pública». Y en el capítulo dedicado a la Salud, junto a otras cuarenta iniciativas condensadas en 18 páginas, propone «aplicar el nuevo modelo de selección de personal» para «garantizar la transparencia, justicia y equidad en el acceso a las plazas del sistema sanitario público». Quizá sea un guiño por la polémica de la OPE de Osakidetza, pero lo hace de una forma tan vaga e indeterminada que resulta indescifrable.

Y eso que en diciembre Iñigo Urkullu apenas tardó en pedir disculpas a la sociedad vasca tras conocerse la sentencia condenatoria de sus excompañeros.

El lehendakari fue el primer cargo del PNV en salir al paso de aquel fallo de la Audiencia de Araba, al parecer contra el criterio de sus asesores pero sabedor de que su partido y él mismo, pues era su presidente cuando se conoció el caso en 2009-2010, estaban siendo señalados.

Su sucesor, Andoni Ortuzar, fue el siguiente en valorar el fallo, del que insistió que «no es contra el PNV». «La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con el PNV. Al contrario, siempre tendrán al PNV enfrente», apuntó el presidente de EBB, quien también proclamó, «como hemos hecho siempre, que cualquier práctica éticamente reprobable está fuera del ejercicio del PNV».

Resulta, sin embargo, que el «caso De Miguel» es el eslabón más llamativo de una cadena que ha adquirido dimensiones importantes. Y es que el PNV exhibe un buen surtido de presuntos o probados casos de corrupción, algunos tan conocidos como el «caso Balenciaga», el de la Hacienda de Irun, Glass Costa, Margüello, Hiriko, Karrantzako Minda o los casos de los exalcaldes de Mallabia y Bakio, José Luis Pagalday y Txomin Renteria, respectivamente. Además de otros en fase de instrucción o a punto de ser enjuiciados, como el citado de Alonsotegi Eraikiz.

Parece una carga demasiado pesada para aliviarla con una referencia genérica o directamente pasar página. Sobre todo cuando otros grupos sí que han incorporado la lucha contra la corrupción a su agenda de campaña, con propuestas concretas.

Es por ejemplo el caso de EH Bildu, que cuando se produjo la sentencia del «caso De Miguel» registró sendas propuestas para reactivar varias iniciativas sobre esta materia. Maddalen Iriarte propuso entonces crear una Fiscalía Anticorrupción; dotar de más medios a la Fiscalía para Delitos Económicos; crear en la Ertzaintza una unidad específica especializada en la lucha contra la corrupción; establecer mecanismos para acabar con las redes clientelares y poner coto a las puertas giratorias; y acelerar la tramitación de la ley de creación de la Oficina Anticorrupción. Un compromiso que ha reiterado en esta campaña, en la que ha recabado el apoyo de los anestesistas que denunciaron la existencia de filtraciones en las oposiciones de Osakidetza.

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU ha propuesto la creación de un observatorio de contratos públicos y una fiscalía anticorrupción vasca. «En una democracia consolidada, tener el carné de un partido no debería suponer una ventaja para acceder a un puesto público, y conocer a gente en el gobierno no debería ser igual a recibir una y otra vez contratos y dinero público», expuso Miren Gorrotxategi el pasado lunes en Gasteiz.

Una afirmación con la que estarán de acuerdo aquellas personas que el día 12 vayan a ir a votar, y también quienes opten por no hacerlo, pero que a algunos partidos les cuesta horrores poner negro sobre blanco.