Hace pocos días, el Congreso español aprobó el proyecto contra el fraude fiscal, apoyado en la mayoría de la investidura y con la oposición de las derechas estatales. Con modificaciones aportadas por ERC y Unidas Podemos, ahora será el turno del Senado de convertir en ley la nueva esperanza para combatir en el Estado una sangría que supone, con los cálculos más optimistas, unos 40.000 millones de euros.

El proyecto prohíbe las amnistías fiscales, limita el uso del efectivo a los mil euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y endurece el régimen fiscal de las sicav, cambia la regulación en la entrada a los domicilios por una investigación y baja a 600.000 el umbral en la lista de morosos que publica Hacienda.

Sobre este proyecto, el abogado y técnico de Hacienda hace treinta años Ricardo Rodríguez lamenta que Moncloa no haya impulsado algo más ambicioso. Autor de “Los impuestos en la ciudad democrática” (Ed. Viejo Topo, 2018), pide un cambio integral de los «procedimientos» en la lucha contra el fraude fiscal. «Siempre denuncio la complejidad del sistema tributario, tiene un impacto injusto sobre la ciudadanía. Se vuelve una barrera infranqueable para los comunes y una oportunidad de fraude para las grandes empresas y fortunas que pueden usar mejor los recodos», asegura.

Desde la madrileña Leganés, explica a GARA el proyecto del Gobierno, propone cambios y cuestiona con dureza las exenciones a la clase alta.

El proyecto del Gobierno contra el fraude fiscal, ¿hacía falta o es una operación de marketing?

Es un proyecto que se viene arrastrando desde 2018, es el mismo en su sustancia, que habían negociado las dos formaciones del gobierno de coalición. Ha habido modificaciones, alguna muy importante a raíz de sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de entrada en la sede de las empresas para determinar fraude. Creo que las cosas que contiene la ley están bien pero como siempre se queda muy corto. Los problemas en esto son las cosas que faltan.

¿Por ejemplo?

Creo que hay que revisar todos los procedimientos. El acuerdo del G7 de poner tipo impositivo mínimo global del 15% implicará revisiones. Hay ya determinados mecanismos de elusión que se están utilizando en empresas de dimensión intermedia. Los procedimientos que tiene Hacienda propician que haya volumen intermedio de fraude en tierra de nadie e Inspección está saturado.

Hace falta una reforma completa del sistema tributario, la propia arquitectura, el tipo de impuestos y cómo se posibilita del fraude. Ha habido reformas a lo largo del tiempo que han facilitado el fraude tan recurrente de sociedades profesionales o mercantiles para deducir gastos de grandes fortunas. Antes se podía frenar cuando existía el Régimen de Transparencia Fiscal que se eliminó en 2002. Durante años asesores fiscales presionaron para que se eliminara. No existía posibilidad de crear sociedades para deducir gastos. Es un régimen que sigue funcionando en Alemania y aquí se eliminó y hubo que intensificar inspecciones y comprobaciones. Se demostró que la desaparición de ese régimen facilitó el fraude.

Ha mencionado la decisión del G7. ¿Qué implica para la Hacienda española?

Influirá en el modo en que queda nuestra capacidad de luchar contra la elusión. Ahora se cruza esta iniciativa con las de la UE y no sé como se van a combinar. El tipo mínimo no implica que se obligue a todos los estados a tener un 15% nominal, sino que supondría que las multinacionales que en su tributación corporativa global tributen 15%, es decir, que una filial multinacional con matriz en España y que tenga filial en Irlanda, si tributa allí al 12,5%, España podría gravarle el resto del 15%. Serían ingresos extras en unos 700 millones adicionales a Hacienda. Y desincentiva los tipos bajos. Perjudicaría a Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda...

¿Que volumen de fraude hay en el Estado?

Ese es otro de los problemas. No hay ningún cálculo fiable ni oficial. Hay diferentes estudios que arrojan cifras de lo más dispar: 76.000 millones de euros anuales dicen algunos, otros de 40 y tanto mil, y otros que lo cifran en la misma media que habría en la UE... Los estudios suelen comparar varias magnitudes, el PIB, la recaudación y el volumen de economía sumergida según ciertos estudios (ronda el 20%). Uno de los problemas para luchar contra el fraude fiscal es que no hay, como existe en EEUU, cálculo entre los ingresos previsibles y los efectivos. Debería existir una estadística para que al menos fuera comparable a lo largo del tiempo.

¿Éste era el momento adecuado para el proyecto antifraude? Pregunto porque Gabilondo, candidato del PSOE en Madrid, justificaba mantener la bajada de impuestos del PP porque la ministra Calviño desaconsejaba cualquier cambio en este momento de crisis.

Sí, es adecuado el momento pero incluso ya vamos tarde. Me leí la memoria económica de la ley hace años y la previsión de ingresos que se hacía por entonces no tiene nada que ver con lo que pueda salir después de la pandemia.

Es verdad que el gravamen al trafico económico va a tener capacidad limitada de obtener mejores ingresos. Pero tenemos que atender a centenares de miles de familias que se están quedando en la estacada, vamos a necesitar incremento de recaudación. Hay que buscar las vías para hacerlo y creo que hay dos: los impuestos sobre patrimonio, que gravan la riqueza económica, y la lucha contra el fraude. Son la vía para evitar incrementar la presión fiscal para quien ya está pagando. Hay deducciones escandalosas…

¿Como cuál?

Por ejemplo, Patrimonio en la Comunidad de Madrid. Se ha detectado que sobre los 17.000 contribuyentes con patrimonio superior a 2 millones se están dejando de recaudar 905 millones. Esto no parece mucho pero en Madrid, viendo el gasto sanitario, podría haber supuesto un incremento en torno del 11%. Estamos hablando del 0,2% más rico de los madrileños y por eliminar un gravamen para ellos nos perdemos el 11% de gasto sanitario, que además no es a la actividad económica. Que no digan que eso la afectará porque es una patraña.

Lo de las deducciones es un tema con mucha tela…

Sí, son escandalosas y para la clase media alta. Si los impuestos se aprueban y luego tienen miles de agujeros, no funciona. La progresividad del IRPF debe garantizarse con tarifa mas progresiva pero hacerlo con bonificaciones y exenciones tiene el lado perverso de que posibilita más el fraude y tiene efectos devastadores. Son huecos colosales para el fraude. Por ejemplo, la exención de gastos de escolarización en escuela privada, o los gastos por tener una persona para limpiar en casa. Son exenciones a la clase alta.

¿Por que ningún gobierno cambia esto? ¿Porque los políticos se benefician de esas bonificaciones o porque no quieren enfadar a la élite?

(Se ríe) Sí, creo que algo de eso hay… es muy impopular acabar con determinadas deducciones y es difícil de explicar. Como decía Noam Chomsky, necesito tiempo para explicarme y los adversarios con aludir a consignas breves lo tienen todo hecho. Por ejemplo la exención de IVA a servicios sanitarios privados favorece a los privados y hospitales construidos con dinero público pero con concesión privada. Políticos de izquierda se plantearon revisarla, pero nada. Y al usuario no le beneficia.

El proyecto aprobado en el Congreso prohíbe toda amnistía fiscal futura. ¿No puede ser contraproducente si alguna vez se precisa la herramienta?

Está bien que se recoja la prohibición de las amnistías, pero el efecto práctico ya es casi nulo, porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que están prohibidas, que son contrarias a la Constitución. Las deudas tributarias son indisponibles y es flagrante violación del artículo 31. Pero no viene mal que se escriba negro sobre blanco. La regularización que hizo el ministro Montoro ya la desautorizó el TC.

Estas amnistías sirven menos de lo que se dice, suelen ser aprovechadas por los deudores al fisco que ya tienen un riesgo bastante alto de ser detectados por la Hacienda, y el efecto que provocan es de injusticia social, desincentivan el cumplimiento por el resto de la ciudadanía, y generan pérdida de ingresos con mejores herramientas. Creo que no compensa y lo demostró la de Montoro.

Primero la derogación de Aznar del régimen de transparencia y ahora lo de Montoro. Los dos gobiernos del PP. No parece casualidad...

Creo que en esto no tienen mucho que reprocharse los gobiernos de PP y PSOE, al menos en el pasado. Esperemos que el actual Gobierno vaya cumpliendo los compromisos, muy modestos, que ha anunciado. Además, por ejemplo la ley de financiación autonómica que permite que las comunidades autónomas compitan fiscalmente en Patrimonio y Sucesiones... eso está aprobado por Zapatero. Y lleva a la baja la recaudación. Y en 2008 Zapatero bonificó el impuesto al patrimonio al 100% y luego tuvo que dar marcha atrás por la crisis.

¿Qué mas hacer habría que hacer para evitar fraude fiscal?

Además de cambiar procedimientos, se debería constituir un Estado realmente federal, con impuestos repartidos entre la unión, los estados federales y los municipios, con una distribución fiscal mas clara. Hay inseguridad jurídica por todo el sistema y la diversidad entre territorios. No se puede uniformizar pero sí discutir un modelo que combine prevención de fraude y máximo autogobierno posible. Se ha puesto de moda ahora un españolismo asociado a cuestionar todo a las CCAA. Algunos creen que se soluciona todo acabando con ellas pero son ellas las que han asumido el coste más importante de gasto social. Pero no veo a la clase política preparada para discutir esto con un mínimo de calma, todo entra en la centrifugadora de la propaganda y las consignas.