El dueño de Verter Recycling, José Ignacio Barinaga, su sobrina y administradora única de la empresa, Arrate Bilbao, y el director técnico del vertedero fueron detenidos ayer por la Ertzaintza, siguiendo órdenes de un Juzgado de Instrucción de Durango, según confirmó el Departamento de Seguridad, cuando la noticia saltó a los medios y después de haber guardado horas de silencio.

Las detenciones se producen más de cinco meses después del derrumbe de miles de toneladas de residuos que el pasado 6 de febrero sepultaron a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, cuyos cuerpos aún no han aparecido a pesar del tiempo transcurrido y de los movimientos de tierras que se han ido acometiendo a lo largo de estos meses.

La causa por el derrumbe se instruye en dos juzgados, en uno de Durango se lleva la desaparición de los dos empleados sepultados por los escombros y en otro de Eibar, las denuncias por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente.

El vertedero de Zaldibar era un agujero en el que se fueron depositando todo tipo de residuos de forma legal y, al parecer, también ilegal, mientras que al mismo tiempo generaba montañas de millones de euros para sus propietarios. Solo en 2017, Verter ganó 1,7 millones, que fue más de lo que Lakua gastó en «gestión de residuos».

Delitos que no vio Lakua

El 7 de junio se conoció que la Unidad Medioambiental de la Ertzaintza veía varios delitos en la actuación de la empresa Verter Recycling en el vertedero de Zaldibar. Pero lo llamativo es que muchas de esas actividades eran conocidas por el Departamento del Gobierno de Lakua que dirige el eibarrés Iñaki Arriola –que reconoció tener amistad con Barinaga– y fueron interpretadas como «desviaciones no significativas o severas».

En la comparecencia del 18 de febrero ante la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, habló de la «existencia de residuos peligrosos no contemplados en la Autorización Ambiental Integrada», «el almacenamiento en el exterior de residuos peligrosos como garrafas y recipientes de graneles» y de que la instalación «no dispone de caracterización sobre la peligrosidad del residuo con entrada». Estas irregularidades, y todo el resto de la lista (rellenos, gases, aguas, lixiviados...), fueron calificadas como «no relevantes», salvo precisamente la que alude a la inexistencia de «caracterización sobre la peligrosidad del residuo».

Sin embargo, el informe de la Ertzaintza no dudó en hablar de indicios de delito, en especial centrados en la falta total de control sobre la entrada de residuos, que hacía que algunos de los interrogados en la investigación hayan aludido a Zaldibar como «el agujero».

También es delito no vigilar

El Ejecutivo ha tratado de señalar a la empresa Verter Recycling como la única culpable del derrumbe. Pero es preciso recordar que, desde la reforma del Código Penal de 2015, también incurren en responsabilidades penales en estos casos las empresas que faciliten desechos ilegales y la Administración como ente encargado de vigilar.

Según el artículo 326.1, pueden ser condenados a entre seis meses y cinco años de cárcel, entre otros, quienes «no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas».

La inspección de los vertederos corresponde en sentido estricto al Departamento de Medio Ambiente, pero la del transporte compete a la Consejería de Seguridad y el control en origen de los residuos depende de Industria.