Miguel Ángel y Oliva –de 78 y 75 años– se vieron obligados a transferir al Banco Sabadell su piso de toda la vida, con el que habían avalado el crédito para un negocio familiar. A cambio de la dación en pago, pasaban a pagar un alquiler social, que creían que se iría prorrogando. Pero estaban a punto de ser desalojados de la vivienda el 24 de enero.