Miguel Ángel y Oliva son dos vecinos de Irun de avanzada edad: él tiene 78 años y ella 75. Oliva sufre cáncer de pulmón y tuvo que ser ingresada de urgencia en las últimas horas. Por ello, ayer Miguel Ángel se marchó rápidamente al hospital después de explicar ante los medios de comunicación por qué la inmobiliaria Solvia –participada por el fondo Lindorff, del grupo Intrum, y el Banco Sabadell– les quiere echar de su casa.

La comparecencia tuvo lugar ante la sede central del antiguo Banco Guipuzcoano en Donostia, donde Miguel Ángel estuvo arropado por decenas de personas, los colectivos Stop Desahucios, Alokairu-Benta Berri e Inquilinos Azora, así como por representantes institucionales, entre ellos varios concejales de Irun y procuradores de las Juntas Generales de Gipuzkoa, y de varios grupos políticos.

El origen del problema de esta pareja se inicia años atrás, cuando necesitan pedir un crédito para la empresa familiar. El Sabadell se lo concede a nombre del hijo y lo avalan los padres con la vivienda que habían pagado peseta a peseta, euro a euro, en la que viven desde hace más de cuatro décadas.

No consiguen dar la vuelta al crédito y el banco plantea la dación en pago de la vivienda como vía para solventar la deuda. Es decir, que se queda con la propiedad del piso. Miguel Ángel y Oliva aceptan, siempre y cuando puedan seguir residiendo en él pagando un alquiler social de 315 euros.

El 24 de enero de 2018 firman el contrato de alquiler por tres años. «Me di cuenta de que no había opción de prórroga. Pregunté y el del banco me dijo que era un contrato estándar, pero que no habría ningún problema para renovar», comentó ayer Miguel Ángel. Hasta que el pasado 1 de setiembre recibieron un burofax recordándoles que el contrato expira el 24 de enero e instándoles a marcharse. Su pensión es de 1.174 euros y, dadas sus circunstancias, reciben una ayuda de 198 euros del Ayuntamiento de Irun.

Apenas unas horas después de que concluyese la rueda de prensa que tuvo lugar en Donostia, Stop Desahucios comunicaba que «Miguel Ángel y Oliva se quedan en su casa de Irun gracias al apoyo y solidaridad recibidos hoy aquí». Es decir, que el 24 de enero no tendrán que desalojar su vivienda.

No obstante, «el drama de Miguel Ángel y Oliva es el de miles de avalistas hipotecantes», que ven cómo los bancos se apropian de sus viviendas para «especular con su venta o alquiler».