Carlos Aguiriano González, de 61 años y con esclerosis múltiple, está a punto de ser desahuciado de la casa, propiedad del Obispado de Bilbo, donde ha vivido toda su vida. El 15 de julio será la vista judicial de la demanda de desahucio que ha puesto la entidad eclesiástica. Aguiriano espera poder quedarse en la vivienda donde ha residido de alquiler durante años, regularizando su situación en base a su estado de vulnerabilidad.

Sus padres se fueron a vivir al barrio de Begoña cuando se casaron. Comenzaron a vivir en una vivienda de alquiler, propiedad de una gran propietaria. Esta destinó una parte a un hogar sacerdotal y la otra a viviendas de alquiler para sufragar los gastos del hogar sacerdotal. Al fallecer la propietaria, le legó las dos partes al Obispado de Bilbo y a partir de ahí la gestión la llevó el hogar sacerdotal.

Al principio, el alquiler de la vivienda donde aún vive Aguiriano estaba a nombre de su padre, pero cuando murió en 1996 pasó a nombre de su madre. Ha vivido ahí junto a ella y su hermana. «Mi hermana tenía parálisis cerebral y mi madre siempre ha estado muy delicada de salud. Yo toda la vida me he ocupado de las dos», explica.

Aguiriano trabajaba desde la década de 1980 como traductor e intérprete. Sin embargo, debido al deterioro de la salud de su madre y su hermana, a quien más tarde le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo que dejar el trabajo para poder cuidarlas. Comenzó a trabajar como cuidador no profesional, en arreglo a la ley de dependencia.

Problemas con el contrato

Ya en una situación bastante compleja, todo empeoró en 2011 con la muerte de su progenitora. Aguiriano se puso en contacto con el Obispado para ver cómo podía subrogar el alquiler del piso. «Me dijeron que si lo hacía a mi nombre sería por dos años y luego se extinguiría el contrato. Y si lo hacía a nombre de mi hermana, al ser discapacitada, sería para toda la vida», explica, para indicar después que pensó que lo mejor era hacerlo a nombre de su hermana. Sin embargo, a los siete meses de haber fallecido su madre, murió también su hermana a causa del cáncer.

«El Obispado me dijo que el contrato de alquiler lo habían subrogado a nombre de mi hermana, aunque realmente no habíamos concretado nada. Me dijeron que ya no tenía posibilidad de volverlo a subrogar», detalla, agregando que a partir de la muerte de su madre dejaron de cobrarle el alquiler.

Asegura que en un momento dado le dijeron que se podía hacer un nuevo contrato, «pero actualizado al nuevo mercado». «Yo les dije que sí, siempre que se tuviese en cuenta el estado de la casa, ya que el edificio es del año 1954 y no se han hecho grandes reformas. Además es una casa pequeña. Finalmente, la propuesta se quedó en nada», apunta.

Al mismo tiempo, Aguiriano empezó a notar problemas de salud y, tras un periplo por diferentes centros sanitarios, finalmente le diagnosticaron esclerosis múltiple. «Esto fue un motivo más para la depresión de la que estaba siendo tratado desde los fallecimientos tan seguidos de las dos personas en torno a las que giraba mi vida».

Años a la espera

Al de unos años, el Obispado comenzó a desmontar el hogar sacerdotal y a trasladar a los sacerdotes residentes a otros lugares. Desde ese momento, los pisos del hogar sacerdotal permanecieron vacíos. Aguiriano cuenta que la abogada del Obispado se puso en contacto con él y le dijo que tenía que dejar la casa «porque iban a destinar el edificio para otros fines. Yo pedí otra solución, y una vez más se quedó el tema en stand-by».

«Más tarde, me ofrecieron una alternativa habitacional. Pero se trataba de un tercer piso sin ascensor y dada mi enfermedad no puedo vivir ahí. Yo les expuse mis pegas, pero no me han contestado», relata.

Los años pasaron sin que obtuviera una solución concreta. Durante todo este tiempo, el Obispado bilbaino no le ha cobrado ningún alquiler, pero cada cierto tiempo le recordaba que se tenía que ir de ese lugar. Durante un tiempo volvió a trabajar de intérprete en diferentes sitios, pero con la pandemia de la covid-19 se quedó sin ninguna propuesta de trabajo.

Demanda de desahucio

Ya en 2020 la abogada del Obispado se volvió a poner en contacto con él para decirle que se fuese «o que si no procederían por medios judiciales. Hablé otra vez con la abogada y me dijo que nos reuniríamos después de navidades en el Obispado», cuenta.

En diciembre de 2020 el Obispado vendió por 1.716.000 euros al Gobierno de Lakua 14 de los pisos que tenía en el inmueble. Sin embargo, su piso no entró en esa operación. «Algo muy extraño», señala Aguiriano. Lakua dijo que las viviendas serían destinadas al catálogo de viviendas protegidas dirigidas al alquiler a través de Alokabide. Según relata, la reunión en el Obispado no tuvo lugar nunca; en lugar de eso, meses más tarde recibió una demanda de desahucio.

Intentó por diferentes medios ponerse en contacto con el obispo para comunicarle su situación. Finalmente pudo hablar por teléfono con el secretario general de la Diócesis, y más tarde recibió la visita de la fundación católica Eguzkilore, que le presentó posibles alternativas. «Todas ellas pasaban por compartir una vivienda con personas impuestas por ellos y bajo los precios del libre mercado. Algo que no lo veo viable», señala Aguiriano.

El 15 de julio es la vista para el desahucio. Él solicitó la justicia gratuita, se la aceptaron debido a su situación económica y le asignaron un abogado de oficio. También está en contacto con el sindicato de inquilinos Maizterrak Bilbo y ahora está pendiente de que el Obispado haga algún movimiento.

«Para mí, la solución buena sería poder seguir viviendo en mi casa, que reúne las condiciones para cubrir mis necesidades debidas a mi estado de salud. Claro está, regularizando mi situación en base a mi estado de vulnerabilidad; por ejemplo, un contrato de alquiler social. Hay que tener en cuenta que el propietario es la Iglesia católica, no un fondo buitre», advierte.

Desde la Diócesis de Bilbo aseguran que siguen en contacto con Aguiriano y que están trabajando para ofrecerle alguna alternativa habitacional.