Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia y la gran mayoría vive en La Guajira, departamento fronterizo con Venezuela que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos habitan en áreas rurales o poblados pequeños y sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras y la pesca. Muchos trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el Gobierno en 2018, el 90% de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

En un informe conjunto, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins dan la voz de alarma ante la alta tasa de desnutrición que azota a esta comunidad, especialmente a la infancia. Una desnutrición, casi endémica, que se ha visto agravada por la pandemia del covid-19 y las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno colombiano.

Según datos del Gobierno, más del 75% de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque su población representa el 42% del departa- mento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira.

En enero pasado, investigadores de ambas entidades entrevistaron a más de 150 personas en este departamento y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del Gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio realizaron otras 42 entrevistas telefónicas.

«Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente. Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del covid-19», subraya José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En el informe se indica que «la mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición», mientras que las actividades mineras «han degradado la calidad del agua y el acceso a esta». En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional.

Según datos oficiales, solo el 4% de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, arrojó que el 77% de las familias indígenas están afectadas por la inseguridad alimentaria; no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable.

Centros médicos alejados

Además, «los centros médicos suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven al viaje o experimentan una recaída tras dejar el centro de atención».

Solo 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención especializada en casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, al norte del departamento y donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene un único hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser trasladados a Riohacha, la capital de La Guajira, «lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación».

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins denuncian que «la corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud».

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. Determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción. .

Otro ejemplo. En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (385.000 dólares) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran «aptos para el consumo» o eran de «mala calidad», según los fiscales.

«A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción», remarca HRW.

«Los efectos económicos y sanitarios de la pandemia podrían ser devastadores si el virus alcanza una mayor expansión en la región», subraya. Hasta el 10 de agosto, se habían confirmado más de 2.700 positivos en La Guajira, incluidos 65 casos entre los wayuu. Para evitar un escenario aún peor, insta al Gobierno a aumentar los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable y elementos de higiene; facilitar pruebas de covid-19; fortalecer internet en zonas rurales a fin de implementar teleconsultas y mejorar el acceso a información; e integrar las creencias y los tradicionales de los wayuu en os centros de salud.

 

Desplazados por el conflicto acampan en el centro de Bogotá

Más de un centenar de indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia permanecen en un campamento improvisado en el parque Tercer Milenio, del centro de Bogotá, a la espera de que la Alcaldía les provea de alojamientos definitivos durante la pandemia del coronavirus.

Las familias llegaron hace ocho meses a la ciudad huyendo de los enfrentamientos en los departamentos de Risaralda y Chocó, pero una vez comenzó la emergencia sanitaria quedaron a la intemperie y sin ingresos. «A principios de enero nos brindaron un techo y alimento por 90 días. Cuando terminó este contrato, la familia embera que no tiene empleo, se quedó sin dinero para pagar su techo», explicó a Efe Eduardo Mamundie, secretario de la comunidad embera chamí. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, sostuvo el miércoles que estas familias indígenas, que tenían como principal forma de sustento la venta de sus artesanías, han recibido ayuda de la Alcaldía. Reconoció, no obstante, que con la pandemia se ha agravado «la situación de ingresos» de estas personas, ya que la venta de artesanías y otras actividades es insuficiente.

Pero arremetió contra lo que considera «ocupaciones ilegales de los espacios públicos». Acusó a varias familias de «exponer a niños y a toda la ciudad de Bogotá a contagios por coronavirus» a pesar de las ayudas recibidas. «Estamos en el pico de la pandemia. Las aglomeraciones en el espacio público suponen riesgos de contagio y en la comunidad que se encuentra hoy en el Tercer Milenio hay al menos siete casos de covid-19 que ellos conocen», aseguró. Incidió en que la Alcaldía ha ofrecido a estas personas trasladarlas al hospital de campaña de Corferias, habilitado para la atención de pacientes con baja sintomatología para que puedan «guardar el aislamiento y no poner en riesgo al resto de la ciudadanía. Quienes están en Tercer Milenio han rehusado la realización de pruebas y reubicarse en los albergues que paga el Distrito», asevera Gómez.

Sin embargo, para Mamundie estas opciones no son permanentes y no les garantizan un alojamiento fijo, que es lo que exigen, ya que no desean seguir viviendo en la incertidumbre. «¿Para dónde nos vamos después?», se preguntó el líder indígena. GARA