Los grupos PP-Cs y Elkarrekin Podemos-IU presentaron ayer un texto acordado para que el Parlamento de Gasteiz pidiera al Gobierno una «investigación independiente y externa» sobre los contratos por los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con un total de 6,3 millones de euros a 22 consultoras y directivos, por formar cárteles que manipularon licitaciones públicas durante diez años, muchas de ellas con instituciones vascas. EH Bildu y Vox votaron también a favor.

Sin embargo, PNV y PSE lo impidieron. Los partidos que sustentan al Gobierno de Lakua, y también a las diputaciones y los principales ayuntamientos, sostienen que el informe de la CNMC no ha encontrado ninguna connivencia de las instituciones con el cártel de las consultoras. Además, añaden que los organismos propios de control de los contratos no han encontrado tampoco nada ilícito.

PP-Cs, por un lado, y Elkarrekin Podemos-IU, por otro, presentaron sendas mociones para pedir investigaciones sobre estas contrataciones y luego llegaron a un acuerdo para que la Cámara expresara su «profunda preocupación» por estas prácticas cartelistas y mostrara su «firme voluntad de esclarecer la posible implicación por acción o por omisión en posibles irregularidades administrativas por parte de las administraciones públicas vascas».

Proponían instar al Gobierno «a realizar una investigación independiente y externa sobre los contratos gestionados por procedimiento negociado por parte de la administración general de la CAE y el resto de entes públicos y sociedades asociadas al mismo desde 2009 hasta 2018». Además, se exigía que el Ejecutivo autonómico demandara a las empresas en calidad de «perjudicado».

«Parecen defensores»

Por parte de PP-Cs, Luis Gordillo expuso sus argumentos, entre los que se encuentran tres casos en los que una empresa pide cobertura a otras para contratos antes de que el concurso se hiciera público. Criticó que los partidos del Gobierno e incluso el lehendakari, el pasado 28 de mayo, parezcan actuar más como abogados defensores de estas empresas que como perjudicados.

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, denunció que ante un caso de extrema gravedad el Ejecutivo parece querer barrerlo debajo de la alfombra y escurrir el bulto. Ante la previsión de que la iniciativa iba a ser derrotada, el grupo morado ha solicitado una batería de preguntas y comparecencias.

Por parte de los partidos que apoyan al Gobierno intervino primero la portavoz del PSE, Sonia Pérez, que en la pasada legislatura fue consejera de Turismo, Comercio y Consumo. Destacó que en su investigación el CNMC pidió decenas de informes a las instituciones y no encontró ninguna anomalía ni connivencia de la Administración. También resaltó que los órganos de control o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas tampoco detectaron nada ilegal. Sonia Pérez llegó a hablar de «supuesto cártel».

La jeltzale Itxaso Berrojalbiz basó toda su intervención en que la oposición está «especulando con mentiras» y haciendo una «utilización espuria del Parlamento» para tratar de ensuciar la buena gestión que realiza el PNV.

«Órganos inhabilitados»

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona denunció la tardana del Gobierno en reaccionar para considerarse víctima. Luego defendió la necesidad de una investigación externa, porque entre esas empresas, la Administración e incluso los órganos de control hay «mucha puerta giratoria». Considera que los actuales órganos públicos están «inhabilitados» puesto que es evidente que la Oficina de Control Económico del Gobierno no detectó nada durante toda una década, lo que «puede ser por falta de capacidad o porque la dirige Javier Losa, que fue burukide del EBB». Como tampoco vio nada el TVCP, que preside José Luis Bilbao.

En cuanto a la Autoridad Vasca de la Competencia, denunció su relación laboral anterior con empresas de las denunciadas, además de su relación con el PNV y el PSE, para los que han pedido el voto o han sido cargos públicos.

Josu Estarrona apuntó que en el propio informe del CNMC se habla de prácticas institucionales que pueden no ser ajustadas a la normativa vigente. Y a renglón seguido recordó que las propias empresas alegaron ante el TSJPV la connivencia de la Administración.