Hace poco más de una semana un empresario vizcaino fue detenido por explotar laboralmente a sus trabajadores, algunos sin permiso de residencia ni contrato, en una nave del polígono industrial Ugaldeguren (Zamudio). Los trabajadores denunciaron que en ocasiones realizaban jornadas de 26 horas seguidas por 5 euros la hora.

Esta detención tuvo un gran impacto mediático, pero ni mucho menos es un hecho aislado. Cientos de inmigrantes en situación irregular trabajan para empresarios que, aprovechándose de la situación, les obligan a hacer largas jornadas laborales, mal pagadas y sin ningún tipo de derechos. La abogada Izaskun Hurtado de Saratxo explica cómo funciona.

¿Le llegan muchos casos de explotación laboral?

Inicialmente no me dedicaba principalmente al derecho laboral, pero a raíz de la pandemia del covid-19 me han empezado a llegar más casos relacionados con problemas laborales. La mayoría de personas que llegan a mi son inmigrantes irregulares. Es un tema sangrante, que se da mucho en los sectores de la agricultura, la construcción, la hostelería y en el de las trabajadoras de hogar.

Tengo un asunto bastante grande donde hay muchos trabajadores implicados y entre ellos una mujer embarazada a la que el jefe la echó por no abortar. Este caso está ahora en instrucción por la vía penal por delito contra los trabajadores.

¿Cuáles son las problemáticas más cotidianas?

La mayoría de las problemáticas que tengo yo en el ámbito laboral son despidos, un ERTE que se están convirtiendo en ERE, y vulneraciones de derechos laborales a inmigrantes irregulares... Aunque el Estatuto de Trabajadores protege también a los trabajadores irregulares, el sistema está más preparado para defender a los trabajadores que están regularizados porque, para una persona sin papeles, y por consiguiente que trabaja sin contrato, le es muy difícil demostrar la relación laboral. Hay gente trabajando sin ningún tipo de contrato, y no tiene forma de demostrar que han estado trabajando. Tengo algún caso de gente que lleva desde 2017 trabajando así, y se encuentran con un muro cada vez que denuncian su situación.

¿Se acaban muchas veces creando redes de trabajadores en situación irregular?

Sí, en muchos casos acaba habiendo una gran interconexión entre los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, una persona empieza a trabajar en un sitio de estos y según van llegando familiares o amigos suyos, también acaban trabajando ahí. Entonces es muy difícil que una persona denuncie la situación que vive cuando puede que por él echen a los demás.

Hay empresarios que se aprovechan de esa situación para crear una red de trabajadores no regularizados. Les pagan 800 euros al mes, sin ningún contrato. Se ahorran todas las cotizaciones a la seguridad social, pasan por encima de todos los convenios colectivos, del SMI, no les dan vacaciones, les obligan a hacer horas extra sin pagárselas como es debido… restringiendo sus derechos laborales o de seguridad social, mediante engaño o abuso de necesidad y suprimiendo sus derechos reconocidos por las leyes o los convenios colectivos.

¿Cómo suelen terminar estos casos? ¿Qué tipo de penas le pueden caer al empresario?

A veces terminan bien, porque se reconoce que ha habido relación laboral, pueden cobrar lo que el empresario les debe y se le reconocen las cotizaciones, la antigüedad y pueden acceder al arraigo laboral, que sirve para conseguir los papeles.

Pero otras veces cuesta mucho, incluso cuesta localizar al empleador. El sistema judicial actual es muy garantista y se necesitan muchas pruebas. Desde que una persona comienza a trabajar en un lugar así, sin contrato, tiene que intentar guardar todas las pruebas posibles: llamadas, mensajes, fotos... Es muy importante denunciar abusos laborales en la Inspección de Trabajo en el momento en el que se cometen, mientras se está trabajando, es la forma de poder pararlo. Una vez que ya has terminado de trabajar ahí es muy complicado.

A los empresarios que cometen estas vulneraciones, les puede caer por la vía laboral multas que pueden llegar a las seis cifras. Pero por otro lado está la vía penal, cuando ya existe delito contra los derechos de los trabajadores (Art. 311-318 Código Penal), que aquí variaría de lo que se pueda demostrar, pero entraríamos en penas de 6 meses a 6 años prisión.

¿Qué papel juegan en todo esto los sindicatos?

Los sindicatos juegan un papel fundamental en la defensa de los trabajadores, aunque, posiblemente por las características de estos colectivos, parece que no acaban de llegar a ellos, al menos en la medida necesaria y deberían, de alguna manera, intentar atraer a este tipo de trabajadores, les podrían dar mucho apoyo. Creo que este tipo de explotación se les está escapando, porque no existe cohesión entre estos trabajadores y el resto de la sociedad.

El problema es que son personas que no se sienten parte de la sociedad. Animo a que los sindicatos busquen y se acerquen a estos trabajadores y también a los trabajadores a que se sindiquen y pidan ayuda en los sindicatos de clase.

En los últimos años han ido aumentando las asambleas o grupos de autodefensa para denunciar la precariedad y la explotación laboral. ¿Qué importancia tiene la movilización popular cuando se dan este tipo de casos?

Se ha concienciado bastante a la gente joven, y los movimientos como Eragin son muy importantes, porque se han puesto enfrente en sectores con mucho fraude como la hostelería, y han dado visibilidad a los trabajadores y gracias a esto, muchos trabajadores jóvenes saben cuáles son sus derechos.

Pero también es verdad que estos movimientos tampoco han conseguido llegar a los inmigrantes irregulares. Sería importante que hubiera una coordinación entre asociaciones de inmigrantes y estos movimientos populares y sindicatos.

¿Qué mensaje enviaría a las instituciones?

Inspección de Trabajo es imprescindible y hay que dotarla de muchos más medios, y hacerla más ágil y cercana, no puede ser que una denuncia tarde meses en tramitar una visita, porque se pierde muchas veces el sentido.

Hay que derogar la reforma laboral, seguir actuando contra la precariedad laboral, contra los abusos en los contratos de prácticas, contra la temporalidad…

Y ya específicamente en el caso de los trabajadores en situación irregular, hay que cambiar la Ley de Extranjería, porque la realidad es que la gente entra y necesita trabajar, es absurdo que se les impida hacerlo hasta que lleven aquí tres años, porque eso favorece la economía sumergida, el fraude, ¿o alguien piensa que estas personas van a vivir 3 años del aire?. Ante esta situación hay empresarios que han encontrado un nicho para conseguir mano de obra barata, aprovechándose de la situación que vive la gente y de su necesidad, desde empleadas de hogar que aguantan situaciones extremas con el fin de conseguir pasar esos tres años hasta que les hacen un contrato, hasta empresarios que se lucran incluso creando redes de mafias y de esa forma consiguiendo ahorrarse mucho dinero.